El Gobierno da un ultimátum a Londres para evitar una «frontera dura» en Gibraltar
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El Peñón considera «bastante posible» iniciar el 2021 sin acuerdo con España
29 dic 2020 . Actualizado a las 20:16 h.El acuerdo sobre las relaciones futuras anunciado la pasada Nochebuena por la UE y el Reino Unido restauró la calma tras la seria amenaza de una marcha abrupta. Sin embargo, en ese texto de más de mil páginas firmado in extremis uno de sus capítulos especificaba que el Peñón quedaba excluido «expresamente» del pacto. La solución para que Gibraltar no se convierta en una «frontera dura» la medianoche del 31 de diciembre -cuando expira el período transitorio del brexit- pasa por un acuerdo urgente de España y Londres. Consciente de la gravedad de la situación, la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, lanzó este martes un ultimátum de 72 horas a las autoridades británicas para evitar que el caos se apodere de este disputado enclave.
La jefa de la diplomacia española instó al Reino Unido a dejar de lado las «excusas» y «resolver las cuestiones prácticas de los ciudadanos», al margen de las «pretensiones irrenunciables» que ambas partes negociadoras tienen sobre la soberanía del Peñón. La ministra apeló a la voluntad política británica y señaló que lo ocurrido en Dover la semana pasada, cuando cientos de camiones se vieron atrapados por el cierre de las fronteras francesas, es un «recordatorio» de lo que puede ocurrir. En este caso, aunque a menor escala, afirmó que también se verán «colas», especialmente de personas.
Para evitar el bloqueo en un enclave donde es necesaria la libre circulación de los miles de trabajadores que a diario cruzan la frontera terrestre desde España para ganarse la vida en este próspero enclave británico, el Consejo de Ministros aprobó este martes un real decreto que contempla una vía alternativa. En concreto, asegura la «protección» de los más de 8.500 empleados transfronterizos que ya se han registrado en un fichero. Todos ellos «tienen garantizada la fluidez» de movimientos y solo deberán acreditar su DNI para circular libremente.
El Gobierno aprobó además un régimen transitorio en el ámbito laboral para los trabajadores afectados por el brexit, que garantiza el acceso a la prestación por desempleo a los ciudadanos europeos que se desplacen diariamente al Peñón a trabajar hasta el 31 de diciembre del 2022. A partir del próximo 1 de enero, se prevé la reclamación del reembolso de las prestaciones abonadas por España a las autoridades británicas, cuando se acuerde un instrumento internacional que establezca los mecanismos de colaboración en esta materia.
Para el resto de personas que deseen acceder, como los familiares de gibraltareños y los turistas, se exigirá sellar el pasaporte al entrar. Esta situación ocasionaría largas colas y se sumaría a los problemas que tendrían lugar en lo referido al transporte de mercancías, donde la logística podría complicarse para la entrada de productos perecederos desde Reino Unido, en un territorio que importa el 100% de la comida de sus 34.000 habitantes. Ante esta eventualidad, el Gobierno del enclave ha contratado para enero un servicio diario de ferris desde Algeciras y ha insistido en que «continuará siendo capaz de importar alimentos, combustible, medicamentos y otros suministros esenciales».
Seguir negociando
El ultimátum de González Laya fue respondido este mismo martes con cierto pesimismo por parte del ministro de Desarrollo Económico y Telecomunicaciones del Peñón, Joe Bossano, quien manifestó que ve «bastante posible» que no haya un acuerdo fronterizo con España antes del 31 de diciembre. En cualquier caso, dijo que el Reino Unido está dispuesto a continuar las conversaciones después del 1 de enero para superar la crisis creada por el brexit y evitar un «impacto negativo».
Según fuentes conocedoras de la negociación, uno de los puntos más discutidos es la seguridad, ya que esa frontera tendría que ser vigilada por un Estado miembro del espacio Schengen, el cual se encargaría de realizar controles en el puerto y aeropuerto de Gibraltar. La idea de que España pueda desempeñar tales funciones no parece agradar al Reino Unido dadas las tensiones soberanistas. Al respecto, el Gobierno español parece apostar por que la agencia europea Frontex asuma temporalmente ese cometido, si bien exige que rinda cuentas ante las autoridades de Madrid, ya que son ellas las que deberán responder ante los socios comunitarios de que el Peñón cumple las normas.