Hasta 800.000 interinos, a la espera de que una sentencia europea los haga indefinidos

Cerca de 800.000 funcionarios interinos y temporales de las distintas Administraciones españolas esperan con el aliento contenido a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicte en otoño una sentencia que les puede cambiar la vida. Al menos, en lo laboral, puesto que el tribunal comunitario deberá decidir si, tras años encadenando contratos eventuales, tienen derecho a ser nombrados indefinidos.

Es el de Luxemburgo es el último paso de una demanda múltiple que ha ido creciendo como una bola de nieve, hasta acumular cerca de 5.000 particulares ante el tribunal europeo. Se trata de médicos, profesores y una larga lista de profesionales que en la mayoría de los casos accedieron a su puesto a través de oposiciones que aprobaron sin plaza o de concursos públicos de mérito y que, después de muchos años, alegan que sufren una situación «discriminatoria» respecto a los fijos, con menores retribuciones y sin ninguna estabilidad en el empleo.

El abogado Javier Arauz, que representa a los demandantes, denunció ayer el «abuso de la temporalidad» en las Administraciones españolas, con trabajadores que llevan de 10 a 35 años ocupando un puesto de forma interina.

Aunque la cifra de afectados es difícil de concretar, el letrado estima que hay cerca de 800.000 empleados públicos en situación de temporalidad continuada (otras fuentes rebajan el cálculo a casi la mitad), lo que supondría un 30 % de los trabajadores del sector público, aunque hay organismos o servicios donde el porcentaje de temporalidad roza el 80 %, como las urgencias de la Comunidad de Madrid.

Los demandantes critican que, mientras se aprieta a las empresas privadas, a las que se penaliza la temporalidad y se les imponen controles como el registro horario, la Administración actúa con manga ancha con su propio personal. Y esgrimen la directiva comunitaria relativa al trabajo temporal, que entró en vigor en el 2001 y que prohíbe la discriminación entre el personal fijo y temporal y el abuso en la temporalidad sucesiva para evitar la precarización.

Un argumento que validó el propio Tribunal Supremo cuando, hace pocas semanas, hizo indefinida a una interina de la Xunta que llevaba más de 20 años cubriendo una vacante en un centro de servicios sociales de Ribadavia. En ese caso, el alto tribunal, que confirmó un fallo previo del TSXG, justificó su decisión en que el contrato, suscrito en 1995, era «fraudulento dado el tiempo transcurrido sin la convocatoria del proceso selectivo para la cobertura de la vacante». Un plazo que, explicaba, no puede superar nunca los tres años, sobre todo cuando «brillan por su ausencia las actuaciones tendentes a lograr la definitiva cobertura de la plaza o a propiciar su amortización», argumentaba la sentencia.

Sentencia en octubre

Ahora, el Tribunal de la UE tendrá que pronunciarse sobre una cuestión prejudicial relativa al caso de tres interinos del Servicio Madrileño de Salud que llevan entre 12 y 18 años encadenando contratos temporales. Si el fallo es favorable a los trabajadores, se podría producir un efecto en cascada sobre el resto del colectivo, ya que las sentencias europeas son vinculantes y priman sobre las normas nacionales.

Esto provocaría un verdadero quebradero de cabeza, teniendo en cuenta que en los últimos meses se han anunciado ofertas públicas de empleo con miles de puestos en juego. Y si hay que hacer indefinidos a los interinos actuales, habría que recolocar luego a los que saquen plaza en estos procesos. Aunque cabe también la posibilidad de que aunque Luxemburgo dictamine que España vulnera los derechos de los interinos, estos no se conviertan automáticamente en fijos, sino que las plazas salgan a concurso.

Tras la vista oral celebrada en mayo (en la que los representantes de la Comisión Europea se pronunciaron a favor de las reclamaciones de los interinos españoles), estaba previsto que Juliane Kokott, la abogada general de la UE encargada del caso, publique este jueves sus conclusiones -que normalmente marcan el camino al fallo posterior-, pero ha pedido un aplazamiento hasta el 5 de septiembre por sobrecarga de trabajo. Por este motivo, la sentencia definitiva del TJUE no estaría lista hasta octubre, según los cálculos del abogado que lleva el caso.

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