Las medidas fiscales anunciadas permitirían elevar la recaudación en 9.700 millones al año, según los técnicos de Hacienda. El gran objetivo es conseguir más fondos para pagar pensiones
23 jul 2018 . Actualizado a las 08:24 h.Las malas noticias, primero. Es lo que ha debido pensar el Gobierno que, antes de desgranar las medidas de gasto que incluirán los Presupuestos Generales del Estado -que son las que acabarán definiendo su proyecto político-, ha ido deslizando una retahíla de nuevos impuestos (o de subidas fiscales) con las que quiere financiar esa agenda social. De acuerdo al discurso oficial, se trata de medidas quirúrgicas que se centran en la fiscalidad de las grandes empresas y que no afectarán al ciudadano de a pie. Por ello, han renunciado a tocar el IRPF y el IVA, aunque la subida de la tributación del diésel y la posibilidad de que las compañías afectadas trasladen el coste de esos nuevos impuestos a sus clientes amplifica el impacto de las medidas.
Estas son las principales modificaciones tributarias anunciadas hasta la fecha por el Ejecutivo que, según las estimaciones del sindicato de técnicos de Hacienda Gestha podrían aportar 9.700 millones anuales a las arcas públicas:
-Fijar un tipo efectivo mínimo del 15 % en el impuesto de sociedades. Es la propuesta que supondrá un mayor incremento de la recaudación, de hasta 4.000 millones de euros al año, según Gestha. La intención del Gobierno es limitar el margen del que actualmente disponen las grandes corporaciones para aplicarse deducciones y rebajar su factura fiscal muy por debajo del tipo nominal del impuesto. Este está fijado en el 25 %, pero las distintas bonificaciones hacen que el tipo efectivo ronde el 12 %, una cifra que es incluso inferior en muchos grandes grupos.
Un coladero que ha hecho que el de sociedades sea el único de los grandes tributos cuya recaudación está todavía muy por debajo de los valores precrisis. En concreto, el impuesto que grava los beneficios de las empresas aportó el año pasado 23.143 millones de euros a las arcas públicas, un 48 % menos que los 44.823 que entraron en caja en el 2007. Por contra, en el caso del IRPF, donde tributan los trabajadores, la recaudación ya es un 6 % superior a la de hace diez años.
Para tratar de minimizar el impacto de la medida, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya ha anunciado que ese tipo efectivo del 15 % no afectará a las pymes.
-Un impuesto a la banca para financiar las pensiones y otro sobre las transacciones financieras. En el caso de las entidades financieras, habrá un tres en uno. Además del nuevo tipo efectivo en sociedades, el Gobierno planea imponer dos nuevos tributos a la banca bajo la premisa de que si los ciudadanos tuvieron que asumir ajustes para pagar el rescate del sector, ahora les toca a bancos y cajas arrimar el hombro para contribuir a sostener el Estado del bienestar. Mil millones de euros estima el Ejecutivo que podrá recaudar con la nueva tasa que se impondrá a la banca para financiar las pensiones (pocos, si se comparan con los más de 18.000 millones de déficit que tiene el sistema). Aunque la ministra Montero ya aseguró públicamente que no esperaba que las entidades lo recibieran con «agrado», no ha recibido tampoco la «comprensión» que sí aguardaba del sector, del que asegura que «aporta menos comparativamente» que otras ramas de la economía española.
Pero los directivos de los bancos creen que esa apreciación es incorrecta y han mostrado su rechazo frontal a la medida, lanzando un claro aviso a navegantes: acabará repercutiendo en los clientes. Lo dijo sin muchos rodeos el consejero delegado del BBVA, Carlos Torres, que calificó la medida de «errónea» y rechazó que se ligue al rescate, pues este, argumentó, fue solo a las cajas de ahorros «y, además, a los depositantes». Advirtió también que «un impuesto a la banca genera distorsión y encarece el crédito».
Además del impuesto sobre los beneficios de las entidades financieras -que habrá que hilar muy bien técnicamente para que no colisiones con el de sociedades, que ya grava las ganancias de los bancos, como las de cualquier otra empresa-, también se baraja un impuesto sobre las transacciones financieras, una idea que también había perfilado el líder del PSOE antes de llegar a la Moncloa y que, según los cálculos de Gestha, podría aportar otros 2.000 millones.
-La «tasa google», una herencia de Montoro. Pero no todas las medidas fiscales que prepara el Gobierno son de cuño propio. Otras, como el impuesto sobre las tecnológicas, bautizado como tasa Google, salieron de la chistera del anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que también vinculó ese gravamen a las grandes corporaciones internacionales (Google, Amazon, Apple...) al sostenimiento del sistema de pensiones. De hecho, aparece ya en los últimos documentos presupuestarios remitidos a Bruselas, con una previsión de ingresos de 600 millones de euros durante el primer año y de 1.500 millones en el 2019, una cifra que parece exagerada teniendo en cuenta que la UE había calculado que la recaudación en los Veintiocho por ese nuevo impuesto tecnológico podría rondar los 5.000 millones.
-Equiparar la tributación del diésel a la de la gasolina. «El diésel tiene los días contados», dijo lapidaria la ministra de Transición Energética, Teresa Ribera, hace unos días. Y no solo porque los conductores le estén dando la espalda y compren cada vez menos coches con motores a gasoil, a los que también está volviendo la espalda la industria, sino porque el Gobierno pretende equiparar la fiscalidad de ese combustible con el de la gasolina, una idea que ya barajaba el anterior Ejecutivo y que podría elevar en hasta diez céntimos el coste del litro del gasoil. Pero como la medida se aplicará de forma progresiva y no afectará a los profesionales (transportistas y agricultores), la recaudación potencial, de hasta 2.140 millones al año, rondará inicialmente los 600.
-Destopar las cotizaciones a la Seguridad Social y que los autónomos paguen en función de sus ingresos. Otra vieja idea que vuelve a estar encima de la mesa. Dentro de la cruzada para lograr más fondos con los que financiar el sistema público de pensiones, el presidente del Gobierno anunció su intención de destopar las cotizaciones sociales. ¿Qué quiere decir? Que si hasta ahora empresa y empleado solo tributan a la Seguridad Social por los primeros 3.751 euros brutos de salario (3.803 a partir de agosto), se elimine ese techo y se grave la nómina íntegra, lo que afectaría al más de un millón de asalariados que cobran más que esa cantidad. Con ello se lograrían, según las estimaciones más conservadoras del anterior Ejecutivo, unos ingresos adicionales de 4.470 millones de euros (más de ocho mil millones según los sindicatos), aunque con un alto coste para las empresas, que ya han puesto el grito en el cielo. Otra modificación en el aire afectaría a las cuotas de los autónomos, que el Gobierno quiere vincular a sus ingresos reales, para que los que facturan poco paguen cantidades más asumibles (se habla de un mínimo de 50 euros) y los que tienen capacidad económica contribuyan más y no sigan anclados en la base mínima.
-Incrementar la lucha contra el fraude fiscal. En los planes del Gobierno para mejorar los ingresos, no todo son subidas de impuestos. También se quiere reforzar la lucha contra la economía sumergida dotando de más medios a la Agencia Tributaria. Según sus cálculos, pueden llegar a recaudar 1.500 millones más al año.