La Fiscalía pide para Ignacio González ocho años de cárcel por fraude y malversación
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Acusa al expresidente madrileño de recibir 1,6 millones en la compra pública de una empresa
30 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.Anticorrupción pide una condena de ocho años de cárcel y 19 de inhabilitación para el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González por fraude a la Administración y malversación de caudales públicos en la compra por parte del Canal de Isabel II de la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçoes.
La Fiscalía Anticorrupción sostiene en su escrito de acusación de esta pieza del denominado caso Lezo que Ignacio González se repartió con los otros seis encausados 5,4 millones de dólares -aproximadamente 4 millones de euros- en comisiones ilegales con cargo al sobreprecio que se pagó por la compra ruinosa de la firma sudamericana en el año 2013.
La petición contra el jefe de Gobierno autonómico del Partido Popular es la más abultada, pero Anticorrupción también reclama penas de cárcel e inhabilitaciones en esta «pieza brasileña» del gigantesco sumario Lezo para Edmundo Rodríguez Sobrino, el considerado hombre fuerte del expresidente madrileño en América Latina (7 años de prisión); para el ex delegado del Gobierno en Ceuta Luis Vicente Moro (7 años); para la exdirectora del Canal de Isabel II María Fernanda Richmond (5 años); para el exgerente de Triple A Ramón Navarro (2 años); para el exdirectivo de Inassa Diego Fernando García Arias (2 años); y para el representante de Emissao Sebastião Cristovam (6 años y medio).
Comisiones prohibidas
Según los informes que constan en la causa judicial, González y los suyos obviaron en la compra de Emissao todos los preceptos legales. Hicieron la transacción «en contra de la opinión de los auditores independientes, con el pago de comisiones prohibidas, sin informes de secretarios técnicos ni interventores, ni autorización de la Consejería de Hacienda».
Todo fue orquestado -apuntaba el anterior juez instructor de la causa, Eloy Velasco- para «posibilitar por parte de los investigados desvíos de dinero público madrileño, que así pasaban a cuentas bancarias en terceros países con opacidad con respecto de las titularidades reales, con la consiguiente desaparición del patrimonio de la empresa pública madrileña».
El reparto se hizo de este modo: para Ignacio González, un total de 1,8 millones de dólares (1,6 millones de euros), mientras Rodríguez Sobrino, García Arias, Navarro y Moro se llevaron 900.000 dólares (813.400 euros) cada uno. En cuanto a Richmond, no consta en la investigación que llegara a percibir comisión alguna por la citada operación.