Ana Suárez: «La demanda de residencias para ancianos crecerá y mi apuesta es crear plazas públicas»

Ana Suárez Guerra (Oviedo, 1970) ocupa, desde el pasado mes de septiembre, el cargo de gerente del organismo público Establecimientos Residenciales para Ancianos de Asturias (ERA). Es diplomada en Enfermería por la Universidad de Oviedo, Máster en Telemedicina y en Dirección y Administración de Empresas. Entrevista cortesía de la revista del sector residencial Con Mucho Aarte.

¿Cómo le lleva su trayectoria profesional a la gerencia del ERA?

Aunque no he gestionado directamente en el organismo, llevo 28 años trabajando en el ámbito de la salud, en el Sespa. He llevado una dirección de enfermería durante 11 años y mi vinculación con el ERA ha sido de programas estratégicos: hemos generado programas localmente y colaboraciones también con las empresas privadas a través de figuras como las gestoras de casos…, siempre fue un ámbito que me atrajo mucho, porque creo que la atención sociosanitaria, especialmente en Asturias, por nuestro factor de envejecimiento, es fundamental.

¿Cuáles son sus propósitos para este mandato?

Mi formación y mi perfil son de gestión, pero si algo tengo bien consolidado, diría que en mi ADN, es la es la parte de atención directa, la parte asistencial. Creo que en la gestión hay que saber lo que estar en la práctica diaria; por supuesto sin olvidar la ayuda de las jefaturas, tanto en los centros como en la gerencia. La vamos a consolidar y mejorar, pero uno de los objetivos, y con esto creo que respondo a su pregunta, está ligado a la calidad, a la seguridad y a la atención directa que tenemos que dar a los residentes. Darles ese punto de vista de lo más humano y, por supuesto, en un marco de seguridad que no es que nos falte, pero sí tenemos que potenciar. Todo lo que es atención a personas que son autónomas nos da cierto desahogo, pero cuando tenemos que prestar servicio a personas con un nivel determinado de dependencia, eso nos hace pensar en la necesidad de trabajar con un marco de seguridad. Y adaptarnos a lo que nos viene, que es esa dinámica de vértigo, casi exponencial, de una población cada vez más envejecida y con problemas crónicos que al final se vinculan a la dependencia. Una persona mayor con cierta cronicidad en estado de salud, al final, es más frágil y hay que prestarle una atención diferente. Así que me toca mucho trabajo directo con los centros.

¿Qué les diría a las personas que están tramitando la Ley de Dependencia y dudan si solicitar plaza en un centro público o pedir la prestación económica vinculada al servicio para acudir a un centro privado?

Por supuesto que la libertad a la hora de escoger es fundamental y para eso hay que tener información, eso está claro. Cada caso es particular: factor económico, ayuda familiar… nos hacen pensar un poco lo que más nos conviene, bien en domicilio o bien en residencia privada que, por supuesto, es una opción tan legítima como otra, o bien optar por una plaza pública. Somos conscientes de que sufrimos cierta ralentización y eso puede determinar la decisión en un momento determinado. Nuestra idea es siempre intentar mejorar los espacios y estructuras para que sean amables, aparte de convenios y conciertos.

Por tanto, ¿seguirán priorizando la construcción de centros propios o considerarán seguir las políticas sociales de comunidades cercanas a la nuestra, como Cantabria o el País Vasco, que prefieren concertar plazas con el sector privado y centrarse en controlar el buen funcionamiento de las mismas?

Esta Administración hace la apuesta, y eso ya lo he dicho en todos los espacios donde me ha tocado, de generar plazas públicas, es decir, de que haya una gestión pública de las mismas. Sabemos, como le comentaba antes, cuál es la realidad: que se nos viene encima una demanda tremenda de cuidados y nuestra apuesta es dotar plazas, siempre con la responsabilidad que tenemos con nuestro dinero público, y luego mantener los convenios o contratos con distintas residencias privadas o el ámbito municipal. Bueno, nuestro modelo está consolidado. Nadie puede poner en duda que nuestra apuesta es la que acabo de decir, pero hemos trabajado con otros modelos. Dependerá de la dinámica de la demanda; que va a crecer es seguro, eso lo sabemos ya. Es bueno tener una expectativa de vida mayor, pero también sabemos que el envejecimiento se vincula a más dependencia.

