La Justicia condena a Lula a 12 años de prisión en un nuevo caso de corrupción
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El expresidente brasileño ya cumple condena por un caso de cohecho
06 feb 2019 . Actualizado a las 21:01 h.La Justicia brasileña condenó este miércoles nuevamente al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva a 12 años y 11 meses de cárcel por los delitos de corrupción y lavado de dinero, según informaron fuentes judiciales citadas por la agencia Efe.
El fallo dictado por jueza federal Gabriela Hardt no es definitivo, por lo que la defensa del antiguo sindicalista podría presentar recurso, como ha hecho en otras ocasiones, según informa el diario brasileño Folha y recoge Europa Press.
La jueza federal consideró que Lula, de 73 años, se benefició de las obras por cerca de un millón de reales (unos 238.000 euros) que tres empresas -Odebrecht, OAS y Schain- hicieron en una casa de campo en Atibaia, municipio en el interior del estado de Sao Paulo.
La casa está a nombre del empresario Fernando Bittar, un viejo amigo de la familia de Lula, que la cedió temporalmente al expresidente en el 2010 para que pudiera disfrutarla con su familia.
No obstante, según la Justicia, pese a no ser el propietario de la casa de campo, Lula se benefició ilegalmente de las reformas en la vivienda por parte de empresas que fueron favorecidas en su Gobierno con contratos amañados con la petrolera estatal Petrobras.
Además de Lula, la jueza Hardt condenó a algunos empresarios, entre ellos al expresidente de OAS José Adelmario Pinheiro Neto (1 año y 7 meses de prisión); a Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht (3 años y 3 meses de cárcel), y a su hijo Marcelo Odebrecht (5 años y 4 meses de detención).
Lula, que presidió Brasil entre el 2003 y el 2010, está en la cárcel de Curitiba desde el pasado mes de abril por otra condena a 12 años de prisión por aceptar un tríplex de lujo en Sao Paulo de OAS también como pago a sus favores políticos.
Ambos casos se enmarcan en la macro causa Lava Jato, en la que se investiga una red de cobro de sobornos a cambio de la adjudicación de contratos públicos que ha salpicado a numerosos políticos y empresarios.
