Los disturbios obligan a militarizar Bogotá y decretar el toque de queda
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Duque llama al diálogo a quienes protestan contra reformas en materia laboral y de pensiones
24 nov 2019 . Actualizado a las 05:00 h.Colombia se sumó ayer a la América Latina en llamas. Las autoridades decretaron el toque de queda y la militarización de Bogotá, después de que se produjesen hechos violentos en la capital, en el contexto de las protestas contra el Gobierno del derechista Iván Duque, cuyo índice de desaprobación es del 69 %.
Los disturbios se iniciaron el pasado jueves, tras la finalización de una manifestación pacífica enmarcada en una jornada de huelga general, contra las reformas previstas en materia laboral y de pensiones, y en censura de la violencia que viven los defensores de derechos humanos en las regiones del país sudamericano. Fuertes enfrentamientos entre encapuchados y la policía estallaron en varios puntos de la capital, como los barrios del sur, la plaza Bolívar y la zona norteña de Suba. Los disturbios continuaron el viernes, sobre todo en Bosa y Kennedy, al empobrecido sur de Bogotá.
Grupos de encapuchados provocaron destrozos en 76 estaciones del metrobús capitalino, conocido como Transmilenio, y causaron daños en 79 autobuses. Un grupo robó uno de los vehículos y lo estrelló contra un supermercado y lo saquearon.
Ante la amenaza de saqueos en varias zonas de la capital en la noche del viernes, las autoridades llamaron a un toque de queda nocturno, algo que no se producía desde 1977. «Solicito a todos los líderes de Colombia, a todos los ciudadanos, rechazar con contundencia la violencia y la incitación al caos», dijo el viernes Duque tras anunciar la medida, que también prevé la militarización de Bogotá.
«Los que incitan al odio y a la destrucción no representan a los colombianos que han expresado su voz. Ni mucho menos, a las mayorías silenciosas de nuestra nación», añadió el presidente.
Llamamiento al diálogo
Duque también llamó a una conversación nacional a partir del miércoles, aunque no dio respuestas concretas a las exigencias de los ciudadanos. «Invito a los líderes de los diferentes sectores sociales y políticos para que comprometamos los esfuerzos nacionales, mirando hacia el futuro. Para derrotar la desigualdad, la informalidad, y las brechas que dividen a nuestro país», señaló.
Los departamentos de Valle del Cauca y del Norte del Cauca están viviendo la peor parte de la crisis. En Buenaventura, dos personas murieron en la madrugada del jueves al viernes, en el contexto de los saqueos. En Candelaria, murió otra persona, sin que hayan sido reveladas las causas. Pero el peor suceso ocurrió en Santander de Quilichao. En la noche del viernes, varios cilindros explosivos fueron lanzados desde un camión hacia una estación de policía, causando al menos tres muertos y una decena de heridos, según las estimaciones provisionales. Esa zona del país, escenario de luchas entre grupos de narcotraficantes, las disidencias de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) ha vivido varios atentados mortales en los últimos meses, por lo que se tiene cautela a la hora de vincular el suceso a las protestas. «Creemos que se trata de personas desadaptadas, de delincuencia común, que aprovecharon el marco de la protesta para generar esta clase de situaciones», dijo el secretario de Gobierno del Cauca.
Los sectores sociales han llamado a los colombianos a seguir movilizándose. La mayoría de las expresiones de protesta han sido pacíficas, incluidas las caceroladas, inéditas en Colombia desde los años noventa.
La convulsión social se extiende por toda América Latina
Colombia sigue los pasos de otros países de América Latina, continente que está en llamas contra sus dirigentes.
Contra la dictadura. El descontento de la población con las políticas de Nicolás Maduro ha provocado fuertes movilizaciones en la última década, con picos en el 2014, 2017 y en la primera mitad de este año, que han dejado más de 300 muertos. Quienes protestan en las calles consideran al país una dictadura. Se manifiestan contra la corrupción estatal, la represión, la existencia de presos políticos y el empobrecimiento del país, que ha provocado un éxodo de más de 4 millones de personas.
Fraude electoral. El derechista Juan Orlando Hernández ganó las presidenciales al izquierdista Salvador Nastalla por apenas 50.000 votos. Los opositores denunciaron autoritarismo y fraude, y se generaron grandes protestas, que dejaron 31 muertos. Hernández se postuló a la reelección apoyado en un polémico fallo judicial, pese a que las leyes lo prohibían. Las protestas continúan.
Autoritarismo. Una reforma a la seguridad social provocó en el 2018 un estallido social contra el Gobierno del exguerrillero Daniel Ortega. Quienes protestaban denunciaban su autoritarismo -fue reelegido a pesar de que la Constitución lo prohíbe- además de la corrupción estatal, la existencia de presos políticos y la represión. Las protestas dejaron 328 muertos.
Aumento del combustible. Un paquetazo económico con un polémico aumento del combustible decretado por el centroizquierdista Lenín Moreno hizo explosionar, en octubre, el descontento. La protesta, capitaneada por el movimiento indígena local, dejó al menos 11 muertos y 1.500 heridos, hasta que Moreno levantó el aumento y se sentó a dialogar.
El precio del metro. Una pequeña subida del precio del billete del metro en Santiago provocó un estallido social en Chile, a mediados de octubre. Los manifestantes critican el sistema económico neoliberal y, en especial, el elevado precio de los estudios, la deficiente sanidad pública y el sistema privado de pensiones. La popularidad del presidente de centroderecha, Sebastián Piñera, ha caído hasta menos del 15 %. Las protestas han dejado 23 muertos. Piñera accedió a crear una nueva Constitución, pero las protestas continúan.
Fraude electoral. La oposición denunció un fraude monumental en las elecciones del 20N. Evo Morales -que se había presentado a una cuarta reelección a pesar de que la Constitución lo prohíbe- evitó la segunda vuelta por un escaso margen. La oposición salió a las calles durante tres semanas, hasta que la policía se amotinó y Morales renunció tras pedirlo las fuerzas armadas. Se fue a México. Sus seguidores protestan por el autoritarismo del conservador Gobierno interino. Los choques ya han dejado 32 muertos.