No responde a las preguntas del fiscal, al igual que hizo el exvicepresidente de la Generalitat
19 feb 2019 . Actualizado a las 19:59 h.El exconsejero de Acción Exterior de la Generalitat, Raül Romeva, ha seguido la línea marcada por Oriol Junqueras en la primera jornada del juicio por el desafío secesionista y ha convertido su declaración ante el Tribunal Supremo en una especie de conferencia ideológica en la que se ha mostrado como un «preso político» injustamente encarcelado. Romeva se ha cuestionado, como lo hizo Junqueras, si defender el derecho de autodeterminación es un delito.
Si quien ha contestado a las preguntas de la Fiscalía ha sido el exconsejero de Presidencia Jordi Turull, que ha asegurado que «no se gastó ni un euro en el referendo» del 1 de octubre de 2017, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional. Turull, que se enfrenta a una petición fiscal de 16 años de cárcel por un delito de rebelión agravado con malversación.
Como hiciera la semana pasada el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, Turull ha negado que se empleasen fondos públicos para gastos de organización del 1-O, una vez que el Tribunal Constitucional anuló las partidas presupuestarias que estaban destinadas al referendo. «Cuando llega sentencia del Constitucional el 5 de julio yo no era conseller. Yo lo que se es que a partir del 14 de julio, cuando yo entro -pero por lo que me informado también antes- no se gastó ni un euro en el referendo», ha señalado.
En relación a la intervención de las cuentas de la Generalitat antes del 1-O, Turull ha dicho que llegó a ser «absolutamente surrealista» y «de no confianza a los servidores públicos que evidentemente no habrían dejado gastar dinero publico».
En tono irónico, el exconsejero de Puigdemont ha asegurado que «la Generalitat no funciona con papel carbón desde hace años», sino a través de la firma electrónica y es «imposible» autorizar ninguna partida sin haber pasado antes «por los trámites de fiscalización»
Ha calificado de «ofensivo» que desde Hacienda se les preguntase «si a través del banco de tejidos y sangre se estaba destinando dinero al referendo» cuando la Generalitat «ha cumplido siempre con sus deberes».
Tesis de la Fiscalía
La Fiscalía sostiene que varios gastos del 1-O como papeletas o censo electoral se escondieron en cinco consejerías, entre ellas la de Turull, pero también la de Oriol Junqueras, la de los exconsejeros Raül Romeva y Dolors Bassa y otras dos de procesados huidos. Algo que ha negado Turull y, en concreto en relación a Unipost, la empresa supuestamente encargada de la distribución postal de las papeletas para el 1-O, ha afirmado que no hubo «ningún encargo ni ninguna adjudicación» ni se habló «absolutamente con nadie».
Del acuerdo de gobierno del 6 de septiembre del 2017 para desarrollar el referendo, ha admitido que con él asumieron «todo lo que se tuviera que hacer» para llevar a término la consulta y que fue firmado por todos los miembros del Gobierno en bloque porque en esa época «había mucha literatura de si unos estaban implicados y otros con el referendo».
Turull también ha asegurado que a al Ejecutivo catalán nunca se le «pasó por la cabeza» que los Mossos d'Esquadra no cumplirían con las decisiones judiciales.
