La Fiscalía acusa por primera vez de organización criminal a 28 altos cargos de la Generalitat por el 1-0

La Fiscalía de Barcelona ha pedido que se procese por un delito de organización criminal a 28 de los imputados por los preparativos del 1-O, además de los de malversación, prevaricación, desobediencia, falsedad documental y revelación de secretos de los que ya los acusa la juez.

El ministerio público ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso Efe, ante la titular del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona en el que pide añadir ese delito a 28 de los investigados por organizar el 1-O, entre ellos la cúpula de la radio y la televisión públicas catalanas y varios exaltos cargos de la Generalitat de Carles Puigdemont.

En el auto que la Fiscalía pide ahora corregir, la juez acordó el procesamiento de una treintena de procesados por los preparativos del 1-O, a 17 de ellos por un delito de malversación, por lo que les ha impuesto una fianza de 5,8 millones de euros.

El ministerio público considera, no obstante, que la conducta de los procesados por organizar el referendo «ha sido conjunta y coordinada, de forma tal que ante las resoluciones del Tribunal Constitucional en las que se suspendía y después se declaraba la inconstitucionalidad de resoluciones o leyes del Parlamento catalán, se ha continuado con la hoja de ruta que tenían marcada cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades».

En opinión de los tres fiscales del caso -dos de ellos los de Anticorrupción Teresa Duerto y Fernando Maldonado-, en el caso de los 28 procesados concurren los requisitos de jerarquía, reparto de papeles y vocación de estabilidad o permanencia en el tiempo que exige el delito de organización criminal, castigado con penas de hasta ocho años de cárcel.

Para la Fiscalía, «este complejo de personas con organigrama y planificación previa, pertrechadas normalmente con medios adecuados a los fines delictivos propuestos, hace que resulte más difícil al Estado luchar contra tales redes perfectamente estructuradas, que a su vez realizan, lógicamente, operaciones de mayor envergadura».

Los fiscales creen que existió una jerarquía dada la «participación del presidente de la Generalitat», procesado por rebeldía en la causa del Supremo, «de su vicepresidente (también acusado) y de altos cargos de la Generalitat (consejeros también acusados en el mismo procedimiento».

También hubo, en opinión del ministerio público, «jerarquía, pluralidad y reparto de papeles», puesto que el propio auto de la magistrada sostiene que los procesados delinquieron presuntamente «dentro de sus respectivos ámbitos de actuación, siguiendo las directrices marcadas por los distintos departamentos de la Generalitat».

La Fiscalía observa también un «objeto delictivo» en los acusados, que, según el auto de la juez, con el «firme propósito de celebrar el referendo hacia la independencia realizaron actuaciones y algunos dictaron resoluciones con las que dispusieron de fondos públicos». Y la «estabilidad y permanencia en el tiempo», según los fiscales, se desprende de la afirmación de la juez de que los procesados operaron para materializar «el firme propósito de la Generalitat, exteriorizado con intensidad creciente desde el 2012, en celebrar una consulta refrendaria».

Medios públicos

En concreto, la Fiscalía pide atribuir organización criminal a 28 investigados y solicita que se procese -por este delito y también por desobediencia- a la exdirectora de la Autoridad Catalana de Protección de Datos (APDCAT) Àngels Barberà, que estuvo imputada pero a quien la juez instructora decidió finalmente archivarle el caso.

De los treinta procesados, la Fiscalía pide exculpar a Montserrat Vidal, exresponsable del área de Procesos Electorales y Consultas Populares de la Generalitat, así como a José Maria Gispert, gerente de la empresa donde se imprimieron documentos vinculados al 1-O, y a Meritxell Massó, exsecretaria general de Gobernación, a quienes la juez procesó por desobediencia.

De esta forma, la Fiscalía pide procesar por organización criminal, entre otros, a varios exaltos cargos del Gobierno catalán: Antoni Molons -secretario de Difusión-, Joaquim Nin -secretario general de Presidencia-, Jaume Clotet -director general de Comunicación-, Josep Ginesta-, Francesc Sutrias -director general de Patrimonio- y Aleix Villatoro -secretario general de Relaciones Internacionales y Exterior.

También pide añadir nuevos cargos contra los responsables de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) ya procesados, como los directores de TV3, Vicent Sanchis, y Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, y la presidenta de CCMA, Núria LLorach.

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