El abogado del monarca emérito asegura que su cliente continúa «como siempre ha estado» a disposición de la Fiscalía
09 dic 2020 . Actualizado a las 21:50 h.El rey emérito anunció este miércoles a través de su abogado que ha procedido a presentar ante la Agencia Tributaria una declaración «sin consentimiento previo» de la que ha resuelto una deuda tributaria por importe de 678.393,72 euros, «incluyendo intereses y recargos».
Esta cuantía se refiere al uso de tarjetas opacas por parte de miembros de su familia durante al menos tres ejercicios: 2017, 2018 y 2019. Unas pesquisas que investiga la Fiscalía del Tribunal Supremo junto a dos diligencias más: la transferencia de 65 millones de euros que hizo a su examante Corinna Larsen en el 2012, «como muestra de gratitud», antes de su abdicación en el 2014 y los diez millones de euros aparecidos en una cuenta en el paraíso fiscal británico de Jersey presuntamente vinculados al exjefe del Estado, aunque su defensa lo niega.
En el comunicado conocido este miércoles, el abogado de don Juan Carlos, Javier Sánchez-Junco, ha recalcado que su cliente «continúa, como siempre lo ha estado, a disposición del Ministerio Fiscal para cualquier trámite o actuación que considere oportunos». Una declaración de intenciones en línea con otros comunicados, que deja la puerta abierta a un posible regreso del padre de Felipe VI desde su exilio en Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, adonde se fue a principios de agosto por sus problemas judiciales.
En el caso de las citadas tarjetas de crédito de las que hacían uso integrantes de su familia, desde el entorno de don Juan Carlos defienden que se enmarca en un «regalo» del empresario mexicano Allen Sanginés-Krause, a quien pertenecen estos fondos y de cuyo movimiento no había dado cuenta el rey emérito a la Agencia Tributaria en los citados ejercicios.
La operativa destapada consistía en que el dinero gastado en asuntos personales se giraba a la cuenta de quien fue ayudante de campo del rey emérito durante más de una década: el teniente coronel del Ejército del Aire Nicolás Murga, quien utilizando sus propias tarjetas de crédito administraba esos fondos que después, presuntamente, satisfacía el empresario mexicano.
Más de un millón de euros
Entre las facturas de la familia real que fueron financiadas por Sanginés-Krause, hay desde viajes y estancias hoteleras hasta tratamientos médicos o cuentas de restaurantes
Con el anuncio hecho este miércoles, el siguiente paso del equipo legal será comunicar a la Fiscalía la declaración voluntaria ante Hacienda y evitar así que este organismo le envíe un requerimiento y descartar con ello el delito fiscal. Este se produce cuando los fondos no declarados superan los 120.000 euros en cada ejercicio, lo que está penado con hasta cinco años de cárcel. Por lo abonado a Hacienda por el rey emérito, algunos medios cifran en más de un millón de euros la cantidad recibida del citado empresario mexicano.
Esta regularización, según expertos fiscales, se produce al margen de la de posibles bienes y derechos que Juan Carlos I posea en el extranjero y al margen de los 65 millones transferidos a Corinna Larsen. El precio de esta regularización sería de alrededor del 50 % del valor de los bienes y derechos, a lo que habría que añadir un 20 % por hacer la declaración fuera de plazo.
Podemos lo acusa de intentar comprar su impunidad y Robles dice: «Él sabrá qué tiene que hacer»
Unidas Podemos ve acreditado que el rey emérito defraudó a Hacienda más de 678.000 euros tras la «vergüenza internacional» de presentar una declaración por ese importe para regularizar su situación fiscal, y lo ha acusado de intentar «comprarse impunidad para él y toda la trama real».
«No podemos permitir que Juan Carlos se ría de la igualdad ante la Justicia. Debe responder penalmente por sus actos y compensar a la ciudadanía todo lo defraudado», ha subrayado Jaume Asens en Twitter.
51 años de salario mínimo
Por su parte, el portavoz del grupo parlamentario, Pablo Echenique, ha dicho que esa cantidad equivale a 51 años de salario mínimo interprofesional y que su situación ante Hacienda es «uno de los pufos que tiene». «Por los 65 millones de Corinna no ha pagado nada, por ejemplo. Y los que tendrá y no sabemos... Menuda vergüenza internacional», ha apostillado.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, por su parte, fue la primera integrante del Ejecutivo en pronunciarse sobre el anuncio de Juan Carlos y lo hizo de forma tajante: «Él sabrá lo que tiene que hacer». La ministra aseguró al ser preguntada que «lo importante es la institución, la monarquía, que en este momento está perfectamente representada por Felipe VI». Más tarde, la vicepresidenta Carmen Calvo afirmó que forma parte de una «actuación de carácter personal» y «no hay nada más que decir».