El presidente Alberto Fernández, que rechaza las violaciones de los derechos humanos, se enfrenta a la presión del ala más izquierdista de su coalición
09 oct 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La posición del Gobierno argentino de Alberto Fernández ante el régimen de Nicolás Maduro se tambalea como consecuencia de sus tensiones internas. El presidente de Argentina se mantiene firme en su postura oficial de rechazar las violaciones de derechos humanos en Venezuela; pero a la vez se enfrenta a enormes presiones desde el ala más izquierdista de su coalición para contemporizar con el chavismo, que es, a fin de cuentas, un aliado histórico del peronismo.
Esas tensiones se vienen incrementando desde el 28 de septiembre, cuando se discutió en la OEA el informe de la misión de verificación de hechos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que acusa a Maduro y su régimen de cometer crímenes de lesa humanidad.
Choque en la OEA
El embajador argentino ante la OEA, Carlos Raimundi, mantuvo en la reunión de este organismo una posición muy cercana al chavismo, que el canciller de Argentina, Felipe Solá, calificó de «personal». Fernández solventó esta situación ratificando su condena a la violación de derechos humanos en Venezuela, pero manteniendo a Raimundi en su cargo.
Desde ese día, el Gobierno argentino ha navegado entre las aguas de sus radicales, que le exigen apoyar a Maduro, y sus moderados, que le exigen condenar sin ambages a un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad.
«Fernández está pagando el precio de ser parte de una coalición en la que están la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros sectores que no son peronistas, sino que están más a la izquierda. Como contrapeso, tiene a Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, y líder de la otra pata de la coalición gobernante, la más moderada, respaldándolo en relación con el tema venezolano [...] Fernández tiene que ejercer como equilibrista en esto», confió a La Voz el periodista argentino Esteban Trebucq.
La llamada que no se produjo
Las presiones tuvieron un pico de intensidad el miércoles, cuando desde el ala kirchnerista del Gobierno argentino intentaron obligar al presidente Alberto Fernández a realizar una llamada telefónica a Maduro para «disculparse» porque Argentina aprobó otro informe, el de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, que también condena a Venezuela por violaciones de derechos humanos.
Este miércoles, Luis D’Elía, líder de los piqueteros, hablaba desde primera hora en los medios de una conversación telefónica que iban a mantener Fernández y Maduro y que finalmente no se produjo, después de que el presidente, su canciller Felipe Solá y su secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, acordaron que la posición argentina sobre Venezuela no se movería un milímetro de la condena a las violaciones de los derechos humanos.
Pero, según digitales argentinos, esta decisión se tomó después de que Solá recibiese mensajes directos de los hermanos Rodríguez, Delcy y Jorge, vicepresidenta y exministro de Comunicaciones del régimen de Maduro, que le «exigían» a Fernández que claudicara en la posición oficial del Gobierno. En Caracas se habían enterado de la posición argentina antes de la votación del informe.
Esto se producía en el mismo momento en que Hebe de Bonafini, la lideresa de las madres de Plaza de Mayo, le «pedía perdón a Maduro y al pueblo venezolano» por el voto argentino a favor del informe de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, y Alicia Castro, supuestamente candidata a embajadora argentina en Rusia, renunciaba al cargo que todavía no le habían otorgado, en rechazo a la posición de Solá y Fernández, y en defensa de Maduro.
Castro es una figura conocida en Venezuela; muy cercana (algunos dicen que demasiado) a Hugo Chávez cuando fue embajadora en Caracas y quien le organizó un multitudinario acto en Mar del Plata en el 2005. Era la representante diplomática argentina en Venezuela cuando se produjo la incautación en Buenos Aires de 800.000 dólares enviados por el Gobierno de Hugo Chávez a la campaña de Néstor Kirchner.