Maduro inicia la persecución de Guaidó y desafía a la comunidad internacional
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El fiscal del régimen ordena bloquear sus cuentas y prohíbe salir del país al líder opositor
30 ene 2019 . Actualizado a las 13:34 h.La Asamblea Nacional venezolana comenzó la búsqueda de la arquitectura jurídica para la transición del régimen de Nicolás Maduro, aunque este, a través del fiscal general designado por la Asamblea Constituyente (ANC, considerada espuria por la comunidad internacional) inició una investigación contra el autoproclamado presidente interino del país, Juan Guaidó, congeló sus bienes y le dictó prohibición de salida del país.
Al comentar el anuncio del fiscal designado por la ANC, Tarek William Saab, Guaidó señaló que no desestimaba la amenaza de prisión que pesa sobre él, pero se refirió a la actuación de Saab y del Tribunal Supremo (desde donde Saab emitió sus declaraciones) como «más de lo mismo» y agregó que «vamos bien, las amenazas no detendrán nuestra lucha» en relación con las tres fases de la restitución de la democracia que ha planteado Guaidó: cese de la usurpación (de Maduro), gobierno de transición y elecciones libres, para lo cual se ha planteado un plazo de entre seis meses y un año.
Guaidó, además, pidió a los venezolanos centrarse en denunciar las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen, especialmente después del 21 de enero, cuando graves protestas han derivado en 40 asesinatos y al menos 950 detenciones arbitrarias, entre ellas, casi 80 de adolescentes.
Mientras, el Parlamento comenzó la discusión de la Ley de Transición para darle marco jurídico a un eventual Gobierno de concentración que puedan conformar todas las fuerzas políticas, incluyendo el chavismo.
Una de las representantes del régimen en la Asamblea Nacional, Arkiely Perfecto, rompió el boicot que el madurismo hizo al Parlamento desde que fue declarado en desacato, a comienzos del 2017, y retomó su escaño, señalando que «el discurso de reconciliación hay que llevarlo a la práctica» y que «el venezolano no soporta más la situación que hay». Fue recibida con aplausos por los diputados opositores, dos tercios en el legislativo.
Menos conciliador, Saab afirmó que «hay un ciudadano que ha liderado toda esta acción que va en impedimento de la Constitución venezolana, hemos aperturado [sic] que se dicten medidas cautelares contra Juan Guaidó». Sin embargo, y como se anticipaba, Saab no se atrevió a ordenar ya la detención del parlamentario, pues Estados Unidos y diversas naciones han amenazado con profundizar las sanciones contra el régimen de Maduro si Guaidó es apresado o su integridad física sufre daños.
La Asamblea Nacional, además, designó a políticos venezolanos en el exilio como embajadores en diez países que reconocen a Guaidó. Y a Julio Borges, expresidente del Parlamento en el exilio, como representante del Gobierno de transición ante el Grupo de Lima, de 13 naciones del continente opuestos a la deriva autoritaria de Maduro.
Imputación de menores
En tanto, la juez 1 de control de Yaracuy, a unos 300 kilómetros al oeste de Caracas, denunció que fue presionada para imputar a 11 adolescentes por la juez superior de su estado, y por fuerzas del orden que la amenazaron con matarla a ella y a su familia.
Ediluh Guédez señaló, además, que reconoce a Juan Guaidó como «legítimo presidente interino de Venezuela», y afirmó que el gobernador del estado, Julio León, es quién está detrás de las imputaciones a los jóvenes, que han causado indignación en el país por la saña demostrada incluso a través de vídeos de torturas por parte de funcionarios del chavismo.
Rusia empieza a marcar distancias con el régimen chavista
Aunque hace dos días, los Gobiernos de Rusia y de China respaldaron públicamente a Nicolás Maduro como «legítimo presidente de Venezuela», el país que dirige Vladimir Putin ha comenzado a dar un espectacular giro en los hechos a ese apoyo desde el domingo, cuando la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU., la OFAC (la misma que sancionó a la venezolana PDVSA retiró las sanciones a ocho empresas rusas, entre ellas Rusal, la octava productora de aluminio más importante del mundo y propiedad de un cercano aliado de Putin.
El pasado lunes, fuentes diplomáticas rusas hicieron saber a personalidades en Caracas que el Gobierno del Kremlin no aumentaría su apoyo a Maduro luego de las sanciones de EE.UU. contra PDVSA, que mostraban la «determinación» de la Casa Blanca por desalojar del poder al mandatario sudamericano y que, en ningún caso, habría nueva cooperación financiera con el Gobierno venezolano, que adeuda a Rusia unos 20.000 millones de euros.
Este mensaje fue reforzado por Serguéi Storchak, viceministro de Finanzas de Rusia y asesor económico del Gobierno venezolano, desde Moscú, cuando señaló que espera que a pesar de sus dificultades, Venezuela pueda honrar un pago pendiente de 100 millones de dólares para fines de marzo.
Obligaciones pendientes
«No se han introducido cambios en el acuerdo y en consecuencia Venezuela debe cumplir con las obligaciones que ha asumido con el acreedor», señaló Storchak. No es la primera oportunidad en la que Maduro se ve envuelto en problemas con Rusia: en el 2017 tuvo que lograr una refinanciación de emergencia.
Las sanciones a PDVSA implican que el flujo de caja en dólares del Estado venezolano se reduce a cero. Los nervios ante el nuevo escenario y las posibilidades de nuevas sanciones al régimen se dispararon y Maduro acusó a Estados Unidos de «querer robar Citgo», la petrolera estadounidense que es prácticamente el único activo externo de importancia que le queda a Venezuela.
El pasado lunes por la noche, además, arribó un vuelo chárter ruso al aeropuerto de Caracas, y se esperaba el desalojo de funcionarios no solo de la embajada rusa, sino de las empresas rusas que operan en el país. Al cierre de esta edición, el avión permanecía en el aeropuerto, con doble tripulación y carga completa de combustible, según fuentes de la terminal aérea.