Los abogados del informante advierten de que los ataques de Trump ponen en riesgo su seguridad

Está el dedo y está la luna. Es decir, está el denunciante (whistleblower) y está el denunciado (Donald Trump). El segundo quiere poner el foco sobre el primero, un clásico de la distracción, pero en Estados Unidos las quejas anónimas exigen la protección del confidente. Trump, sin embargo, siempre tan presto a delimitar el poder a su antojo, quiere «encontrarse con su acusador», porque para él no es un whistleblower, sino alguien que podría haber sido desleal al país al poner una queja «falsa» sobre una información «en gran medida incorrecta» de la que se enteró de oídas porque otros se la transmitieron «de forma ilegal». Y esas personas, las fuentes del informante, podrían ser acusados de «espías» y por ello sufrir «¡grandes consecuencias!». La semana pasada, el presidente sugirió incluso castigos aplicados «en los viejos tiempos».

Trump quiere saber quién es el confidente, pero los únicos que podrán tener acceso a él son los miembros del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, con quienes ha llegado a un acuerdo para testificar próximamente. Lo anunció su presidente, el demócrata Adam Schiff, a quien ayer Trump sugirió que arrestaran «por traición». Con el presidente echando humo y disparando en todas direcciones, los abogados del whistleblower enviaron una carta al Congreso para comunicar su preocupación por la seguridad de su cliente y solicitando que «hablen públicamente a favor» de él y condenen «cualquier intimidación». En ella incluyen los comentarios amenazadores de Trump.

Según informa The New York Times, la denuncia estuvo a punto de quedar sepultada bajo la alfombra. Con el objetivo de mantenerse en el anonimato, el confidente utilizó a un compañero como intermediario para transmitir su queja a los servicios jurídicos de la CIA. En cumplimiento de los protocolos, la CIA se puso en contacto con la Casa Blanca y el Departamento de Justicia, dirigidas respectivamente por Donald Trump y por el fiscal general William Barr, ambos citados por el informante. El departamento de Barr dejó morir la denuncia. El confidente inició en paralelo el proceso previsto para los whistleblowers, que obliga a ponerla en conocimiento del Congreso. El papel del inspector general de Inteligencia, Michael Atkinson, advirtiendo a los comités de la existencia de la queja, fue clave para que saliera a la luz.

Adicto a la conspiración

Durante la llamada entre Donald Trump y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, el estadounidense no solo le pidió a su homólogo que investigara al exvicepresidente Joe Biden y a su hijo (motivo principal de la apertura en el Congreso del proceso de impeachment), sino que Trump dejó caer el interés en que su homólogo indagara en una teoría conspirativa según la cual no fue Rusia quien trató de interferir en las elecciones del 2016, sino Ucrania y los demócratas, que se conchabaron para perjudicar a Trump. En una entrevista televisiva, Thomas Bossert, primer asesor de Seguridad Nacional de Trump, declaró con «profunda frustración» cómo el propio personal de la Casa Blanca le advirtió repetidamente al presidente que su teoría sobre el papel de Ucrania está «completamente desacreditada».

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