El Supremo de EE.UU. obliga a Trump a revelar sus declaraciones de impuestos a la fiscalía
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El presidente norteamericano arguye que es víctima de una «caza de brujas política»
10 jul 2020 . Actualizado a las 00:15 h.Siete jueces del Tribunal Supremo, entre ellos dos que fueron nombrados por Donald Trump, sentenciaron este jueves que el presidente de EE.UU. no está por encima de la ley. Parece obvio, pero fue un serio varapalo para el mandatario, que estalló furioso en Twitter. «¡Caza de brujas política!», bramó en uno de los tuits con los que reaccionó.
La decisión llega tras el proceso que abrió el fiscal de Manhattan Cyrus Vance para investigar las finanzas de Trump ante la sospecha de que las había alterado para ocultar los pagos que hizo durante la campaña a dos estrellas del porno, que amenazaban con contar su romance en los tabloides. El mandatario, que guarda celosamente sus finanzas y en especial sus declaraciones de impuestos, recurrió el requerimiento alegando que el presidente está blindado durante su mandato de cualquier demanda judicial que pueda distraerle de sus funciones y solo puede ser juzgado políticamente en proceso de impeachment. El Supremo, sin embargo, no cree que sea el caso, especialmente porque los hechos que se investiga ocurrieron antes de que asumiera el cargo.
«Hace 200 años que un gran jurista de nuestra corte estableció que ningún ciudadano, ni siquiera el presidente, está categóricamente por encima del deber de producir pruebas cuando se le requiere en un procedimiento criminal», escribió el presidente del Supremo, John Roberts. «Hoy reafirmamos ese principio y mantenemos que el presidente no es ni absolutamente inmune a citaciones judiciales de los estados que buscan sus documentos privados, ni tiene derecho a ser juzgado por un estándar más elevado».
Se trata de una decisión histórica que acota los límites del poder presidencial en línea con decisiones previas como la que obligó a Richard Nixon a entregar las cintas que había grabado en el despacho oval o a Bill Clinton a proporcionar evidencias en una demanda de acoso sexual. El hecho de que los dos jueces elegidos por Trump se hayan sumado a una decisión ideológicamente plural le adjudica mayor legitimidad.
Implicación familiar
Con todo, en una segunda decisión relacionada con la solicitud de documentos que ha hecho el Congreso, el Supremo ha demostrado que el presidente no es una figura común. El tribunal rechazó este jueves la solicitud y la reenvió a un juez federal para que dirima si se trata de una persecución política o una demanda legítima. La defensa de Trump argumentaba que los comités del Congreso no los piden por necesidades legislativas. Es, ciertamente, una petición mucho más amplia que la del fiscal de Nueva York. Salpica a varios miembros de su familia.
«Los requerimientos implican serias preocupaciones sobre la separación de poderes», advirtió el presidente del Supremo al escribir la opinión del alto tribunal. El Congreso tiene la opción de precisar los motivos que le hace pedir los documentos financieros y acotar el ámbito para volver a presentar los requerimientos, como ya ha anunciado que hará.
En cualquier caso, Trump ha logrado entorpecer los esfuerzos lo suficiente como para impedir que su información se haga pública antes de las elecciones de noviembre. El fiscal Vance expresó este jueves su alivio por una decisión que las entidades bancarias implicadas han prometido respetar, pero recordó que este proceso ha retrasado su investigación durante más de un año. Además, los documentos que ha pedido serán mostrados a un gran jurado cuyo procedimiento permanecerá en secreto, salvo que este decida presentar cargos contra él, en cuyo caso se iniciaría un juicio donde podrían salir a la luz.
Trump gana en la derrota
Incluso en la derrota, Trump gana, porque los detalles de sus declaraciones de impuestos, que tradicionalmente todos los candidatos han hecho públicos, seguirán ocultos para los votantes. El caso ilustra también el uso de la justicia que siempre ha hecho el magnate para entorpecer y desgastar a sus enemigos. Un anticipo de lo que puede ocurrir en noviembre si los resultados electorales no le son favorables.