Registran los domicilios de Fernández de Kirchner en busca de los sobornos cobrados
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La trama corrupta podría haberse apropiado de más de 160 millones de dólares
24 ago 2018 . Actualizado a las 08:04 h.Un enorme operativo se desplegó en el exclusivo barrio de Recoleta, en Buenos Aires, con varias camionetas policiales, un cordón de efectivos frente a la puerta del edificio y personal de brigadas de explosivos, bomberos y perros entrenados. El objetivo era el primero de los registros autorizados por el juez Claudio Bonadío a las residencias de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en busca de pruebas de su relación con alguno de los cinco casos de corrupción en las que halla inmersa.
Autorizado el miércoles por el Senado, el operativo comenzó sin la presencia del juez ni del fiscal Carlos Stornelli. En otras dos residencias de la expresidenta, una en Río Gallegos y otra en El Calafate, en el sur del país, aún no había empezado la inspección policial.
El abogado de Kirchner, Carlos Beraldi, salió del edificio denunciando que había sido obligado a retirarse del lugar por orden del juez. «Estamos frente a una farsa, en clara violación de los principios del estado de derecho. Vamos a pedir la nulidad del operativo. Yo abrí la puerta y puse a disposición el domicilio para que sea revisado. Voy a denunciar penalmente al juez», dijo Beraldi antes de retirarse visiblemente furioso.
La expresidenta no se encontraba en su vivienda, ya que pasó la noche en la casa de su hija Florencia. La Cámara alta autorizó el procedimiento sin los condicionamientos que había reclamado la dirigente peronista, que insistió en denunciar una persecución política, y solo especificó que el procedimiento se llevaría a cabo con «decoro» y bajo las «garantías constitucionales, particularmente el derecho a la intimidad».
Embargo de bienes
Según algunas fuentes, la trama corrupta podría haberse apropiado de más de 160 millones de dólares. Por esa razón, el Gobierno argentino dio luz verde a una ley, respaldada en el Congreso, que permite a las autoridades embargar de forma inmediata los bienes y beneficios que estén relacionados de forma directa con la corrupción.