La demanda por el pazo de Meirás dice que la escritura es «un texto simulado y nulo»
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Franco falseó el título de propiedad del edificio, según la investigación de la Abogacía del Estado
12 jul 2019 . Actualizado a las 12:59 h.«La situación posesoria de Francisco Franco y sus herederos [sobre el pazo de Meirás] se basa en un título, la escritura de compraventa de 1941, que es un texto simulado y completamente nulo, y cuya finalidad exclusiva era permitir, en el futuro, una posesión de Franco y sus herederos a título particular». Esta es una de las conclusiones a las que llegan los servicios jurídicos del Estado en la demanda presentada este miércoles en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de A Coruña contra los herederos de Franco por entender que la compra del pazo de Meirás fue simulada y fraudulenta y se falseó el título con el que se registró. En la demanda se reclama para el Estado la propiedad del inmueble, también conocido como Torres de Meirás.
Para esa reclamación, la Abogacía del Estado tiene en cuenta la forma supuestamente fraudulenta en la que se adquirió el pazo, que este se gestionó con fondos y personal públicos y que durante la dictadura fue utilizado como residencia veraniega del jefe del Estado, como sede de Consejos de Ministros y como escenario de audiencias oficiales.
Los hechos en los que se basa el escrito judicial se inician en marzo de 1938, cuando se constituye la Junta pro Pazo del Caudillo, de la que formaban parte el gobernador civil y varios alcaldes de A Coruña. Se creó para adquirir un inmueble que fuese la residencia veraniega de Franco. En agosto de ese año, la propietaria del pazo de Meirás, Manuela Esteban Collantes, viuda del hijo de Emilia Pardo Bazán, vende el inmueble a la Junta pro Pazo por 406.346 pesetas. La escritura de esta compraventa era desconocida hasta que fue hallada ahora por los abogados del Estado en sus investigaciones.
La segunda venta
Tres años después, el 24 de mayo de 1941 se produce un hecho fundamental para esta demanda. El pazo vuelve a ser vendido por Manuela Esteban Collantes, pero esta vez el comprador es el propio Francisco Franco. En la escritura figura Pedro Barrié de la Maza en su representación. Según los servicios jurídicos del Estado, en ese acto «se genera artificiosamente la apariencia de que Francisco Franco adquiría ese inmueble por un precio de 85.000 pesetas». En la demanda se asegura que todos los que intervinieron en la segunda compraventa, la del año 1941, eran necesariamente conocedores de la existencia de la venta anterior, la de 1938, puesto que todos habían intervenido en ella. La Abogacía del Estado concluye que a la vista de las pruebas resulta evidente que Francisco Franco no adquirió por título de compraventa el pazo ni, por lo tanto, pagó nada por él, ya que el inmueble había sido adquirido previamente por la Junta pro Pazo, que lo había donado al jefe del Estado.
En su escrito, el Estado señala que la pretensión de Franco y de sus herederos de presentarse como propietarios a título particular «se basa en una simulación y en una ocultación de la realidad». En esa tesis abundó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que dijo en TVE que los Franco habían «actuado contra derecho». Después, la vicepresidenta, Carmen Calvo, añadió que el Ejecutivo socialista tiene «argumentos de carácter muy sólido, documentos, instrumentos y posición jurídica para defender la titularidad pública del pazo».
Una petición unánime del Parlamento gallego
Calvo recordó que el estudio jurídico de la Abogacía del Estado se realizó cumpliendo la resolución de julio del 2018 del Parlamento de Galicia en la que se instaba al Estado a ejercitar acciones legales para recuperar el pazo de Meirás para el patrimonio público. En la demanda, el Estado pide la nulidad de la donación de la finca hecha en 1938 «al autoproclamado jefe del Estado»; que se anule el contrato de compraventa celebrado en escritura pública el 24 de mayo de 1941 y que se declare la ineficacia de la escritura de la herencia de Francisco Franco fechada en mayo de 1976.
Era como una dependencia de El Pardo
Desde 1938 a 1975 el pazo de Meirás fue residencia oficial de verano del jefe del Estado y sede de los Consejos de Ministros estivales y también acogió actos y reuniones oficiales del ámbito del Estado. Según la demanda, el pazo «se gestionaba de forma idéntica» al palacio de El Pardo, que era la residencia oficial del jefe del Estado, «siendo considerado incluso como una dependencia del mismo». Esa gestión se hacía con cargo a fondos públicos, lo mismo que los gastos de personal adscrito a la Casa Civil, que se desplazaba desde El Pardo a Meirás.
La Xunta estudia personarse
Aunque en la mañana de este jueves Feijoo veía dificultades de legitimación para que la Xunta se personase en el proceso iniciado por la Abogacía del Estado, a última hora de la tarde dijo que, en una primera evaluación, los servicios jurídicos autonómicos han visto posible que la Xunta se persone en el proceso para recuperar la propiedad pública del pazo de Meirás, informa Juan Capeáns. «Si se confirma esta valoración inicial, lo haremos», añadió el presidente de la Xunta, que indicó: «Estamos satisfechos de que la Abogacía del Estado concuerde con los criterios jurídicos de la Xunta y con la voluntad unánime expresada en el Parlamento de Galicia».
«Es una estrategia de acoso y derribo del Gobierno»
El abogado de la familia Franco, Luis Utrera Molina, asegura que la demanda presentada por el Gobierno en un juzgado coruñés se enmarca dentro de la «estrategia de acoso y derribo» del Gobierno de Pedro Sánchez contra la familia Franco. Utrera Molina dijo que «cualquier demanda que ponga en duda la legitimidad de la titularidad del pazo de Meirás está encaminada a ser absolutamente desestimada».
