Los expertos coinciden en que el establecimiento de un tipo mínimo efectivo, como plantea Hacienda, apenas tendrá impacto recaudatorio, puesto que las empresas ya tributan por encima de ese umbral. Los ingresos crecerán, dicen, cuando las empresas agoten los créditos fiscales por pérdidas pasadas
14 ene 2019 . Actualizado a las 08:09 h.La crisis ya ha pasado. O esa es, al menos, la foto fija que ofrecen las estadísticas oficiales. Por ejemplo, la de la recaudación de impuestos: si no hay sorpresas, los ingresos de la Agencia Tributaria habrán cerrado el 2018 en niveles casi idénticos (si no superiores) a los del 2007, el último año de vino y rosas de la economía española. Claro que las cargas están ahora bastante más desequilibradas. Así, mientras que el impuesto sobre la renta, que grava principalmente las rentas del trabajo, marcó ya en el 2017 un récord de recaudación, el de sociedades, en el que tributan los beneficios empresariales (que han crecido muy por encima de los salarios en los últimos cinco años), apenas ingresa la mitad que antes del crac económico.
Para revertir esta situación y equilibrar la presión fiscal, el Gobierno anunció, nada más tomar posesión, una reforma del impuesto de sociedades que se ha plasmado en el proyecto de Presupuestos para el 2019 y que tiene, como eje principal, la imposición de un tipo mínimo efectivo que garantice un umbral mínimo de tributación (del 15 %, que se elevaría al 18 para bancos y petroleras), frente a la situación actual, en la que pese a haber un tipo nominal elevado (el general está en el 25 %), las empresas, sobre todo las más grandes, acaban reduciendo su factura fiscal aplicándose una catarata de exenciones y deducciones.
Esa batalla para reclamar a las grandes corporaciones una mayor contribución fiscal la inició, aunque solo dialécticamente, el ex ministro Cristóbal Montoro: «No es explicable que cuando cualquiera de nosotros tributa lo que tributa por el impuesto de la renta y una pyme lo hace al 18 %, las grandes empresas tengan un tipo efectivo de entre el 7 y el 8 %, no se puede aceptar», clamó en el Congreso. La Agencia Tributaria, por su parte, publicó el mes pasado un informe que cuantifica la aportación efectiva de las empresas de los diferentes sectores. Los bancos, según estas cifras, solo aportan al Estado, vía impuestos, un 5,24 % de sus beneficios, un porcentaje que se reduce a apenas un 2,8 % en el caso de los grandes grupos, que consolidan las ganancias de todas sus filiales y participadas en el mundo.
Argumentos que rebaten desde el sector financiero, el más señalado por el informe del fisco: «Me parece injusto, además de erróneo, decir que los bancos españoles apenas pagamos impuestos», remarcaba en Twitter el vicepresidente de Santander España, Juan Manuel Cendoya, que recordaba que una cosa es el resultado contable y otra, muy distinta, la base imponible, que es sobre la que hay que calcular el impuesto y que es mucho más reducida, gracias al sinfín de bonificaciones de las que se pueden beneficiar las grandes corporaciones. La principal, la exención sobre los dividendos y beneficios recibidos desde las filiales en otros países, que quedan libres de tributar en España, ya que se persigue evitar la doble imposición. Solo por esta vía, el beneficio declarado por las empresas (198.202 millones en el 2016) se reduce a menos de la mitad, ya que 105.332 se pueden acoger a esa exención.
Escaso margen de actuación
Hechos todos los ajustes, el tipo efectivo medio del impuesto de sociedades se eleva del 10,45 % (cuando se mide sobre las ganancias totales) a más del 21 % (sobre la base imponible). Por eso, los expertos coinciden, con independencia de su sesgo ideológico, en que la imposición de un umbral mínimo de tributación, en la horquilla que maneja el Gobierno, no tendrá apenas efectos sobre la recaudación, ya que la inmensa mayoría de las empresas ya lo superan.
«Tiene más impacto mediático que real», explica el economista Venancio Salcines, que cree que la recaudación del impuesto de sociedades está frenada porque las empresas aún pueden compensar las pérdidas en las que incurrieron en los años más duros de la crisis. Esa acumulación de créditos fiscales (por un importe cercano a los 100.000 millones de euros solo en las empresas del Ibex) es la que explica que el tributo haya perdido parte de su potencia recaudatoria, remarca Salcines, en línea con lo que ha advertido en muchas ocasiones la Autoridad Fiscal. Si la economía sigue creciendo y las empresas se van quedando sin esos comodines para reducir su factura fiscal, los ingresos volverán a aumentar, dice el economista, que cree que la reforma tributaria que se necesita en España debería hacerse sobre el IVA, eliminando los tipos reducidos, una medida que permitiría recaudar más de 20.000 millones de euros adicionales al año y que sería asumible para casi todos los contribuyentes, salvo para los de rentas muy bajas, a los que el Estado debería compensar, propone, con una transferencia de renta para amortiguar el sobrecoste que sufrirían en los productos básicos de la cesta de la compra.
Luis del Amo, secretario técnico del Registro de Economistas Asesores Fiscales, cree también que no existe mucho margen de actuación sobre el impuesto de sociedades, que está homologado en tipos al de los países de nuestro entorno
Incluso desde Gestha, sindicato de los técnicos de Hacienda, reconocen que «no salen las cuentas» que hace el Gobierno sobre la inyección recaudatoria que se podría conseguir con la imposición de ese tipo mínimo efectivo. Por eso, desde la organización, explica su secretario general, José María Mollinedo, proponen una reforma más ambiciosa, que pasaría por modificar el régimen fiscal de esos dividendos repatriados de las filiales extranjeras.
Frente a la propuesta del Ejecutivo, que pasa por rebajar el exención del 100 al 95 % (lo que permitiría ingresar unos 750 millones más), desde Gestha apuestan por transformarla en una deducción, de forma que la cuota del impuesto en España se calcule sobre todo el beneficio de la sociedad, que luego podría descontar de la misma su contribución fiscal en los países de los que hayan repatriado parte de las ganancias, para evitar así la doble imposición. De esta forma se taponaría, dicen, el coladero que permite la actual ley (que solo exige que en esos terceros países haya fijado un tipo nominal de sociedades del 10 %, aunque luego en la práctica el tipo efectivo sea irrisorio) y se podría recaudar, como mínimo, unos 5.200 millones más.
Y es que, explica Mollinedo, detrás de este beneficio fiscal no hay una lógica fiscal, ya que «tiene que ver con cuestiones no tributarias, puesto que con él se quería favorecer la internacionalización de la empresa española», por lo que no tiene sentido, defiende, mantenerlo en su configuración actual.