Entiendo las demandas del sector privado, pero tratamos de establecer marcos estratégicos y todo esto responde a la responsabilidad de gestión del dinero público, a la apuesta que se haga por la educación [de profesionales] también. Y la apuesta de la consejería es intentar dotar de más plazas públicas, siempre. Desde hace años existe el modelo de los conciertos con fundaciones y residencias privadas y con eso seguiremos, en función de la demanda. No tendría sentido volvernos atrás. Apostamos por la plaza pública y además estoy convencida de ello, independientemente de que respete el ámbito privado. Es una línea estratégica, es una línea política y creemos que es la adecuada.

¿Cómo está la lista de espera para plaza pública?

Ahora mismo hay algo más de 1.400 personas esperando una plaza. ¿Qué perfil tienen? Un nivel de dependencia de algún nivel; no son personas autónomas, porque para éstas sí tendríamos alguna plaza disponible.

¿Qué se puede hacer para reducirla?

Vuelvo a poner sobre la mesa la cuestión del dinero público. En esta comunidad hacemos una apuesta importante por todo lo que tiene que ver con el bienestar, con la protección social, tanto en el ámbito de salud como en el de derechos sociales y bienestar. El presupuesto que invertimos es grande y todo lo que nos pueda ayudar a generar plazas con este marco lo vamos a hacer, tanto en el aspecto público como en el de los conciertos.

Hay usuarios que reciben la prestación económica vinculada al servicio (PEVS) y cuando les llaman para plaza pública la aceptan por miedo a quedarse sin la prestación, cuando en realidad preferirían quedarse en su centro. ¿Puede confirmarles que en ningún caso la renuncia a la plaza implica la suspensión de la PEVS?

Esto nos pasa casi diariamente y puedo asegurar que, por supuesto, no hay pérdida de la prestación. En el caso de que una persona ocupe una plaza en residencia privada, esté cobrando la prestación y se le oferte una plaza pública, tiene derecho a negarse porque se respeta esa prestación; de hecho incluso se le ayuda a que vea cuál es la mejor opción. Hay que transmitir seguridad y eso se consigue con información. La transparencia, ligada a la prudencia, es muy importante. Tenemos los recursos que tenemos y tal vez haya que ser más creativos para informar a la población en este sentido.

¿Qué nos puede decir en relación a los casos de deudas de usuarios que generado tanta polémica? ¿Cuál es la situación actual de esos expedientes?

Esperamos acabar ya con esos expedientes. Ha estado en la agenda social mucho tiempo, eso lo sabemos. Fue un tema complicado de gestionar, difícil de entender, lo que es razonable. Yo creo que tanto la consejería como este ente no pueden hacer otra cosa que pedir disculpas por los retrasos que ha habido y, ahora, dentro de la responsabilidad que tenemos para solucionarlo, intentar que en breve espacio de tiempo podamos acabar con todas las liquidaciones de deuda. Como sabe, en la Administración todo tiene un procedimiento muy consolidado, muy supervisado y que lleva su tiempo. Eso hace a veces que se ralentice. Y aquí quiero decir que hay que agradecer a los profesionales su gran labor; en el poco tiempo que llevo aquí he visto un dinamismo y un enorme buen hacer a la hora de trabajar, y también responsabilidad y compromiso.

Son quejas recurrentes en el sector la escasez de personal, sobre todo de enfermería, y los bajos salarios, en particular del personal gerocultor. ¿Qué nos puede decir al respecto en relación a los centros públicos?

Los salarios están definidos en todo el personal del Principado y además son públicos, están a la vista. Mi opinión puede ser otra cosa, pero nos movemos en el marco que nos movemos y tenemos obligación de cumplir la norma. Tenemos que limitarnos al acuerdo que sale anualmente. Puedo opinar que sería bueno que un trabajo de compromiso como los cuidados que damos contara con una mayor retribución pero, insisto, nos movemos en el marco que nos movemos. La parte sindical está en permanente comunicación con nosotros para intentar mejorar ese aspecto.

