Lledoners, la cárcel de cinco estrellas donde los líderes secesionistas esperan la sentencia viviendo a cuerpo de rey
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Aunque la Generalitat niega que reciban trato de favor, la denuncia de un funcionario, ahora expedientado, indica lo contrario
14 oct 2019 . Actualizado a las 08:39 h.Inaugurada hace poco más de una década, a finales del 2008, la cárcel de Lledoners nada tiene que ver con los antiguos centros penitenciarios. Ubicada a 65 kilómetros de Barcelona, en Sant Joan de Vilatorrada, está entre las consideradas prisiones «de lujo», buques insignia de una política penitenciaria renovada, que buscaba instalaciones modernas, cómodas y humanas. Como las madrileñas de Soto del Real o Estremera, donde también han estado internados los líderes secesionistas catalanes en estos casi dos años de prisión preventiva, la de Lledoners cuenta con celdas individuales con baño propio y ducha privada, además de zonas verdes, espacios deportivos, piscina o área para realizar talleres. Pero, al margen de unas instalaciones de cinco estrellas, la denuncia de un funcionario de la cárcel ha puesto negro sobre blanco que los siete presos del «procés» recluidos en Lledoners (el exvicepresidente Junqueras y los exconsejeros Turull, Rull, Forny Romeva, además de Sánchez y Cuixart) reciben un evidente trato de favor. La Generalitat, que lo niega, le ha abierto un expediente.
Según publicó el diario El Mundo, citando fuentes sindicales e informes internos de la prisión, el listado de «privilegios» de los políticos presos es largo e incluye desde estar ubicados en las celdas con las mejores vistas (las que dan al camino que conecta su módulo, el 2, con el resto de módulos de la cárcel) hasta disfrutar de libertad de movimientos (puerta abierta incluida, porque a Junqueras le agobian los espacios cerrados) o médico privado (han recibido al menos tres visitas de otros tantos facultativos, al margen de los que atienden al resto de internos). También reciben comida del exterior -los funcionarios independentistas se la llevan e incluso se la conservan «en la nevera del economato», relatan-, y un elevado número de visitas, que algún día rebasó el medio centenar entre los siete presos. Y es que las visitas «institucionales» se han convertido en una suerte de colador en el que caben, no solo los cargos públicos en ejercicio, como el presidente de la Generalitat, sino cualquier «ex» cargo (un ejemplo es la periodista y activista Pilar Rahola, exdiputada de ERC).
A lo anterior se suman también las salidas de la prisión que les han sido concedidas -la más reciente, a Jordi Cuixart por el nacimiento de su bebé-, permisos en los que, además, según las mismas fuentes, van en coches camuflados de los Mossos, sin el logotipo del cuerpo policial y con agentes de paisano, mientras que ellos son trasladados sin esposas.
El jefe de servicios de la prisión que denunció estos hechos, en un informe fechado el pasado 20 de septiembre, pedía amparo a la directora de Llendores, alegando que era víctima de un acoso sin precedentes por parte del gerente y de la subdirectora de tratamiento, que querían forzar su expulsión del centro precisamente por no plegarse a dispensar un trato diferenciado a los cabecillas secesionistas. Sin embargo, la respuesta de la Generalitat ha sido abrirle un expediente disciplinario que podrían acabar con su traslado a otra prisión. La consejera de Justicia, Ester Capella, echaba tierra sobre el asunto esta semana al responder a la interpelación que, sobre estos presuntos privilegios, le formuló el diputado de Ciudadanos Manuel Rodríguez.
Capella aseguró que en Lledoners se aplicaba la ley y el reglamento penitenciario y que «todos los presos tienen los mismos derechos», además de negar que el expediente al funcionario que denunció el trato de favor respondiera a tal motivo, sino a que incumplió la orden de un superior para garantizar la seguridad del centro. En cualquier caso, existen informes de los fiscales de vigilancia penitenciaria de Cataluña que constatan «distintas situaciones anómalas» en relación con los presos independentistas. Cabe recordar que, de resultar condenatoria la sentencia del Supremo, como todo apunta a que será, cumplirán sus penas en Cataluña. La polémica -otra más- está servida.
