El Gobierno de coalición se acerca al 8M con la pugna por la ley de libertad sexual abierta
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Los dardos entre miembros del Ejecutivo siguen volando a raíz de un largo y contundente informe del Ministerio de Justicia en el que se enumeran todas las deficiencias contenidas en el borrador original de la iniciativa presentada por la ministra Irene Montero
06 mar 2020 . Actualizado a las 18:55 h.La herida entre el PSOE y Podemos a cuenta del contenido y la redacción de la ley de libertad sexual sigue completamente abierta. La proximidad del Día Internacional de la Mujer, que se celebra este domingo 8 de marzo, no parece ser argumento suficiente para tratar de cerrar esa ley con premura y sin la revisión a fondo y el consenso político necesarios.
Al contrario, los dardos entre miembros de la coalición siguen volando a raíz de un largo y prolijo informe del Ministerio de Justicia, en manos del PSOE, publicado el pasado martes por la cadena Ser, en el que se enumeraban todas las deficiencias contenidas en el borrador original de la iniciativa presentada por Irene Montero, ministra de Podemos.
En este texto, el ministerio que dirige Juan Carlos Campo, propinaba un varapalo al anteproyecto de ley de Libertad Sexual del Ministerio de Igualdad que dirige Irene Montero, que ahora deberá pasar el filtro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), del Consejo Fiscal y del Consejo de Estado antes de iniciar su tramitación parlamentaria.
Duplicación de artículos de leyes vigentes, invasión de competencias autonómicas, redacción farragosa, técnica legislativa inadecuada, uso de términos que no están en el diccionario de la RAE... son algunas de las irregularidades que revelaba el informe de Justicia, de 26 páginas, en el que insistía varias veces en que «la nueva redacción es innecesaria» o que «el último párrafo no se comprende».
El documento señala que en el texto elaborado por Igualdad había 25 artículos que «prácticamente reproducen artículos de leyes vigentes», una estrategia que «choca directamente con las políticas de simplificación normativa o de depuración del ordenamiento jurídico. Añade que «se plantean cuestiones que afectarán gravemente a la seguridad jurídica, fruto de la compartición en dos textos con ámbitos superpuestos de redacciones idénticas».
El informe del Ministerio de Justicia añadía que había artículos que «entran en contradicción con las definiciones y con el objeto de la ley, de tal forma que no queda claro el ámbito de aplicación de muchos preceptos, muchos de los cuales se aplican a hombres y a mujeres, otros solo a mujeres. No queda claro qué preceptos se aplican a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual».
También criticó Justicia la existencia de una «pléyade de artículos de alcance autonómico en materia de asistencia social, educación, derecho civil, vivienda, entre otros, que complicarían su tramitación». Según el criterio del ministerio de Campo, «no resulta adecuada la técnica legislativa empleada para abordar los múltiples cambios normativos que se incorporan».
Justicia advertía que el polémico borrador de Irene Montero «incluye tipos penales inexistentes como tales: 'extorsión sexual', que podría entenderse como 'sexting', acoso, coacciones, etc; o 'engaño pederasta', que podría corresponderse con el 'grooming'». Los autores del texto incluyeron, además, un amplio apartado sobre «cuestiones formales» también demoledor para Irene Montero y su equipo. Le reprocharon el uso de mayúsculas al citar la propia ley y pidieron revisar la puntuación, las citas, el uso de negrita y cursiva, los «dobles espacios innecesarios» o errores en la numeración de los artículos. Por todo ello el informe de Justicia pidió la revisión «formal» en todos los títulos y capítulos debido a una «redacción farragosa y difícilmente comprensible del objeto de la Ley» llena de múltiples inexactitudes y ambigüedades.
¿Rebaja de penas para la Manada?
El texto original del anteproyecto incluye la eliminación del delito de abuso sexual para pasar a considerar todos los delitos sexuales como agresiones. Al quitar el «abuso» se añade siempre la violencia o intimidación que antes era la condición para considerarla agresión. Es decir, todo delito sexual tendrá con esta reforma ese componente implícito cuando no existe el consentimiento explícito de la víctima. Esta fusión ha implicado que las penas de agresión (ahora todas) bajen al nivel de las condenas por abuso. Al comparar las agresiones sin agravantes, con un mínimo de siete años de prisión, pasan a cuatro, como las de abuso. «No bajan las penas», insiste. El concepto no sube las penas de lo que antes era abuso.
La agresión con un agravante, como el caso de la Manada, pasaría a doce años de prisión, cuando antes tenía 15. Victoria Rosell, delegada de Gobierno contra la Violencia de Género, explicó el mismo día de la aprobación del primer borrador en el Consejo de Ministros que «no se puede equiparar la pena de la violación de entonces con la pena de violación de ahora. No se está penando lo mismo más bajo», insistió.
Este viernes ha querido insistir en esa misma idea en TVE, donde ha rechazado que el anteproyecto de ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual cree inseguridad jurídica. «Solo quien está dispuesto a crear esa inseguridad la crea, porque también he tenido que leer que las penas sí podrían bajar y que se podrían revisar condenas de asuntos que tenemos todos en la cabeza», en referencia al caso de La Manada.
Sobre las tensiones entre los ministerios de Podemos y del PSOE, Rosell ha defendido al Ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, tras las declaraciones del vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, en las que afirmaba que «en las excusas técnicas (a la ley) hay mucho machista frustrado». La delegada para la Violencia de Género dice estar «tan convencida de que Juan Carlos Campo no es machista como de que Pablo Iglesias es un hombre feminista» y ha hecho hincapié en que las filtraciones sobre la supuesta «incapacidad del gobierno para hablar o la chapuza no han venido del Gobierno», al igual que la filtración de documentos técnicos no ha sido realizada por «una persona socialista».
En relación a que las penas de los condenados por el caso de la Manada podrían bajar con la reforma del Código Penal que se propone, Irene Montero ha insistido en que lo importante es que se despeja cualquier duda sobre si hay distinción entre abuso o agresión «en esta violación grupal salvaje», según ha asegurado en RNE.
«La clave del cambio del Código Penal no tiene tanto que ver con el rango de las penas, hay penas que suben y otras cambian, la clave del cambio es que ya no es necesario probar que hay violencia con intimidación, ni el consentimiento de la mujer para participar en un acto sexual», ha aseverado.
