La izquierda rupturista carga contra las condenas e insiste en la vía política
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Iglesias señala que Sánchez tiene «la excusa perfecta» para gobernar con el PP
16 oct 2019 . Actualizado a las 08:40 h.Tres semanas le han bastado a Pedro Sánchez para comprobar que, como temía, la conformación de un Gobierno de coalición con Podemos no hubiese sido una buena idea.
La sentencia del Supremo sobre los líderes del 1-O ha dejado en evidencia las enormes diferencias que existen entre el PSOE y Podemos a la hora de responder al desafío secesionista en Cataluña. Mientras el Gobierno en funciones insiste en la separación de poderes y se limita a reafirmar que garantizará el cumplimiento de las penas, tanto Podemos como sus compañeros dentro de la izquierda rupturista presiona al jefe del Ejecutivo para que promueva indultos ante una sentencia que tachan de «injusta».
Iglesias incluso trata de instrumentalizarla para que encaje con su estrategia de campaña, que martillea advirtiendo que los planes de Sánchez pasan por conformar una gran coalición con el PP: «A lo mejor para el PSOE la sentencia es la excusa perfecta para gobernar con el PP», sugirió el secretario general del partido morado en el acto en el que participó este martes en Zaragoza. «Que Sánchez hable de cumplimiento íntegro [de la pena] es una prueba más de su apuesta por gobernar con el PP», denunció el lunes al poco de conocerse la sentencia. Iglesias publicó una ristra de tuits en los que lamentó la «judicialización» del asunto, cuando a su entender la respuesta debería haber sido mediante «cauces políticos». ¿Y la solución? Podemos propone la apertura de una mesa de diálogo «sin excluir ninguna vía», es decir, abriendo la puerta a la celebración de un referendo.
El jefe del Ejecutivo en funciones mantuvo el lunes una breve charla telefónica con Iglesias en la que le solicitó a este su apoyo en caso de verse obligado a adoptar medidas de excepción para sofocar nuevos desafíos de la Generalitat o los boicots a estructuras del Estado, como el aeropuerto de Barcelona. Iglesias dejó claro que no cuenten con él ni para el 155 ni para la Ley de Seguridad Nacional. Incluso acusó al socialista de estar «riverizado» y de agitar el 155 «de forma irresponsablemente electoralista».
Su gran aliada en Cataluña, Ada Colau, se refirió a la sentencia como «injusta», «tan dura que ha creado indignación» y ha causado mucho daño».
Por su parte, el candidato de Más País, Íñigo Errejón, calcó el discurso de sus excompañeros de Unidas Podemos. Durante un acto en Madrid, en el que presentó a sus cabezas de lista para el 10N, Errejón lamentó que los políticos le pasasen «la patata caliente» a los jueces que acabaron dictando una sentencia que motivó que miles de españoles se levantasen el lunes «doloridos y sobrecogidos», generando, a su juicio, una «situación de mayores heridas y distancia entre Cataluña y el resto de España». El candidato de Más País se mostró también crítico con Sánchez, al que alertó para que no contraiga «el virus de Rajoy, el de la inacción».
Vox tampoco lo digiere bien
Pero la sentencia no solo ha caído mal en los estómagos de la izquierda rupturista. La digestión en el otro extremo del tablero político tampoco está siendo agradable. Los dirigentes de Vox reiteran que no la comparten.
Algo más comedida, pero en esencia de forma similar a Santiago Abascal, se pronunció la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, quien mostró su «decepción con algunos aspectos» y cuestionó la «idoneidad» de publicarla a tres semanas de las elecciones generales.
El desafío secesionista costó 2,35 millones, según el Supremo
m. b./ m. s.
La sentencia sobre el procés detalla el dinero público destinado a financiar el referendo ilegal del 1 de octubre del 2017, que supera los 2,35 millones de euros. La sala, no obstante, determinó que cualquier responsabilidad civil de los cuatro condenados por malversación de caudales públicos, Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, sea resuelta por el Tribunal de Cuentas, tal y como ocurrió con Artur Mas, en la consulta del 9 de noviembre del 2014. Estas son algunas de las facturas acreditadas por el Supremo.
1.250.000
Sobres y papeletas. Los sobres y las papeletas del 1-O sumaron el grueso de la factura. La UTE Nothingad y Kardumen emitió un gasto de 97.332 euros por la difusión del Registro de Catalanes en el Exterior a través de Internet. El Consorcio Catalán de Medios Audiovisuales difundió esos mismos anuncios en televisión, radio y medios digitales que gestiona y giró a Presidencia dos facturas de 93.179 euros y 184.624 euros. En cuanto al material, la Generalitat encargó a Unipost la distribución de 56.000 cartas certificadas con nombramiento de cargos en las mesas electorales y 5.346.734 sobres con tarjetas censales, que supuso un coste de 979.661 euros.
361.000
La difusión del Registro de Catalanes en el Exterior, además de la activación de la web referendum.cat, generó devengos por 220.253 euros. A esto se suma el contrato público DFP-Creativitat y producción Campanya registre cat.exterior, para el que se adjudicó a la mercantil Estudi Dada por 10.829 euros. Por la ejecución de esa inserción publicitaria, otra empresa, Focus Media, facturó 130.863 euros.
365.000.
Por el contrato del observador Paul Sinning, director de la institución The Hague Center for Strategic Studies, se abonaron 119.000 euros. El llamado programa de visitantes internacionales costó 64.654 euros, así como los honorarios al grupo de Helena Catt, 114.592 euros, más 62.712 euros en alojamientos, viajes y otros conceptos. Un miembro del equipo central, Michael Grange, abogado y analista irlandés, dirigió un debate. Se le dieron 4.873 euros.
280.000
Las visitas de un grupo de parlamentarios europeos tuvo un coste para la Generalitat de 43.341 euros. La contratación de un equipo de investigación experto en elecciones internacionales -International Election Expert Research Team- alcanzó los 177.304 euros. Del mismo modo, la contratación de una consultora en Estados Unidos durante tres meses para hacer tarea de lobby sobre el referendo ilegal ascendió a 60.000 euros.
92.000
Asistencia técnica para el referendo ilegal. La sentencia detalla el gasto 5.000 euros de unos 130.000 previstos en la empresa tecnológica DXC, por la asistencia técnica de la web referendum.cat. También se detallan gastos asociados a la retribución a un particular, Teresa Guix Requejo, quien facturó 2.700 euros y 350 euros más IVA; así como la adjudicación a Havas Media Group Spain, que facturó con su anterior denominación social, Media Planning Group, 84.050 euros más IVA, en total: 101.700. Este gasto incluía la inserción del anuncio en el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Le Monde, Le Soir, De Stanndaard, Corriere della Sera y The Financial Times.