Las comunidades del PP cierran filas y piden financiación que no las castigue
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Exigen a Hacienda que pague lo que les debe y convoque ya el Consejo de Política Fiscal
18 ene 2020 . Actualizado a las 05:00 h.La reforma del modelo de financiación autonómica, que el PSOE pactó con Compromís a cambio del apoyo a la investidura de Sánchez, ha disparado las alarmas en las comunidades. Por ello, los consejeros de Hacienda de los territorios gobernados por el PP —Galicia, Madrid, Andalucía, Castilla y León, Murcia y la ciudad autónoma de Ceuta— celebraron este viernes en la capital una reunión de urgencia para cerrar filas ante los cambios que, en materia de financiación de servicios básicos y de fiscalidad, prepara el Gobierno de coalición.
Los seis territorios suponen más del 51 % de la población y la mitad del PIB de España, y su postura —como la víspera avanzó el presidente de la Xunta— es firme: la negociación sobre la financiación tiene que ser multilateral y, como llevan reclamando desde el 2014, no castigar a las comunidades «no adeptas al PSOE», en palabras del consejero madrileño, Javier Fernández-Lasquetty.
«Visto el precedente del 2009, cómo se negoció y se pactó el modelo actual, queremos asegurarnos de que no volverá a pasar. La reforma no puede ser bilateral porque afecta a todas las comunidades», subrayaron desde la Consellería de Facenda, que defiende que se tengan en cuenta criterios como el envejecimiento o la dispersión en el cálculo del coste de los servicios públicos.
Ante este escenario, las comunidades del PP exigen al Ministerio de Hacienda que convoque con urgencia una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que lleva año y medio sin reunirse, algo que el secretario general de los populares, Teodoro García Egea, calificó de «intolerable», pues contraviene el reglamento del propio organismo, que fija dos reuniones anuales.
Un modelo «justo y solidario»
García Egea participó en el encuentro con los consejeros, junto con el vicesecretario de política territorial, Antonio González Terol, y Elvira Rodríguez, responsable de política sectorial del PP. En la rueda de prensa posterior, García Egea instó al Ejecutivo a iniciar ya la reforma del modelo de financiación para hacerlo «más justo, claro y solidario», eliminando «la maraña de cuestiones que lo hacen incomprensible y opaco».
Para ello, hizo un llamamiento al resto de comunidades a respaldar la petición de las del PP de convocatoria urgente del CPFF. Sumando a Melilla, la solicitud prosperará, pues reúne el mínimo que el reglamento fija para forzar la reunión.
«Insólitos» pagos pendientes
Se trata, según explicó Facenda, de desbloquear la revisión del modelo y también de acabar con la «insólita» situación que, en materia de financiación a las comunidades, se prolonga desde el pasado año, con el pago de las entregas a cuenta el penúltimo día del ejercicio o abonos millonarios de IVA aún pendientes. «Estamos a mediados de enero y no sabemos lo que Hacienda nos pagará este año», lamentaron desde el departamento que dirige Valeriano Martínez.
Sobre este asunto, García Egea exigió al Ejecutivo que comunique a las comunidades «de manera inmediata» las entregas a cuenta porque —advirtió— «si el Gobierno no paga lo que debe puede poner en riesgo los servicios públicos». «Parece que Sánchez prefiere gastarse el dinero en pagar su acuerdo con Podemos que en sanidad, educación u otros servicios», dijo, urgiendo a reunir al CPFF para «hablar de lo verdaderamente importante».
El último mensaje que envió al recién estrenado Gobierno de coalición es que el PP no aceptará que «intente anular la autonomía financiera de las comunidades» y «obligue» a subir impuestos a aquellas que no quieren. «Nosotros vamos a seguir bajándolos», sentenció.
Hacienda promete «los recursos suficientes» y reclama «lealtad institucional» a los consejeros
«Es mi obligación como ministra de Hacienda, apelar a la lealtad institucional», dijo ayer María Jesús Montero, para valorar la reunión de los consejeros de Hacienda del PP respecto de la reforma de la financiación autonómica.
En su primera intervención como portavoz del Gobierno, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, hizo un llamamiento al diálogo, subrayando que «a través de la confrontación no se consigue avanzar. No vamos a mejorar los servicios públicos con la confrontación, sino con la capacidad de diálogo».
«Ni bronca, ni confrontación»
Insistió en que «no tiene ningún sentido» que las Administraciones peleen y que se trataba de «facilitar la tarea». Así, apostó por «facilitar el trabajo de los consejeros, que los recursos sean suficientes». «No me van a encontrar en la confrontación ni en la bronca, me van a encontrar en el trabajo, la capacidad y diálogo y el consenso», aseguró.
La ministra también pidió que el debate sobre el modelo de financiación se pueda desarrollar «en un clima normal, de diálogo». «Los ciudadanos han trasladado quién quiere que sea el que gobierne y tenemos que respetarlo», apostilló, para reclamar que todas las formaciones políticas «colaboremos y rememos en la misma dirección».
El CPFF, «muy pronto»
En lo que respecta a la petición de los populares de que se convoque con urgencia una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), Montero aseguró que se celebrará «muy pronto».
Aunque no concretó más, sí explicó que es preciso que se reúna para abordar tareas pendientes, como la aprobación de los planes de equilibrio o la senda de estabilidad del Gobierno —que luego debe ser aprobada por el Congreso— y que supone el primer paso para comenzar a tramitar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este ejercicio.
Respecto a los PGE, señaló que la intención de Hacienda es presentar el proyecto de PGE «a la mayor brevedad posible», pues es una de las «prioridades» del Gobierno tras «un tiempo muy largo» (dos años) prorrogando las cuentas del PP. En cualquier caso, recordó, antes hay que negociar con Bruselas el techo de gasto y la senda de estabilidad presupuestaria, es decir, el objetivo de déficit.