El exabogado de Miñanco y actual letrado de Puigdemont, Torra y Borràs niega cualquier delito y habla de «mentiras» para incriminarle
18 ene 2021 . Actualizado a las 20:06 h.La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha comunicado este lunes al abogado Gonzalo Boye su procesamiento en una causa por presunta participación en un entramado criminal para blanquear el dinero del narcotráfico. Junto a él están procesadas otras 45 personas, entre ellas el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, más conocido como Sito Miñanco.
Boye ha comparecido ante la jueza, que le ha comunicado su procesamiento. Él, por su parte, ha negado ante la magistrada cualquier participación en el delito de blanqueo de capitales por el que se le investiga. Tras la comparecencia, el abogado, que cuenta entre sus clientes con los expresidentes catalanes Carles Puigdemont y Quim Torra y la actual candidata de JxC a la Generalitat, Laura Borràs, ha declarado que «cuando todo esto se aclare» tomará las «medidas oportunas».
Boye niega toda colaboración delictiva cuyo fin supuestamente fuera blanquear un dinero que se atribuye a Sito Miñanco, antiguo cliente del letrado. «Tengo pruebas irrefutables que despejarán toda duda de mi total inocencia», señala en un comunicado distribuido tras su declaración. «Jamás cometí delito alguno», manifiesta, asegurando que como letrado solo estaba ejerciendo libremente su profesión. «La verdad solo tiene un camino y aquí se ha mentido mucho para tratar de incriminarme», insiste Boye, que considera que en su caso deberá averiguarse si se ha cometido algún abuso de autoridad o negligencia durante la instrucción del procedimiento.
Gonzalo Boye alega que su labor en este caso viene amparada por lo que establece el Estatuto General de la Abogacía Española y lo refuerza la propia ley 10/2010, de 28 de abril de prevención de blanqueo de capitales, que asegura excluiría a los letrados de ser sujetos obligados en materia de prevención del blanqueo de capitales.
La propia ley señala que los abogados no estarán sometidos a las obligaciones establecidas en los artículos, 7, 3, 18 y 21 con respecto a la información que reciban de uno de sus clientes, incluido el asesoramiento y la defensa sobre la incoación o la forma de evitar un proceso, independientemente de si han recibido u obtenido dicha información durante, antes o después del proceso, y guardarán el deber de secreto profesional por la defensa de la propia esencia del derecho y conforme a la legislación vigente, cita el exletrado de Miñanco, ahora procesado.
El caso
La titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 puso fin a la instrucción de este asunto a mediados del pasado mes de diciembre. Las pesquisas se iniciaron en febrero del 2016, cuando Sito Miñanco se encontraba cumpliendo condena de 16 años en el centro penitenciario de Algeciras por un delito contra la salud pública. En ese año disfrutaba ya del tercer grado, lo que le permitía trabajar en un parking de esa localidad.
Entre los procesados se encuentra el abogado Gonzalo Boye Tusquets por un presunto delito de blanqueo de capitales en el seno de una organización criminal, procedente del narcotráfico, en concurso con un delito continuado de falsificación en documento oficial.
La actividad de Miñanco continuaba siendo la introducción y distribución de sustancia estupefaciente en España, por cuanto mantenía sus contactos en organizaciones suministradoras de la droga en Sudamérica.
Para ello tenía a su disposición «un bien nutrido grupo de individuos, que, en muchos casos, ya habían acumulado una apreciable experiencia criminal en el negocio del narcotráfico, y que estaban dispuestos a participar en estas operaciones, ejecutando de forma casi reverencial cualquier actividad», afirma la magistrada en su auto.
El entramado criminal lo dirigía Prado Bugallo con un marcado carácter personalista, junto a colaboradores de su máxima confianza como Enrique García Arango y Juan Antonio Fernández Fernández, también condenados por narcotráfico.
El auto explica que en el marco de esta investigación se llevó a cabo la intervención del buque Thoran, abordado en 2017 cuando transportaba 3,3 toneladas de cocaína, y la aprehensión, en noviembre del mismo año, de un contenedor de cocaína en Países Bajos que ocultaba 615 kilos de la misma sustancia.
La juez concluye que los abogados Gonzalo Boye Tuset, Jesús Morán Castro y Alejandro Guerra Medina, con la participación determinante de Lara Bolarín, conociendo la existencia de determinadas letras cambiarias y el carácter ficticio de una operación comercial de la que fueron informados por el grupo de narcotraficantes, «diseñaron y confeccionaron los documentos con el objeto de simular que otro de los procesados había vendido dichas letras de cambio días antes de la aprehensión, y las presentaron en el expediente sancionador a sabiendas de su falsedad y de que la operaciones de compraventa eran ficticias, con el objeto de recuperar el dinero intervenido y ocultar que el mismo procedía del narcotráfico en última instancia».