Pablo Casado le acusa de haberlos empleado «como escudos» para salvar su cargo
28 feb 2019 . Actualizado a las 07:58 h.«Todos los ministros cumplen con los criterios de ejemplaridad que nos pusimos como listón». Pedro Sánchez salió este miércoles en defensa de los miembros de su gabinete que están cuestionados por haberse beneficiado mediante sociedades patrimoniales con el único objetivo de pagar menos impuestos de lo que le correspondería a cualquier ciudadano de a pie.
La responsable de Economía, Nadia Calviño, el ministro de Ciencia e Innovación, Pedro Duque, y la portavoz del Gobierno, Isabel Celáa, así como la secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda, están bajo sospecha de no haber actuado de la forma más ética posible. Al menos según lo que predicaba Sánchez cuando todavía era jefe de la oposición, quien garantizaba ante las cámaras que «jamás admitiría en su Ejecutivo a alguien con una sociedad instrumental».
Preso de sus palabras
Sánchez solo fue preso de sus palabras con su primer ministro de Cultura, el televisivo Màxim Huerta, que apenas duró un fin de semana en el cargo antes de haber sido forzado a dimitir cuando se destaparon sus irregularidades. Inmediatamente después llegó el caso de Montón, responsable de Sanidad, que fue expulsada del Gobierno por el caso de máster. Casi de forma consecutiva llegaron el escándalo del chalé en la playa de Pedro Duque, y, aún sin estar directamente relacionado con la ingeniería tributaria, las escuchas de Dolores Delgado y Villarejo, momento en el que Sánchez decidió asumir el desgaste que conllevaba aguantarlos y dejar de cortar cabezas, no fuese que la siguiente fuera la suya misma, con una tesis en entredicho. Al menos esto es de lo que le acusó Pablo Casado en el debate de ayer en el Congreso: «Se dio cuenta de que tenía que empezar a usar a sus ministros como escudos humanos», dijo..
Para el presidente del PP son siete los ministros o secretarios de Estado que deberían estar en la calle, según el listón fijado por Sánchez poco antes de la moción de censura. Junto a estos, también incluye al titular de Exteriores, Josep Borrell, recientemente sancionado con una multa por haberse beneficiado de información privilegiada para vender acciones de Abengoa horas antes de su quiebra. Génova también pone sobre la mesa la sociedad patrimonial del candidato socialista a la alcaldía de Madrid, el exseleccionador de baloncesto Pepu Hernández, impuesto por decreto por el secretario general.
Sánchez no quiso enredarse mucho este miércoles con este asunto, junto a Venezuela y el brexit, uno de los tres temas del día fijados para el debate extraordinario en el Congreso, y prefirió anteponer legalidad a la moralidad, al contrario de lo que hacía cuando era jefe de la oposición. «Todos los ministros cumplen con sus obligaciones fiscales y utilizan figuras legales en su gestión de renta y patrimonio», dijo, asegurando que el objetivo de estos no era enriquecerse.
El resto del debate volvió a convertirse en un cruce de acusaciones entre todos los grupos políticos, que desde hace dos semanas viven instalados en un absoluto clima de precampaña.