Casado dice que no tolerará lecciones de «patriotismo» de los que pactan con Bildu o ERC
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Responde así a las críticas del Gobierno de que el PP no apoya el nombramiento de españles para cargos internacionales
16 jun 2020 . Actualizado a las 08:42 h.Dentro de esas constantes llamadas del Gobierno a la «unidad», una de las que más daño hace en la sede de Génova es la acusación por parte del Ejecutivo de que el PP no cierra filas a la hora de negociar partidas y nombramientos de altos cargos en los organismos internacionales. El presidente de los populares, Pablo Casado, negó ayer esta supuesta falta de «patriotismo» de la que le afean en la Moncloa, afirmando que el Ejecutivo sí puede contar con la «lealtad» y la «responsabilidad» que otros Gobiernos de signo popular no encontraron en su día en la oposición socialista.
Casado recordó que Sánchez se posicionó en contra de que el exministro Miguel Arias Cañete fuera comisario de la UE, quebrantando así en el 2014 una unidad que las dos principales formaciones políticas españoles mantenían en Bruselas hasta la fecha. A su vez, el jefe de la oposición hizo un pequeño ejercicio de memoria para poner en valor que su partido apoyó los nombramientos de los socialistas Almunia, Solbes y Magdalena Álvarez al frente de instituciones europeas.
De este modo, Casado afirmó, tras una reunión virtual con alcaldes de su formación, que no estaba dispuesto a tolerar lecciones de patriotismo por parte de quien «pacta con ERC la independencia de una parte fundamental de España» o del partido que recientemente pactó con «los herederos de Batasuna y que no condenan a ETA», clamó, en referencia al acuerdo alcanzado recientemente en el Congreso entre el PSOE y Bildu para derogar la reforma laboral.
Esta firma se enmarcó dentro de las negociaciones para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma, que el PP comenzó apoyando, pero de las que se fue desmarcando poco a poco hasta votar las dos últimas veces en contra. Casado advirtió ayer que si hay algún rebrote del covid-19, su formación seguirá sin apoyar el estado de alarma, al entender que el marco jurídico español es lo suficientemente rico como para poder regular la movilidad de los ciudadanos sin recurrir al artículo 116 de la Constitución, invitando al presidente a «aprovechar» para acordar un plan alternativo a aplicar ante «cualquier contingencia futura».