Relata posibles irregularidades del líder de Podemos por ocultar una prueba hasta 3 años
26 may 2020 . Actualizado a las 08:48 h.El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón revocó al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, su condición de perjudicado en la pieza del caso Villarejo en la que se investiga el robo del móvil a la exasesora del partido Dina Bousselham a finales del 2015, que fue su asesora en el Parlamento Europeo y con la que mantenía una estrecha relación.
La Fiscalía Anticorrupción pidió al instructor que retirara la condición de perjudicado a Pablo Iglesias al apreciar contradicciones tras sus declaraciones y las de Dina Bousselham en la causa.
En su segunda declaración como perjudicada el pasado día 18 Bousselham aseguró que cuando Pablo Iglesias le dio en junio o julio del 2016 la tarjeta del móvil que había sido recuperada seis meses antes, tras aparecer de forma anónima en la redacción de la revista Interviú, ya estaba dañada y señaló que acudió a una empresa para poder recuperar los archivos pero fue imposible.
El juez destaca que Dina Bousselham aseguró que desconocía por qué Pablo Iglesias había tardado medio año en entregarle la tarjeta del móvil. Por su parte, el líder de Podemos afirmó que la tarjeta funcionaba cuando se la devolvió, según declaración que prestó como perjudicado hace un año al abrirse esta pieza del caso Villarejo a raíz del hallazgo de un lápiz de memoria entre los efectos intervenidos en el año 2017 a José Manuel Villarejo en la en su domicilio de Boadilla del Monte.
La sustracción del móvil se produjo en los meses previos a las negociaciones para formar Gobierno en el 2016, por lo que se investigaba si tuvo relación con un supuesto espionaje político a Podemos en el que presuntamente pudiera haber intervenido Villarejo. El excomisario siempre lo ha negado y ha mantenido que más bien se trató de un acto de venganza o despecho.
Eje de su discurso
Pablo Iglesias convirtió este caso en uno de los ejes centrales de su campaña electoral del pasado 10N, llegando a poner el caso como un ejemplo del interés «de las cloacas del Estado» en torpedear las negociaciones entre el PSOE y Unidas Podemos para poner en marcha un Gobierno de coalición como el actual.
Entre la información investigada destacan varias capturas de pantalla de conversaciones de Dina Bousselham con otros altos dirigentes de Podemos, entre ellos Pablo Iglesias, efectuadas desde la aplicación de mensajería instantánea Telegram. En esos pantallazos figuraba un comentario del líder de Podemos que decía que «azotaría hasta sangrar» a la presentadora Mariló Montero, que fue muy polémico al desvelarse su autoría.
Posibles consecuencias
En su resolución, el juez encarga además a la Policía Nacional que investigue las alteraciones físicas de las que pudo ser objeto la tarjeta entregada por Dina Bousselham. Agrega que Pablo Iglesias declaró en marzo del 2019 que el 20 de enero de 2016 el entonces presidente del grupo Zeta, Antonio Asensio, le citó en su despacho y le entregó la tarjeta SIM del móvil de Dina Bousselham que había llegado a Interviú y que algunos meses después se la entregó a esta y que suponía que la tarjeta que Dina entregó en el Juzgado es la que le dio él.
Relaciones
García-Castellón tendrá que decidir ahora si abre una nueva investigación sobre la posible comisión de un delito de obstrucción a la Justicia por el retraso en la devolución de la tarjeta a Bousselham por parte de Iglesias, «que pudo tenerla en su poder entre 5 y 39 meses».
Algunos de los denunciados ya hicieron pública su intención de proceder contra Iglesias y Bousselham -que acaba de ser nombrada directora de un medio digital vinculado a Podemos- por sus acusaciones, aunque el magistrado expresa sus dudas de poder clarificar el caso y añade que no se le puede pedir a la denunciante más claridad por pertenecer al mismo partido que el líder de la formación morada.
El interés de algunos de los demandados por parte del líder de Podemos y su antigua asesora en proceder contra el vicepresidente segundo del Gobierno choca con su condición de aforado, por lo que, si el magistrado hallara indicios de delito, debería remitir el caso al Tribunal Supremo.