La AIReF advierte que en el 2050 solo habrá dos trabajadores para sostener a cada pensionista

La Voz REDACCIÓN / LA VOZ

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XOAN CARLOS GIL

La Autoridad Fiscal calcula que el gasto en pensiones se disparará hasta el 14,2 % del PIB dentro de 30 años

29 sep 2020 . Actualizado a las 08:34 h.

El gasto en pensiones es una cuestión que trae de cabeza a las instituciones desde hace ya unos años. El envejecimiento de la población pone en duda la sostenibilidad del sistema público y organismos como la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) urgen a tomar medidas.

Precisamente los expertos de esta entidad revisaron ayer al alza su estimación sobre el listón al que llegará el gasto en pensiones en el año 2050. De acuerdo con su escenario central, el peso que esta partida tendrá sobre el PIB alcanzará el 14,2 %, lo que supone un incremento de 3,3 puntos respecto a la situación actual (10,9 %) y un punto por encima del nivel en que se colocaba su cálculo hace un año -estimó que en el 2048 esta partida supondría el 13,2 %-. Las cifras que maneja la AIReF implicarán un aumento asociado de la deuda pública de 56,3 puntos de PIB hasta mediados de siglo.

Según las proyecciones presentadas ayer, este incremento del gasto reflejará el envejecimiento de la población que experimentará el país. Dentro de tres décadas, España tendrá 54 millones de habitantes, con una población en edad de trabajar por encima de los 30 millones, lo que duplicaría la tasa de dependencia (población de más de 66 años dividida entre la de 16 a 66 años), que pasaría del 26 % actual al 53 % en el 2050. Esto, traducido, implica que dentro de 30 años habrá dos trabajadores cotizantes por cada pensionista. En el 2019 había cuatro.

En relación con la fecundidad, el organismo público estima que la media de hijos por mujer será del 1,4 frente a los 1,2 de ahora. Eso sí, en este aspecto, las cifras han empeorado con relación a lo pronosticado hace justo un año, cuando situaban la tasa de fecundidad en casi 1,9 hijos por mujer.

La esperanza de vida se reducirá en un año en el 2020 por efecto del coronavirus. En lo sucesivo, aumentará a razón de un año por década -frente a los dos del ritmo más reciente, para situarse en los 84,3 años para los hombres y en los 89,3 para las mujeres en el 2050.

Si bien, como compensación, se espera que, en promedio, de aquí a mediados de siglo, llegarán 330.000 personas al año procedentes de otros países en términos netos. Este último factor hará posible que en el 2050 la población española alcance los 54 millones, de los que el 18 % serán inmigrantes. Aunque las personas en edad de trabajar se reducirán a partir del 2030, para retomar una senda creciente en el año 2048. Precisamente, a partir del año 2046 se prevé que el gasto en pensiones comience a disminuir.

La AIReF también augura importantes cambios en el mercado laboral. Así, vaticinan los expertos del organismo un incremento de la tasa de actividad del 2 %, mientras que el desempleo se quedará en el 7 %. Por su parte, la productividad crecerá a ritmos del 0,9 %. Con ello, el supuesto con el que trabaja la AIReF es que el PIB se expanda a ritmos del 1,4 % anual hasta el 2050.

Reformas

Con todos estos datos sobre la mesa, la Autoridad Fiscal vuelve a insistir en la necesidad de profundizar en la reforma de las pensiones del 2011 retrasando la edad efectiva de jubilación, no la legal, y ampliando el período de la carrera de cotización. Y tira de números para justificarlo. Porque retrasar la edad efectiva de jubilación dos años y ampliar el período de cómputo para el cálculo de la pensión de 25 a 35 años podría contener el gasto en pensiones en 1,4 puntos del PIB.

También recoge que la entrada en vigor a partir del 2023 del factor de sostenibilidad implicará una contención del gasto de 0,9 puntos de PIB en el 2050, un impacto mayor que el estimado hace dos años debido a las nuevas previsiones demográficas que auguran una mayor esperanza de vida a los 67 años. Junto a esto insisten en la necesidad de cerrar el déficit estructural de la Seguridad Social reduciendo la cotización por desempleo y pasando al Estado la financiación de los complementos de maternidad, las políticas activas de empleo o las bonificaciones a la contratación.