Las luchas internas y un caso de corrupción que planea sobre su familia amenazan al presidente de Brasil
20 ene 2019 . Actualizado a las 09:23 h.Con menos de un mes en el cargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha dado motivos de alegría a sus seguidores más acérrimos, razones para empezar a renegar a sus más tibios votantes (quienes lo son solo para no apoyar al Partido de los Trabajadores), y ha crispado a los críticos que ya alertaban de sus tics ultraconservadores en campaña. Sus primeros 19 días de gobierno han estado marcados por profundas contradicciones en su gabinete, evidencias de luchas de poder en su entorno más próximo, medidas de gran carga simbólica y, sobre todo, la sospecha creciente por un caso de corrupción en torno a un asesor de uno de sus hijos que podría acabar salpicando al patriarca de los Bolsonaro.
El efectismo ha sido la pauta de sus primeras decisiones, en una cruzada por la limpieza moral y ética del país a través de la religión y borrando el «marxismo cultural» que, en su opinión, ha impregnado las instituciones. Bolsonaro azuzó la purga de funcionarios en los ministerios y excluyó a los homosexuales de los grupos de atención para la defensa de los derechos humanos.
Medidas en materia educativa
Es en el terreno de la educación donde su gestión comenzó a patinar de manera grave. La ministra de la Mujer y la Familia, la polémica pastora evangélica Damares Alves, manifestó en más de una ocasión su deseo de equiparar el creacionismo con las teorías de la evolución en las escuelas. Además, el Gobierno tuvo que dar marcha atrás después de que la prensa destapara que Educación pretendía eliminar de los libros de texto las menciones positivas a negros, indígenas y descendientes de esclavos y las materias para explicar la violencia machista.
Pero la peor metedura de pata la protagonizó el propio Bolsonaro cuando anunció una rebaja de la tasa impositiva a las clases altas y comenzó a dar pistas de la reforma de las pensiones, la gran tarea pendiente para su Gobierno. A las pocas horas, el presidente (que en campaña dijo no tener mucha idea de economía, aunque «Dios capacita a los escogidos») fue corregido por su ministro de la Casa Civil, Onyx Lorenzoni («Debió confundirse», alegó este), mientras su káiser económico, Paulo Guedes, guarda silencio.
El ultraderechista ha azuzado la purga de funcionarios en los ministerios No lo hicieron los militares, dentro y fuera del Gobierno Bolsonaro, que expresaron su deseo de quedar al margen de la reforma de las jubilaciones. Pocos debates generan tanta tensión en el Ejecutivo como este, ya que nadie quiere que se perciba como un privilegio hacia un grupo decisivo en la llegada al poder de Bolsonaro. No es el único frente abierto para manejar la lucha de egos entre los 22 ministros: la esperada y efectista liberación de la compra de armas se cobró también un pequeño precio a costa del ministro de Justicia y miembro estrella del Gobierno, el exjuez Sergio Moro, cuya propuesta original se vio modificada sustancialmente.
El decretazo para facilitar el acceso a las armas de fuego fue simbólico, al igual que la detención en Bolivia y deportación exprés del guerrillero de las Brigadas Rojas italianas Cesare Battisti, acusado por Italia de cuatro asesinatos en los años 70 y huido en Brasil hacía dos décadas. Bolsonaro consideraba a Battisti un protegido de los gobiernos del PT y un símbolo de la connivencia de este partido con la violencia. Su gesto fue profundamente agradecido por el primer ministro italiano, Matteo Salvini, con quien comparte muchas ideas.
De fondo, planea sobre Bolsonaro el caso del asesor-chófer de su hijo Flávio, acusado por el organismo que fiscaliza a los cargos públicos de mover cantidades sospechosas de dinero, incluido un cheque a nombre de la ahora primera dama, Michelle Bolsonaro. Flávio, hoy senador federal, acudió al Tribunal Supremo para pedir el cierre del caso, lo que muchos ven como una asunción de culpa. Esta es la mayor nube en el horizonte del nuevo presidente de Brasil, más preocupado por el efectismo que por las medidas prácticas.
Bum de bodas gais ante el temor de que el nuevo Gobierno las anule
En los últimos días del 2018 y primeros del 2019, varias de las principales ciudades de Brasil registraron un crecimiento exponencial de matrimonios entre personas del mismo sexo. En algunos casos, de hasta el 300 % respecto al mismo período del año anterior. La explicación es sencilla: el temor a que el Gobierno de Bolsonaro anule la posibilidad de unión legal entre homosexuales. Es apenas uno de los síntomas de la etapa que se abre en Brasil para la comunidad LGTB, en la que las políticas ultraconservadoras del nuevo dirigente pueden afectar a la educación, la salud y la seguridad de los homosexuales en uno de los países que habían mostrado al mundo una diversidad apabullante, imagen que ahora se resquebraja.
Uno de esos matrimonios de nuevo cuño es el del activista Toni Reis, director presidente de la Aliança Nacional LGTBI+, que después de casi 30 años de relación con su pareja decidió casarse en diciembre. «Todavía es pronto para evaluar la actuación del Gobierno en relación a la comunidad LGBT. Sí sabemos que es un gobierno conservador, y no esperamos demasiados avances, pero actuaremos para conservar las conquistas», dice Reis.
El inicio de la era Bolsonaro (quien ya dijo en alguna ocasión que prefería tener un hijo muerto a uno gay) no fue prometedor. La creación de un nuevo ministerio de la Mujer, de la Familia y de los Derechos Humanos en manos de la pastora evangélica Damares Alves (la famosa autora de «los niños visten de azul, las niñas de rosa») relegó a la comunidad homosexual a una dirección integrada en una secretaría. El gesto se vio como una degradación de los LGBT, después de una campaña electoral en la que se denunciaron 45 agresiones de militantes pro Bolsonaro y en un país donde hay casi 400 asesinatos al año relacionados con la homofobia.
«En estos tiempos de transición, cualquier declaración, cualquier ruido se puede volver en contra del nuevo Gobierno. Es natural. Tenemos que ver qué tono quiere imponer el ministerio», declaró en medios locales Marina Reidel, directora de Promoción de los Derechos de LGBT. Contactada por este periódico, Reidel se mostró dispuesta a contestar preguntas sobre las supuestas amenazas a los derechos de los homosexuales en Brasil. Tras recibir las cuestiones, el gabinete de prensa del Ministerio de la Familia intervino y zanjó: «Todos los derechos serán mantenidos así como toda la estructura de la Dirección de Promoción de los Derechos LGBT».
Bolsonaro aseguró que la pérdida de rango de los asuntos LGTB no tiene nada que ver con una persecución, sino que se debe a una reestructuración del ministerio para «liberar» a los homosexuales de una «esclavitud política» en la que fueron «usados como mano de obra». «Según una encuesta reciente, casi 30% de la comunidad LGTB, votó por Bolsonaro. Que yo sepa, no hay esclavitud política en Brasil. Dentro de nuestra organización, tenemos militantes en 30 de los 35 partidos del parlamento», explica Reis. El activista es optimista en el talante dialogante de la ministra Alves. Pero los pocos gestos del nuevo gobierno son desesperanzadores.
Tampoco parece ayudar a corregir esta situación el programa Escola sem Partido, la iniciativa estrella de Bolsonaro para la educación, donde entra la lucha contra la «ideología de género» y el supuesto fomento de la homosexualidad en las clases.