Torra maniobra para atrincherarse en el Parlamento ante el silencio de ERC
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Los letrados de la Cámara no emitirán un nuevo informe sobre su inhabilitación
25 ene 2020 . Actualizado a las 12:44 h.El pleno del lunes en el Parlamento catalán será la prueba de fuego que confirme si Quim Torra desafía -como todo apunta que hará, una vez más- la orden de la Junta Electoral Central (JEC), avalada por el Supremo, de retirarle su escaño. El órgano administrativo, al que el presidente catalán no reconoce competencias para inhabilitarlo, fijó un plazo de 48 horas para que la Cámara lo despoje de su credencial que, según el Estatuto de Autonomía, es imprescindible para que pueda estar al frente del Gobierno. ¿Podrá votar en el pleno? Habrá que esperar al lunes, ya que el presidente de la Cámara, el republicano Roger Torrent, ha convocado la Mesa del Parlamento a las 12.30, poco antes de que comience la sesión, para abordar el asunto.
Sin embargo, Torra dejó claro el mismo jueves que pretende ignorar el revés del alto tribunal y atrincherarse en su escaño, y la portavoz del Ejecutivo catalán, Meritxell Budó, reiteró este viernes su mensaje de rebeldía. Quien guarda un llamativo silencio es ERC, pese a que la patata caliente está ahora en manos de Torrent.
Budó dijo estar convencida de que la Mesa del Parlamento hará «efectiva» la resolución de la Cámara que el 4 de enero -al día siguiente de la decisión de la JEC- ratificó a Torra como presidente y diputado. «Nada ha cambiado, así que no pensamos que nada tenga que cambiar a nivel de la Mesa del Parlament», aseguró.
La resistencia a cumplir la resolución del órgano electoral respecto a Torra se refuerza con el hecho de que los letrados de la Cámara no tienen previsto emitir ningún informe nuevo sobre la orden de inhabilitación, después de que el Supremo rechazara la suspensión cautelar de su aplicación. Cabe recordar que el PSC y Ciudadanos solicitaron en la Junta de Portavoces del jueves que realizaran otro informe, por considerar que la última decisión del alto tribunal podía modificar el criterio de los juristas, que la semana pasada reforzaron a Torra, al considerar que la Junta Electoral no es competente para retirarle el escaño.
Será una decisión «política»
Fuentes parlamentarias negaron que exista encargo alguno para los letrados, ya que debería hacerlo el propio Torrent, el secretario general de la Cámara, el pleno, o alguna comisión. La decisión final sobre el acta del presidente será, por tanto, «política».
En este escenario, en plena cuenta atrás para dar cumplimiento a la exigencia de la Junta Electoral y frente al mutismo de Torrent y el resto de dirigentes de Esquerra, Torra redobló su pulso. Convencido de que la mejor defensa es un ataque, amenazó con «ejercer las acciones legales pertinentes, también de carácter penal», por las presiones de quienes le acusan de un delito de usurpación de funciones públicas por negarse a dimitir. En su comunicado también denuncia «presiones» a Torrent para que le retire el acta e, insistiendo en su legitimidad, amenaza con acudir a los tribunales.
El Supremo deja a Sánchez en una situación difícil
Gonzalo Bareño
La decisión del Tribunal Supremo de confirmar la retirada del acta de diputado a Joaquim Torra dictada por la Junta Electoral Central (JEC) deja en una situación muy comprometida al presidente del Gobierno. Pedro Sánchez se comprometió a reunirse con el presidente de la Generalitat en Barcelona en la primera semana de febrero sin esperar a que el Supremo tomara una decisión y después de que la portavoz del PSOE, Adriana Lastra, expresara sus «serias dudas» de que la JEC fuera competente para retirar el acta a Torra. Sánchez justificó su visita afirmando que aunque estuviera inhabilitado por la Junta Electoral como diputado seguía siendo presidente.
Ahora, en caso de que el Parlamento catalán y el propio presidente de la Generalitat desobedecieran la decisión del Supremo y mantuvieran el acta de diputado, el líder del PSOE se enfrenta al dilema de suspender su reunión con Torra, lo que sería un jarro de agua fría a la recuperación del diálogo y el arranque de la mesa de negociación entre ambos gobiernos, o mantenerla, lo que podría interpretarse como un respaldo a la desobediencia. Pero, incluso en el caso de que el Parlamento catalán decidiera retirarle el escaño a Torra, una posible reunión con él sería muy comprometida para Sánchez, ya que implicaría que avala la teoría de los independentistas de que sigue siendo presidente de la Generalitat pese a perder su acta. Algo que, de nuevo, será una decisión que acabará en manos de la Justicia.
Pero las consecuencias de una posible desobediencia de Torra irían mucho más allá. El presidente del PP, Pablo Casado, advirtió este viernes de que el propio Sánchez podría estar incurriendo en un delito de desobediencia si se reúne con alguien, que, a su juicio, «está usurpando las funciones que el Tribunal Supremo ha dicho que no puede ostentar» y ya no es presidente de la Generalitat. Casado amenaza incluso con llevar a los tribunales al presidente del Gobierno si mantiene su anunciada visita al presidente catalán en Barcelona.
La otra hipótesis, la de que Torra fuera inhabilitado como presidente de la Generalitat como consecuencia de la pérdida de su escaño, conduciría a unas nuevas elecciones en Cataluña, en las que el partido de Puigdemont podría explotar el victimismo e imponerse de nuevo a ERC, haciendo imposibles los planes de Sánchez de formar un Gobierno tripartito en Cataluña con los republicanos y En Comú Podem.
La cárcel de Lledoners propone otro permiso de 72 horas para Jordi Cuixart
La junta de tratamiento de la cárcel barcelonesa de Lledoners ha propuesto conceder un nuevo permiso de 72 horas al presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que se sumaría a la salida de dos días que disfrutó la semana pasada. Según informó el Departamento de Justicia de la Generalitat, el permiso propuesto por el centro penitenciario debe ser ratificado ahora por el juzgado de vigilancia penitenciaria, al superar el límite de dos días. Cuixart disfrutó entre el jueves y el sábado de la semana pasada de un primer permiso de salida, de 48 horas de duración, que autorizó el Departamento de Justicia y al que tenía derecho tras haber cumplido en prisión una cuarta parte de la condena de nueve años que le impuso el Supremo por su papel en el «procés».