Europa teme que la subida de pensiones, la expansión del gasto sanitario, posibles rebajas del IVA y otras medidas anunciadas por el Gobierno desequilibren las cuentas y le exige nuevos ajustes
25 jun 2018 . Actualizado a las 08:00 h.Cuadrar el círculo. Es la titánica y casi utópica misión que tiene por delante el nuevo Ejecutivo español para lograr conjugar su anunciada hoja de ruta social con la estabilidad presupuestaria (el estricto cumplimiento del déficit) que exige Bruselas.
La Comisión Europea ha recibido los planes del Gobierno de Sánchez como hace siempre que le proponen salirse de la ortodoxia fiscal: con escepticismo. «España tendrá que respetar su objetivo presupuestario con esfuerzo estructural. Deberá ser significativo», deslizó el comisario de Economía, Pierre Moscovici, en la madrugada del viernes, al término del Eurogrupo en la madrugada. El socialista francés marca territorio y saca de los cajones los deberes sin hacer de España: 7.500 millones de euros de ajuste estructural (equivalentes al 0,65 % del PIB) para el año que viene.
Es una tarea mayúscula si se quiere compatibilizar con el programa económico del Ejecutivo español que plantea enmendar la reforma de las pensiones del 2013 para vincular nuevamente su revalorización al IPC, retocar -que no derogar- la reforma laboral del 2012 para terminar con la precarización del empleo, reimplantar la atención sanitaria universal de la que se había excluido a los inmigrantes, acabar con el copago farmacéutico, poner fin a los peajes de las autopistas cuando venzan las concesiones o bajar el IVA a productos de primera necesidad como pañales, compresas y tampones.
La ministra de Economía, la gallega Nadia Calviño, tendrá que emplearse a fondo para mantener a raya el gasto y encajar toda esa lista de deseos en la agenda marcada por la Comisión si quiere cumplir con el compromiso de déficit. Los socios del euro dicen estar «preocupados» por los esfuerzos limitados que ha hecho España en el último año. Los intereses políticos del anterior gabinete de Rajoy relajaron la senda de ajuste hasta el punto de desviarse cuatro décimas del objetivo del 2018 (el 2,2 % del PIB).
A pesar de los esfuerzos persuasivos de Calviño, que el jueves arrancó aplausos en el Eurogrupo, Bruselas no cree que la hoja de ruta sea compatible en el plano técnico. ¿Por qué?
Pensiones, el gran desequilibrio
El primer y gran elemento de desestabilización que observa la Comisión viene por el flanco de las pensiones: «En relación con los salarios, las pensiones españolas actuales están entre las más altas de la UE», subrayó Bruselas en sus recomendaciones de mayo, en las que señalaba que el aumento del gasto en esta partida «pone en cuestión el compromiso con las reformas». Y no solo eso. Bruselas cuestiona el argumento de que los pensionistas mayores son los que han cargado con el peso de la crisis. «La gente mayor se ha enfrentado a un riesgo de pobreza significativamente menor que las generaciones jóvenes», insiste la Comisión, empeñada también en contener -«racionalizar», en la jerga comunitaria- el gasto farmacéutico y sanitario.
La extensión de la atención a los inmigrantes podría suponer una carga mayor para la Seguridad Social, aunque el Gobierno de Sánchez insiste en que es más gravoso aún privarles de los servicios primarios porque la atención en urgencias es «más cara».
Para la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, la subida de las pensiones y la mejora de las condiciones laborales de los jóvenes son dos caras de la misma moneda. A pesar de la cautela de Calviño, Valerio anticipó el interés del gobierno de cumplir con el objetivo del déficit por la vía de los ingresos, no del recorte del gasto. Una senda explorada por otros gobiernos progresistas, pero sin éxito.
El reto de elevar los ingresos
«Desde el 2012 dijimos que había problemas de ingresos, no de gastos, por la devaluación salarial y devaluación de las cotizaciones. La reforma laboral del PP dañó las condiciones de trabajo, los salarios, las pensiones y la recaudación de la tesorería porque son vasos comunicantes», insistió Valerio, quien confía en convencer a la Comisión. ¿Cómo?
