«Mi madre lloró durante horas porque no me podía pagar la carrera»
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Los estudiantes son parte clave de las protestas en Chile, que cumplen 50 días
08 dic 2019 . Actualizado a las 10:36 h.La Granja es un humilde municipio de Santiago de Chile. Su frenética avenida principal, llena de comercios -algunos saqueados recientemente- da paso a pequeñas calles con viviendas unifamiliares. Francisca Bizarro, ilustradora, de 30 años, es vecina del lugar, pero ni es propietaria, ni tampoco alquila. Vive en casa de su abuelo. No puede independizarse porque debe 9.000 euros a un banco por haber cursado su carrera. «Estoy de prestado en su casa. Y eso me hace sentir casi como un parásito. Es muy triste», dice la joven.
El suyo no es un caso aislado. Cientos de miles de chilenos han contraído grandes deudas para poder estudiar en un país donde la educación, incluso la estatal, es muy cara. Los estudiantes denuncian intereses abusivos, y forman parte de las protestas antigubernamentales desatadas en Chile, un estallido social contra las desigualdades que esta semana ha cumplido 50 días. Quienes se manifiestan en las calles piden que Chile, el país con las familias más endeudadas de América Latina, avance hacia la gratuidad del sistema de educación pública.
Los estudiantes no tienen otra opción que pedir dinero prestado. Cursar biología en una universidad pública, por ejemplo, cuesta unos 23.000 euros al cambio. Otra carrera, odontología, unos 46.000 euros. Esas grandes losas pesan en las espaldas de los universitarios muchos años después de haber finalizado los estudios.
«Hay mucha gente que quiere postular a alquilar o comprar una vivienda, y al tener ese crédito a cuestas es difícil, porque el banco no te ayuda. Por eso muchos estamos de prestado en casas de familiares», apunta la ilustradora Bizarro, que, además, tiene el hándicap de no encontrar trabajo estable debido a las pocas salidas que tiene su carrera.
Pero los problemas se presentan en casi todos los estudios. «Cuando ingresé a la universidad de odontología, mi mamá lloró sentada en la mesa de la salita durante horas porque no teníamos medios para pagar la carrera, pero era mi sueño», lamenta Yomara Miquel.
Sus estudios costaban 600.000 pesos chilenos al mes, unos 697 euros al cambio. Miquel pudo estudiar, dividiendo el monto total en varias partes. Pagaba 200.000 pesos al mes gracias a una beca obtenida por haber sacado buenas notas en el colegio. Sus padres la ayudaban con otros 200.000, pero tuvo que pedir un Crédito con Aval del Estado (CAE) para los 200.000 restantes. «Eso, además de tener que trabajar para solventar gastos como transporte, fotocopias y almuerzo. Era camarera de viernes a domingo», puntualiza.
Ya ha pagado más de 20.000 euros a los bancos y sigue retribuyendo unos 420 euros mensuales. Se volvió a endeudar, además, para que otros familiares pudiesen estudiar. «Mis padres, el año que mi hermano menor tenía edad para entrar en la universidad, le dijeron que no podía estudiar ya que no había plata, porque me pagaban a mí. Mi papá era mueblista y mi mamá ama de casa con cuatro hijos», dice.
Ni siquiera estudiar una carrera con salidas garantiza estabilidad. «Lamentablemente, en Chile, los dentistas no poseen un sueldo fijo o contrato, ya que el sistema está pensado para que trabajes a honorarios. Para entrar a los consultorios hay que postular a concursos y es imposible, a no ser que tengas mil posgrados, y estudiarlos para la clase media es imposible por plata. La otra forma de entrar, claro, es por pituto… conociendo a alguien que te meta», expone la odontóloga.
Al menos 870.000 chilenos son beneficiarios del CAE, el préstamo más popular entre los universitarios, creado por el Gobierno de Ricardo Lagos e introducido por Michelle Bachelet a partir del 2006.
En un principio, el interés del préstamo era del 6 %, pero bajó al 2 % después de grandes protestas a nivel nacional. No es que los bancos cobren menos. La diferencia es subsidiada por el Estado.
Al menos 397.000 de los estudiantes que se encuentran estudiando con CAE son morosos, según la Fundación Sol.
Cuando un universitario cae en la morosidad, entra a formar parte de un registro conocido como Dicom. Estar en esa lista impide acceder a préstamos para alquiler, hipotecas y otros servicios financieros. Hay quien lo considera como una suerte de muerte civil. Las entidades bancarias suelen amenazar con embargos a quienes no pagan.
«Si te atrasas un día en pagar, los intereses son brutales y vandálicos», comenta Ulises Toro, de 30 años, que tiene una deuda de unos 14.000 euros y, a pesar de ello, está intentando emprender. Demasiado gasto como para preocuparse por otras necesidades básicas.
«Con el dinero que gasto en esa deuda, podría postular a un alquiler, ya que aún vivo con mis padres, o, ya que soy independiente, cotizar para mi jubilación, o simplemente para mi salud. Posibilidades que se ven totalmente limitadas por este crédito», señala. En Chile, las pensiones son privadas.
El país sudamericano permitió, en el 2015, que el 60 % más pobre de la población accediese gratuitamente a la universidad. La deuda afecta a quienes estudiaron antes de esa fecha y a las clases medias.