Respecto a la escasez de personal, nadie lo sabe mejor que yo, lo he vivido en el Sespa y ahora aquí también. Hay soluciones a medio y largo plazo que pasan por generar más plazas en la Universidad, eso está claro. Y los objetivos de la profesión muchas veces están ligados a las especializaciones, no meramente a entrar en una bolsa de trabajo, eso nos ha repercutido. Mi idea personal al respecto, contando con lo que contamos, es que nos tenemos que adecuar al número de personas que salen de la Universidad y hay que respetar los derechos laborales de los trabajadores que están aquí: las ausencias, las jubilaciones…, con todo esto nosotros debemos conseguir un entorno amable para venir a trabajar. Es algo que seguramente en la privada también se vive, porque sabemos que el Sespa atrae mucho a los profesionales, pero cada espacio tiene sus ventajas. Me gustaría poder mejorar los contratos y el marco de trabajo, porque creo que la gente no sólo demanda tener contratos buenos, sino que también quiere estar a gusto en el espacio en el que trabaja, con objetivos claros y con futuro.

Existe una cierta crítica desde el sector privado sobre un nivel de exigencia distinto, un nivel mayor de cumplimiento legal respecto al trato que se da a los públicos. ¿Tiene fundamento esta crítica?

Cuando alguien siente que es así, es una cuestión subjetiva que yo no nunca voy a negar. Si en el entorno privado hay una sensación de que no se produce la misma actuación en este aspecto, yo tengo que referirme a la norma, el decreto 43/2011 en el que se establece la acreditación de los centros. Ahí las residencias privadas únicamente quedan liberadas de la acreditación desde el punto de vista administrativo, pero eso no les hace liberarse de un seguimiento y una inspección que tiene que hacerse. Es una cuestión sensible que tendríamos que profundizar, aparte de que la inspección, como sabe, no depende del organismo, sino de la consejería. Nosotros también tenemos obligación en las residencias públicas de generar una adecuada respuesta a esa inspección a la que estamos sujetos.

¿Cuándo saldrán a concurso los centros cuyo contrato de gestión finalizaba el pasado 30 de septiembre?

Esto ya está en marcha, pero como ustedes saben los procesos de contratación son largos, farragosos. Desconozco exactamente en qué fase está, pero sabíamos de la urgencia, que acababa ya. No puedo arriesgar un plazo exacto, sería una osadía. No obstante, creo que falta poco ya para tenerlos. Además, los cambios en las direcciones [debido al cambio de Gobierno autonómico este año] han ralentizado un poco el proceso.

¿Están previstas licitaciones de plazas en esta legislatura?

Insisto en que el modelo depende de la demanda y nuestra idea es poder dotar de plazas públicas, pero nuestro recurso a las plazas concertadas está ahí, existe, está consolidado. Dependerá de esto y, cómo no, del marco económico del que dispongamos.

Si es así, ¿seguirán dando la mayor puntuación a quien oferte la mayor bajada de precio? ¿No cree que deberían tener más peso otros factores que asegurasen la calidad del servicio prestado?

El peso económico tiene que estar ahí, es una cuestión de responsabilidad con el dinero del que disponemos, eso está claro. Lo que nosotros vamos a tener siempre que asegurar, como sabe, no se limita a lo económico; existen informes técnicos referidos a la parte cualitativa que dan respuesta a una exigencia que debemos mantener. Así que no me puedo arriesgar a decir que va a tener menos peso la parte económica, porque como bien sabe es lo que nos lleva a tomar decisiones en la mayoría de las ocasiones. El peso económico es real.

Es una demanda de los empresarios de la región que al menos se dé como precio de referencia para la licitación el coste de plaza para grado II y III, y no el coste de independiente. ¿Le parece razonable?

Ahí solo puedo le decir que lo estoy valorando. Solo llevo un mes y medio en el cargo y me ha tocado ponerme al día de muchas cosas. De momento, el único compromiso que puedo dar es que lo estoy revisando y ello está ligado a que un porcentaje muy alto de las personas que vienen a las residencias pertenecen a un grado muy alto de dependencia. Independientes hay menos, y esa dinámica quizá nos haga pensar en otra opción, pero insisto en que estoy aún en fase de valoración.

¿No cree que debería haber una inspección más fuerte en torno a las bajadas de precios, que podrían incluso considerarse temerarias, para conseguir licitaciones? La atención directa y de calidad en estos casos sería lo primero que cae…

Vuelvo a decir que lo estoy revisando. Vengo del ámbito del control de calidad y le entiendo, pero aún no dispongo de información suficiente para dar una respuesta. Sé perfectamente el peso que debe tener la parte cualitativa, y eso para mí es una apuesta, tanto en el ámbito público como en el privado. Siempre hay margen de mejora, la excelencia nunca se alcanza.

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