Duque considera que los acusados de crímenes de lesa humanidad deben dejar la política
08 oct 2020 . Actualizado a las 18:37 h.La Fiscalía de Colombia ha llamado a declarar a los exlíderes de las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) Rodrigo Londoño, alias Timochenko, y Julián Gallo Cubillos, conocido también como Carlos Antonio Lozada, tras las declaraciones de ambos en las que admitían la responsabilidad de la antigua guerrilla en el asesinato del político conservador Álvaro Gómez Hurtado en 1995, según informa Europa Press.
«Con el objeto de garantizar la consecución de la verdad y dadas las recientes intervenciones públicas del señor Rodrigo Londoño Echeverry y del senador de la República Julián Gallo Cubillos, ordeno la práctica de declaración jurada de los mismos, así como otras pruebas pertinentes», ha comunicado la Fiscalía a través de un comunicado.
La investigación del asesinato de Gómez Hurtado y de su asistente, José Huertas Hastamorir, continuará «con la práctica de pruebas, tendentes a esclarecer los hechos, los autores o partícipes» del homicidio, ha precisado el escrito.
Reacción de Iván Duque
Por su parte, y ante estas declaraciones, el presidente de Colombia, Iván Duque, ha asegurado que «quienes cometieron crímenes de lesa humanidad no pueden ejercer ninguna representación parlamentaria» e «inmediatamente deberían perder la connotación de miembro del Congreso de la República». De lo contrario, «estaríamos ante una situación donde la ley se le aplica a unos y a otros pareciera que se le apremian esas conductas», ha incidido en una rueda de prensa según declaraciones recogidas por la radio colombiana Caracol.
El pasado sábado, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) reconoció en un comunicado que la guerrilla de las ya disueltas FARC, de la que surgió, fue la responsable del asesinato el 2 de noviembre de 1995 del candidato presidencial conservador Álvaro Gómez Hurtado, uno de los artífices y firmantes de la actual Constitución colombiana, promulgada en 1991. Su muerte no ha sido esclarecida y su familia apunta a un crimen de Estado.
El político fue asesinado porque lo consideraban «un objetivo militar y un enemigo de clase que representaba a quienes habían declarado la guerra», detallaron. También añadieron que «fue un error haber asesinado a un político de la talla de Álvaro Gómez Hurtado», quien habría hecho «un aporte fundamental» a la paz.
La investigación continúa bajo la jurisprudencia de la justicia ordinaria a la espera de que la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) decida investigarlo también, al tratarse de un acto enmarcado dentro del conflicto armado.
Otros seis homicidios
Además de asumir la responsabilidad por estos asesinatos, las extintas FARC han reconocido seis homicidios más en una carta recibida por la Sala de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la JEP y firmada por antiguos integrantes de las guerrilla.
Este martes, Timochenko reiteró que «el doctor Álvaro Gómez Hurtado merece descansar en paz. Consideramos de elemental humanidad que se lo permitan, que dejen de victimizarlo una y otra vez con el fin de saciar aspiraciones», tras confirmar que las ya desaparecidas FARC fueron «las únicas responsables» del asesinato.
Gallo ha explicado que, como comandante de la Red Urbana Antonio Nariño, que operaba en Bogotá, ejecutó la orden de asesinar a Gómez Hurtado por orden de su entonces superior, Jorge Briceño, alias Mono Jojoy.
La familia apunta al crimen de Estado
Esta declaración de responsabilidad ha sido recibida por la familia de Gómez Hurtado con escepticismo, ya que señalan desde hace años al expresidente Ernesto Samper (1994-1998) como responsable del homicidio.
«El cinismo de nuestros líderes y la instrumentalización del Gobierno es ilimitada. El régimen se prestó para eso y ha logrado reclutar a las FARC para lavarle la cara a Samper», ha incidido el abogado de la familia y sobrino de Gómez Hurtado, Enrique Gómez Martínez, en una entrevista a El Espectador.
Respecto a las dudas planteadas por la familia, Duque ha especificado que quienes se atribuyen responsabilidades y no las prueben, enfrentarán sanciones drásticas y proporcionales por pretender obstruir la Justicia.
El partido FARC pide perdón
Este mismo miércoles, en una sesión de la Asamblea de Antioquia, Pastor Alape, miembro del partido FARC, ha pedido disculpas por los daños causados en el departamento por el conflicto, especialmente a las familias de los dos políticos secuestrados y asesinados a manos de la extinta guerrilla en el 2003, Guillermo Gaviria y Gilberto Echeverry.
«A nombre de todos los antiguos exguerrilleros de las FARC, nuestra solicitud de perdón ante el dolor causado al pueblo antioqueño en esta confrontación», ha expresado Alape según declaraciones recogidas por el medio colombiano El Espectador.
«Nuestro mayor deseo es que, algún día, podamos ser perdonados por el daño que causamos», ha añadido Alape en la sesión extraordinaria en la que la Asamblea ha recibido un informe de la Misión de Naciones Unidas para la implementación del Acuerdo de Paz.
El que fuera gobernador del departamento, Guillermo Gaviria, y su entonces asesor de paz, Gilberto Echeverry, fueron asesinados en el 2003 por orden de Jesús Agudelo, conocido como El Paisa, en medio de un fallido operativo por el Ejército para rescatarlos tras pasar un año secuestrados por la guerrilla.