La jueza sostiene que la número 2 de Torra benefició a un amigo adjudicándole contratos por 260.000 euros
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La portavoz de JxCat en el Congreso participó «directamente» en la adjudicación fraudulenta de 18 contratos a su amigo Isaías H.F., quien en una conversación intervenida dijo: «Yo con la Borràs, con la jefa, facturo con la cooperativa y facturo unos trapis por allí»
27 nov 2019 . Actualizado a las 19:36 h.La diputada electa de JxCat Laura Borràs aseguró a su «amigo» Isaías Herrero, adjudicatario de casi una veintena de contratos informáticos del Instituto de las Letras Catalanas (ILC) mientras ella era la directora, que no se preocupara por unos presupuestos que se estaban tramitando en 2015 porque tenía el «dinero reservado» para pagarle los servicios.
Así consta en uno de los correos electrónicos que se incluyen en la exposición razonada que la titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona, Silvia López Mejía, elevó el pasado 30 de octubre al Tribunal Supremo, y a la que ha tenido acceso Europa Press, solicitando que abra causa contra Borràs por los delitos de falsedad documental, fraude administrativo, prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos.
La jueza indica que, de las actuaciones practicadas, se desprende que Borràs, entre los años 2013 y 2017, «abusando» de su condición de directora del ILC, «participó material y directamente» en la adjudicación «directa o indirectamente de manera arbitraria de todos los contratos de programación informática» en favor de Herrero, también investigado por estos hechos en el juzgado de Barcelona y con el que se ha acreditado que tenía una «relación personal y profesional».
Falsificación de presupuestos
En este sentido, la instructora destaca que Borràs actuó «de común acuerdo» con Herrero «para defraudar» al ILC «mediante el fraccionamiento ilegal» de los contratos mediante la «falsificación de presupuestos presentados en cada uno de los expedientes simulando la participación de terceras personas independientes, con la finalidad de beneficiar los intereses de aquél y causando con ello un claro perjuicio al erario público». A través de contratos a otros proveedores, en realidad se adjudicaban a Herrero, aclara la exposición razonada.
En la exposición razonada, la jueza reproduce numerosas de las diligencias practicadas por los investigadores e incluye una serie de correos electrónicos de ambos que acreditarían los indicios de delito cometidos por Borràs. Uno de ellos son los e-mail enviados el 18 y 19 de julio de 2015 en el que Herrero pregunta si ocurre algo con las facturas y Borràs contesta que «hay que hacer tres presupuestos por cada una, pero que no sufra porque el dinero lo tiene reservado y es para esto».
También otros e-mail que fueron cruzados entre el 27 y 28 de febrero de 2017, en los que Borràs explica que «el presupuesto tiene que quedar detallado como si fueran profesionales independientes para los totales que no pueden superar, como ya sabe, los 18.000 euros más IVA».
Otra de las conversaciones que la magistrada considera importante es la que Herrero reconoce a su socio, en noviembre de 2017, que factura unos «trapis por allí», en alusión al ILC y que tiene que hacer «dos presupuestos buenos y cuatro no buenos...». Además, manifiesta que la situación cambiaría en cuanto Borràs dejara la institución.
Con todo ello, la jueza de Barcelona asegura que la portavoz del partido de Carles Puigdemont «propuso la contratación, acordó la adjudicación, resolvió aprobar el gasto, certificó la ejecución total o parcial del servicio para efectuar el pago de la factura presentada por el adjudicatario, conformó la factura correspondiente y autorizó finalmente el pago».
De hecho, señala que Herrero y Borrás pactaban el precio del servicio prestado, «partiendo del presupuesto inicial a desembolsar en su totalidad pero fraccionándolo en pagos inferiores de 18.000 euros» para evitar que la adjudicación se hiciera a través de concurso público. De este modo, se presentaban facturas con conceptos e importes «inventados». El importe total de los contratos adjudicados por ILC a Isaías Herrero es de 259.863 euros sin IVA.
Ayuda a terceros
Asimismo, la jueza instructora, que continúa la instrucción por estos hechos en relación en relación a Herrero y otros investigados, explica toda la operativa y detalla que con el fin de dotar de transparencia el procedimiento de contratación y demostrar que la oferta de Herrero era la «más ventajosa», este, en colaboración con otros investigados, aportó a cada uno de los expedientes de contratación tres presupuestos, a través de otras sociedades, de los cuales dos, como mínimo, «eran falsos o simulados».
Uno de los investigados es el empresario Andreu Pujol Martin, quien a través de su mercantil, presentaba presupuestos en varios expedientes de contratación con precios más elevados o bien facturó servicios al ILC que realmente fueron prestados por Herrero.
Asimismo, Borrás y Herrero se sirvieron de la ayuda de un trabajador de la ILC, Roger Espar --también investigado en el Juzgado de Instrucción número 9 de Barcelona--, que desde finales de 2016 fue responsable de la gestión administrativa de la institución. «Cooperó con ellos de manera decisiva orientándoles en cómo debían proceder» para conseguir su propósito, indica la exposición razonada.
La jueza Silvia López Mejía comenzó los trámites para elevar el caso de Borràs al alto tribunal en verano cuando pidió al Congreso de los Diputados que certificara la situación de la portavoz de JxCat para confirmar si es aforada o no.
Precisamente, Borràs renovó su condición de diputada en el Congreso en los comicios del pasado 10 de noviembre, aunque mantiene el aforamiento desde que se convirtió en vocal de la Diputación Permanente de la Cámara Baja con la disolución de las Cortes, por lo que el órgano competente para abrir causa contra ella es el Supremo.
De momento, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha remitido la exposición razonada a la Fiscalía para que informe sobre si existen indicios de delito y por tanto se debe abrir causa, o no, contra Borràs.
