Torra ignora la petición de elecciones de sus socios y sume a Cataluña en el desgobierno
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Tres de los jueces del «procés» estarán en el tribunal que decidirá a partir de este jueves si inhabilita al presidente catalán
16 sep 2020 . Actualizado a las 23:47 h.Cataluña vuelve a adentrarse en arenas movedizas. El presidente de la Generalitat se enfrenta este jueves a la vista oral en el Tribunal Supremo por el recurso de casación presentado contra la sentencia por desobediencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña por el caso de la pancarta. Fuentes independentistas sitúan la resolución en solo dos semanas, por lo que su inhabilitación podría ser inminente. A partir de ahí, solo Torra sabe cuáles serán los siguientes pasos.
El dirigente nacionalista sigue escondiendo sus cartas. Pero este miércoles, durante el debate de política general, el tercero de la legislatura, ya dejó entrever alguna. De entrada, descartó la convocatoria electoral antes de que el Supremo ratifique o no la condena. Cinco (ERC, PSC, Comunes, PP y la CUP) de las siete fuerzas con representación en el Parlamento catalán le pidieron que dé por acabado su mandato y llame a los catalanes a las urnas. Solo JxCat y Ciudadanos se oponen a la convocatoria anticipada. Los posconvergentes, porque no han concluido el proceso de fundación del nuevo partido, y los naranjas porque en estos momentos son la primera fuerza de la Cámara catalana y las elecciones apuntan a que perderán esa posición.
Ciudadanos, en cualquier caso, dio por acabada la legislatura. «Adiós, señor Torra», expresó el jefe de la oposición, Carlos Carrizosa. A pesar de la presión de la Cámara y de sus socios de ERC, Torra ignoró las llamadas a las elecciones. «Nada nos hará desviarnos de la dedicación absoluta al coronavirus», afirmó. «Yo hablo de gestión y ustedes me hablan de no sé qué historias», señaló para referirse a la cita electoral. Esquerra le replicó que sería una «irresponsabilidad» entregar la institución de la presidencia a los «represores», en alusión al Supremo.
Bloqueo institucional
Los republicanos verbalizaron un temor que el presidente de la Generalitat insinuó en su discurso: la amenaza de bloquear las instituciones si es condenado. Ya sea a través de algún tipo de atrincheramiento en el Palau de la Generalitat o ejerciendo una presidencia simbólica. «Evitemos seis u ocho meses de interinidad», le espetó Sergi Sabrià, de Esquerra.
El presidente de la Generalitat se aferró al cargo y mostró su compromiso de «servir al país hasta las últimas consecuencias y hasta el último minuto». Torra atribuyó además al Supremo el período de «inestabilidad» que se abrirá tras su inhabilitación. Según ERC, esta etapa de bloqueo podría prolongarse hasta ocho meses. Tras la condena firme, Roger Torrent tendría diez días para proponer un candidato. A partir de ahí, la Cámara tendrá dos meses para investirlo. Si no consigue el apoyo, los comicios se celebrarían 54 días después. Si Torra es cesado, la presidencia interina pasaría al vicepresidente, Pere Aragonès, pero el Gobierno catalán estaría en funciones y sin capacidad de aprobar proyectos de ley, como unos presupuestos.
Ataques a Sánchez
El presidente de la Generalitat aprovechó su intervención en el que puede ser su último debate de política general para cargar con dureza contra el Estado, contra la Justicia española y contra el Gobierno central. El Estado está «instalado en la venganza», y «quiere inhabilitar a un presidente por haber defendido la libertad de expresión», dijo. Torra acusó a Pedro Sánchez y a Pablo Iglesias de formar parte del «círculo perfecto de la represión». Según su teoría, la legislatura empezó con el Gobierno de Rajoy «impidiendo la elección» de Puigdemont y «puede acabar con la destitución de otro presidente, con Sánchez e Iglesias».
Esquerra culpó este miércoles directamente a Quim Torra de bloquear la celebración de la segunda reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno central y la Generalitat. El presidente de la Generalitat replicó, por su parte, a Pedro Sánchez que si realmente quiere reunir este foro lo que tiene que hacer es enviarle una propuesta de orden del día, en la que pueda incluir la autodeterminación y la amnistía. La vicepresidenta Carmen Calvo señaló que la mesa se mantendrá aunque Torra sea inhabilitado.
A la espera del Supremo
De nuevo la suerte de la política catalana pasa por el Supremo. El Alto tribunal se reúne este jueves en vista pública a partir de las 12 del mediodía para examinar el recurso de Quim Torra contra la sentencia de Tribunal de Justicia de Cataluña que en diciembre del pasado año le impuso un año y medio de inhabilitación por negarse a acatar las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) de retirar del balcón de la Generalitat una pancarta a favor de los presos del procés durante la campaña electoral de abril del 2019.
El futuro inmediato de Torra y, en realidad, el de las instituciones catalanas estará en manos de cinco magistrados: Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral, Vicente Magro y Susana Polo. Los tres primeros integrantes de la sala ya fueron miembros del tribunal que dictó sentencia condenatoria por el procés contra los principales líderes independentistas de la intentona separatista de otoño del 2017. Si el Supremo decide confirmar el fallo del Superior de Cataluña, Torra habrá quemado su último cartucho judicial y deberá de abandonar de forma inexorable no solo la presidencia de la comunidad autónoma, sino cualquier actividad institucional hasta bien entrado el 2022.
Sin fallo
Salvo sorpresa mayúscula, el Supremo solo escuchará este jueves los argumentos de las partes, pero no decidirá sobre el fondo de la cuestión hasta dentro de unos días, aunque ha habido casos en que los magistrados, tras una deliberación rápida, han comunicado su fallo en cuestión de horas. No parece el caso de Torra, ya que, dada la trascendencia del asunto, los magistrados esperan poder debatir largo y tendido sobre su argumentación antes de darlos a conocer en una extensa sentencia. Sea como fuere, pocos son los que en el mundo judicial apuestan por que Torra podrá seguir al frente de la Generalitat, como pedirá su defensa en la vista del Supremo, a la que no está previsto que asista el presidente catalán. La Fiscalía, por su parte, reclamará a la sala que confirme punto por punto la sentencia del Superior de Cataluña.