En esas está el Ministerio de Hacienda. ¿Tasa a las grandes empresas tecnológicas? ¿Subida de impuestos? ¿Lucha contra el fraude? En Bruselas, dicen fuentes comunitarias, «suena bien», pero no es suficiente. A Moscovici no le interesan las cuentas de la lechera y menos ahora, que las expectativas futuras para España se tuercen ligeramente según sus previsiones: menor crecimiento de los ingresos públicos, desaceleración económica que llevará al PIB por debajo del 3 %, desempleo anclado en el 15 %, deuda pública estancada en el 97 %, persistencia de la dualidad en el mercado laboral y riesgos exteriores a la vista: guerras comerciales con Estados Unidos y encarecimiento del petróleo. Sin contar con el cercano fin de los estímulos del BCE.
Con este horizonte, lo último que quiere Bruselas son «experimentos». El mensaje para el gobierno es claro: cíñanse al plan, no toquen las pensiones, contengan el gasto y ya veremos qué flexibilidad les podremos ofrecer.
Pero los miembros del Ejecutivo no resisten la tentación de lanzar en cada aparición pública promesas de revertir ajustes. Otra cosa es de dónde saldrán los ingresos para financiar el gasto que supondrán. Fuentes próximas a Hacienda admiten que los anuncios realizados hasta la fecha no tienen un cálculo «oficial» de incremento del gasto. Pero sí hay estimaciones y no son bajas: la restitución de la sanidad universal y el fin del copago unos 1.500 millones anuales, 450 el adiós a los peajes del 2021 (1.000 millones si fueran todos los existentes) y otros 2.700 más la subida de las pensiones este año y el próximo.
Esas fuentes confirman que estudian el modo de incrementar los ingresos, especialmente explorando «nuevas fórmulas» más allá de los impuestos clásicos. Por lo pronto, Calviño solo aseguró en Bruselas que el déficit será inferior al 3 %. El objetivo del 2,2 % queda en el aire.
El Presupuesto, con los incrementos para funcionarios y jubilados, se aprobará este jueves y solo durará 6 meses
El Congreso aprobará definitivamente este jueves los Presupuestos del 2018. Lo hará ya con la mirada puesta en los del 2019, ya que las cuentas públicas de este año tienen una duración prevista de seis meses y el Gobierno de Pedro Sánchez se ha comprometido a presentar en plazo las del próximo ejercicio.
El Pleno del Congreso debatirá y votará las 44 enmiendas nuevas que han sido introducidas en el proyecto de Ley de Presupuestos a su paso por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, con lo que el Presupuesto ha vuelto modificado al Congreso y los grupos políticos tienen que posicionarse nuevamente. Fueron las últimas cuentas presentadas por el ministro popular Cristóbal Montoro, y que ahora tiene que defender su sucesora, la socialista María Jesús Montero.
Las nuevas enmiendas aprobadas en el Senado recibieron la abstención del PSOE y de Coalición Canaria y el rechazo de la mayoría de partidos en la oposición, que criticaron que el PP haya introducido nuevas partidas presupuestarias y restado cerca de 31 millones de euros a varios capítulos pactados entre el anterior Gobierno de Mariano Rajoy y el PNV. Al respecto, el grupo parlamentario del PSOE está analizando el sentido de su voto ya que si en algunas enmiendas se abstiene, ello conllevaría su aprobación e inclusión en los Presupuestos de este año.
Las cuentas para lo que queda de 2018 incluye dos subidas relevantes. La primera, la del 1,6 % para todas las pensiones públicas, y que se notará a partir de la paga del mes de julio, aunque tendrá efecto retroactivo desde el 1 de enero. También supone incrementos para los funcionarios públicos, dentro del pacto salarial hasta el 2020. Para el 2018 la subida será de un 1,75 %.
El techo de gasto para el 2019 se presentará en julio
Tras la luz verde a las cuentas del 2018, el Gobierno tiene como objetivo aprobar el techo de gasto del 2019 antes del próximo 1 de agosto. Es el primer paso para poder abordar los Presupuestos del próximo ejercicio. Para ello, convocará con anterioridad al Consejo de Política Fiscal y Financiera para acordar con las comunidades los objetivos de déficit en dicho ejercicio.