Trudeau, ante su peor crisis por instar a la Fiscalía a favorecer a una constructora
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La exfiscal general lo acusa de presionarla para evitar su procesamiento por sobornos
02 mar 2019 . Actualizado a las 08:47 h.La impoluta imagen del primer ministrio canadiense, Justin Trudeau, acaba de empañarse con un enorme lamparón que puede costarle la reelección en los comicios generales del próximo octubre. Trudeau ha tenido que salir al paso de las acusaciones de su exministra de Justicia y exfiscal general -cargos que se simultanean en Canadá-, Jody Wilson-Raybould, de haberla presionado de manera «consistente y sostenida» para evitar el procesamiento de la mayor constructora del país, SNC-Lavalin, sospechosa de sobornos y fraude en la Libia de Moammar Gadafi.
El escándalo, por el momento, se ha saldado con la dimisión de la ministra, que ahora ocupaba la cartera de Veteranos, y la del mano derecha de Trudeau, Gerald Butts, y con una remodelación del Gobierno anunciada ayer. Además, la oposición, liderada por el Partido Conservador, ha exigido que el primer ministro dimita y que la policía investigue las acusaciones de la exfiscal general.
Sin llegar a negar la acusación, tanto Trudeau como los colaboradores implicados en el escándalo aseguran que no hicieron nada ilícito. «Los miembros de mi personal y yo hemos actuado siempre de forma apropiada y profesional. Estoy totalmente en desacuerdo con la caracterización que la exministra de Justicia ofreció en su testimonio», afirmó el primer ministro.
De hecho, el argumento principal de Trudeau contra la acusación de su exministra es que si trató de evitar el juicio contra SNC-Lavalin, que tiene casi 50.000 trabajadores en todo el mundo de los que 3.400 trabajan en Quebec, fue para proteger los empleos nacionales. «Siempre hemos defendido y protegido empleos en Canadá. Pero siempre lo haremos respetando las normas», añadió.
En la práctica, una condena a SNC-Lavalin -que está acusada de pagar 48 millones de dólares canadienses (32 millones de euros) en sobornos al entorno de Gadafi para asegurarse contratos entre el 2001 y el 2011- supondría que durante una década no podría optar a contratos federales. En cambio, si la fórmula para resolver el caso fuese la del acuerdo de procesamiento diferido, que Trudeau trató de conseguir, la compañía pagaría una multa y evitaría el proceso penal por corrupción.
«Amenazas veladas»
Las acusaciones de la exfiscal general se produjeron este jueves ante el Comité de Justicia de la Cámara Baja del Parlamento y en ellas nada apunta a que los métodos de Trudeau y sus colaboradores fueran lícitos.
«Durante cuatro meses, de septiembre a diciembre [del 2018], experimenté un esfuerzo consistente y sostenido por parte de muchas personas del Gobierno para conseguir que interfiriese políticamente en el ejercicio de la discreción de la fiscalía en mi papel como fiscal general de Canadá en un esfuerzo inapropiado para asegurar un acuerdo de enjuiciamiento diferido para SNC-Lavalin», dijo Wilson-Raybould, que fue destituida de su cargo el 14 enero y nombrada ministra de Veteranos. Dos semanas después un periódico reveló que había sido objeto de presiones en este caso y dimitió.
En su declaración ante el Parlamento, la exministra aseguró incluso que recibió «amenazas veladas» y que, además de apelar a los empleos, Trudeau y su entorno le advirtieron del coste electoral del procesamiento en un estado clave como Quebec, donde está la sede de la compañía.