La construcción de pozos ilegales, como en el que cayó el pequeño Julen, es una práctica habitual y generalizada. Aunque no existen cifras oficiales actualizadas, se estima que hay más de un millón de pozos y captaciones para el aprovechamiento de las aguas subterráneas, similares al de Totalán (Málaga), aunque esta cifra podría ser superior según varias organizaciones ecologistas. En el año 2006, el Ministerio de Agricultura reconocía la existencia de 510.000 pozos ilegales en el territorio nacional, suficientes para el bombeo de «3.600 hectómetros cúbicos anuales y abastecer a 40 millones de personas», recordaba recientemente el coordinador del área de agua de Ecologistas en Acción, Santiago Martín Barajas. «El propio Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, en el 2017, y de forma no oficial, elevaba esta cifra a más de un millón de pozos ilegales, que podrían estar extrayendo al menos 7.000 hectómetros cúbicos al año», según señala Greenpeace.
Aunque la actual Ley de Aguas es una «buena herramienta» para hacer frente a este asunto, a juicio de los ecologistas la Administración pública «decide mirar para otro lado», criticaba recientemente el responsable de la campaña de agua de Greenpeace, Julio Barea. De hecho, según datos de esta oenegé recogido por Efe, en los últimos cinco o seis años tan solo se han cerrado cinco de estas prospecciones ilegales.
Esta práctica, extendida por todo el territorio, ha sido especialmente denunciada en el parque nacional de Doñana, donde varias oenegés ambientalistas como WWF han estimado «más de 1.000 perforaciones ilegales».