La futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quiere impulsar un SMI «digno», pero necesita de la implicación de los gobiernos
04 ago 2019 . Actualizado a las 11:50 h.Un salario mínimo para una vida «digna». Es la promesa que formuló en la Eurocámara la futura presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para ganarse la simpatía de rivales políticos y ciudadanos europeos. La demanda es un clamor que han hecho suyo algunos partidos, desde la izquierda al espectro del centroderecha, aunque el bautizado como Pilar Social Europeo ya lo contempla desde el año 2017. Otra cosa es que las capitales y Bruselas lo hayan ignorado sistemáticamente. «Los trabajadores tienen el derecho a salarios justos que les permitan llevar unos estándares de vida decentes. Deberán garantizarse unos salarios mínimos adecuados, de forma que se puedan satisfacer las necesidades de los trabajadores y sus familias», advierte su artículo seis.
Alemania lo introdujo en el 2015. Y no porque lo quisieran los conservadores. El partido de la canciller, Angela Merkel, y la hasta ahora ministra de Defensa, Von der Leyen, se vio obligado a introducir a regañadientes un suelo salarial de 1.440 euros por petición expresa de sus socios socialdemócratas de coalición. Una medida que ahora se quiere extender al conjunto de la UE. ¿Es realmente necesaria? Si hablamos de países donde los sindicatos apenas tienen poder negociador, sí. En Dinamarca, Suecia, Finlandia, Italia, Austria y Chipre, los trabajadores todavía no disponen de una retribución mínima por ley. Los tres primeros países son de los más desarrollados y ricos de la UE.
El amplio poder negociador de sus sindicatos, quienes dialogan directamente con los empresarios para pactar los convenios, permite al Estado no intervenir para fijar unos salarios mínimos que van desde los 1.500-2.380 de Suecia, los 1.720-1.790 de Finlandia y los 2.500 de Dinamarca. Sus rentas medias están a la cabeza de la UE, según Eurostat.
Pero... ¿Es efectivo el SMI? Depende de cómo se plantee. Allí donde se ha deteriorado la capacidad negociadora de los trabajadores, sí. Es más, la mejora gradual de las condiciones salariales y laborales «conduce a una mayor productividad» de los empleados, sostiene el economista Joseph Stiglitz, quien cree que además de aplicar un salario mínimo en cada país de la UE, sería necesario «adaptarlo al coste de vida» para garantizar que sea digno, y extenderlo «a todos los trabajadores».
Los gobiernos deciden
Hay muy poco terreno sobre el que Von der Leyen pueda trabajar en materia laboral o sobre el que no se haya trabajado. La alemana sabe que sus competencias para lograr implantar esquemas salariales mínimos y decentes son muy limitadas. La propia Comisión Europea admite que «la mayor parte de las herramientas para activar el Pilar están en manos de los Estados miembro». Bruselas se limita a orientar el debate y proponer iniciativas que, en última instancia, pueden abrazar los Veintiocho si se dan las condiciones. Es el caso de la Directiva sobre Transparencia y Predictibilidad de las Condiciones Laborales, que deberá entrar en vigor en el 2022. En ella se insiste en lograr «ciertos estándares mínimos» a través de la negociación de convenios colectivos. Pero lo cierto es que las cancillerías van por libre. El Gobierno polaco propuso subir el salario mínimo en el 2020 en un 8,9 %, de los 523 a los 600 euros.
El mismo caso que Francia. La precariedad en el mercado de trabajo fue el detonante de las revueltas en varias ciudades galas desde que Emmanuel Macron llegó al Elíseo. El Gobierno tuvo que anunciar un aumento del salario mínimo en el 2019 hasta los 1.521 euros para poder aplacar la ira de los chalecos amarillos. En lo que se refiere a España, la subida vino precedida de promesas electorales y de una recuperación desigual de la crisis, cuyo peso recayó sobre las espaldas de las rentas medias y bajas. Hasta Grecia decidió subir este año el suelo salarial un 11 %. Lo hace después de varios años de travesía por el desierto. Fue el único país que se vio obligado a reducir el salario mínimo desde el inicio de la crisis y todavía no ha recuperado el suelo que tenía antes de firmar su primer rescate.
Con todo, persisten las dudas sobre su oportunismo. Eurofound admite en un informe reciente (2019) que el alza del salario mínimo puede tener efectos positivos en el incremento de la demanda interna, de la oferta laboral, en reducir los niveles de pobreza y en alentar a las compañías a apostar por una senda de mayor productividad. Pero también insiste en la teoría de que «las subidas repentinas y altas de los salarios mínimos puede que sean populares, pero también pueden causar la destrucción de algunos empleos, con el riesgo de que se reduzcan las horas de trabajo de los empleados -y por lo tanto sus ingresos-, llevando a algunos sectores a perder su competitividad internacional». Los países con los salarios mínimos más altos tienden a ejecutar subidas mucho más modestas, del 2 % en el caso de Francia, Bélgica, Países Bajos y Alemania.
Chipre e Italia están en otra fase. Han abierto un proceso de consultas para explorar la posibilidad de introducir algún esquema (negociador o a través de fórmulas económicas) para establecer un suelo salarial universal. «Europa necesita más justicia social, con un salario mínimo en cada Estado miembro para que los jóvenes no trabajen más por unos pocos euros la hora», exigía en el mes de febrero el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, y candidato malogrado a presidir la Comisión Europea.
El guante lo ha recogido Von der Layen, quien se comprometió a defender a capa y espada esta iniciativa a pesar de que algunas capitales no quieren cerrar ningún compromiso vinculante. Y son justamente las que tienen mayores niveles de bienestar social. Esto pone de relieve que el problema no está en la instauración de un salario mínimo, sino en su montante, en la fórmula para ajustar el suelo salarial a las condiciones socioeconómicas de cada país y en la convergencia con el resto de países europeos. En el 2010, un trabajador búlgaro percibiendo el salario mínimo solo tenía el 17 % de la capacidad adquisitiva de sus pares luxemburgueses, una brecha que se ha reducido en los últimos años, pero sigue siendo insostenible.
Una fórmula común
Hay países como Bulgaria, Hungría, Letonia, Eslovaquia y España que ni siquiera cuentan con una fórmula o una lista de criterios para poder establecer el SMI. La clave no es, como bien reza el Pilar Social Europeo, establecer un SMI, sino un SMI adecuado y justo. En Estonia y Polonia, el volumen se determina según el desarrollo económico, vinculando las subidas al aumento del PIB y la productividad laboral.
En España, la subida del SMI hasta los 900 euros a principios de año fue muy contestada por el Banco de España, que alertó de la pérdida de empleo. Lo ocurrido a partir de entonces, con el mercado laboral español sin apenas resentirse, ha puesto en entredicho al regulador.