Tasa Google: la batalla perdida por cortar la hemorragia fiscal de la UE

Google, Facebook o Amazon pagan proporcionalmente menos de la mitad en impuestos que un puesto de salchichas. La grotesca y veraz comparación tributaria la hizo en el año 2016 el ex canciller austríaco, Christian Kern, indignado por el enorme agujero que los gigantes digitales dejaron en la Hacienda de su país. Mientras las empresas tradicionales se enfrentan a un gravamen medio del 23,2 % al afrontar el pago del impuesto de sociedades en la UE, el porcentaje apenas alcanza el 9,5 % para las digitales. Si a ello se le suma la pericia de sus expertos para articular una agresiva planificación fiscal, las cuentas con las haciendas europeas casi les salen a devolver, una situación que trae de cabeza a los gobiernos de varios estados miembros de un tiempo a esta parte.

Francia, España, Italia y Alemania fueron los primeros en alzar la voz entre los Veintisiete al pasar la lupa a las facturas de estas compañías, que llevan años viendo crecer de forma exponencial su negocio sin que nadie les reclame nada en concepto de impuestos. Los cuatro exigieron a Bruselas y a sus socios del Eurogrupo que moviesen ficha para atar en corto a las empresas digitales.

La Comisión Europea recogió el guante y puso a funcionar a toda máquina los fogones en sus cuarteles de la capital comunitaria para acabar alumbrando el pasado mes de marzo una propuesta ambiciosa para las expectativas de los europesimistas: un impuesto provisional y urgente del 3 % sobre los ingresos totales de las digitales que facturen 750 millones de euros a nivel global o 50 millones en la UE. Una tasa «transicional» a corto plazo que daría espacio y tiempo a los Veintiocho para negociar la ansiada base mínima del impuesto de sociedades y un plan global en el marco de la OCDE para conseguir que los nuevos modelos de negocio virtuales paguen la parte que les corresponde de los impuestos.

Bruselas considera que el paso adelante era necesario y que habría sido una «ilusión» pensar que se podría llegar a corto o medio plazo a un acuerdo con los socios internacionales, según admitió el comisario de Economía, Pierre Moscovici, en la última cumbre de líderes de la Unión Europea en Sofía. El francés aspiraba a recaudar hasta 5.000 millones de euros anuales con este impuesto que, según se pudo comprobar en esa cita, sigue perdiendo entusiastas y defensores a medida que las negociaciones van tomando forma.

Alemania se lo piensa

No es ningún secreto que países como Irlanda, Luxemburgo, Malta y los nórdicos han hecho una defensa numantina de la actual selva tributaria en la que viven escondidas las multinacionales digitales. Algunas de sus cancillerías albergan las sedes de estas compañías y sus gobiernos han saboteado todos los intentos de Bruselas de cortar la hemorragia fiscal que sufre la UE. Cada euro que Dublín perdona a Google es un euro menos destinado al gasto social en otros países vecinos como España. Una situación «insostenible» en opinión de la Comisión Europea.

El Ejecutivo de la UE teme que su estrategia para fiscalizar a las digitales se descalabre por la desbandada de última hora. El equipo de Jean Claude Juncker insiste en coordinar las acciones: «Los países miembro están empezando a buscar soluciones unilaterales rápidas para gravar las actividades digitales, lo cual genera confusión jurídica e inseguridad fiscal para las empresas», sostienen. Impaciente por la falta de voluntad política de unos y por las dudas de otros, Francia ya tomó la delantera al aprobar la «tasa Youtube», un impuesto del 2 % sobre la facturación que obtienen las compañías digitales por los anuncios que se visualizan en las plataformas de reproducción y difusión audiovisual.

París también abrió el camino para sancionar duramente el desvío de ganancias a otras haciendas europeas (hasta un 38 %, de acuerdo con los cálculos que manejan). Además, a partir del 2019 estas compañías deberán notificar de forma automática y detallada todos los ingresos que han obtenido. La determinación gala ha empujado a otros países fuera de la UE a seguir sus pasos. Australia ha mostrado su voluntad de orquestar para el mes de julio una acción coordinada con la UE para vencer las resistencias de las multinacionales digitales. India ya dispone de su propia tasa para este tipo de empresas. Lejos de arrepentirse, las autoridades indias sopesan extender el alcance del impuesto a más servicios y transferencias digitales.

Alemania, por el contrario, ha ido recogiendo cuerda. Berlín se postuló como uno de los grandes adalides de la cruzada contra la impunidad fiscal de las digitales, pero algo sucedió en los últimos meses que le ha hecho cambiar de parecer y abandonar a sus aliados. Aunque la bautizada como «tasa Google» afectaría mayoritariamente a empresas estadounidenses, el Gobierno alemán teme que el tributo pueda afectar a la innovación y al desarrollo de nuevas tecnologías propias. La canciller alemana, Angela Merkel, tampoco quiere despertar la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien amenazó en numerosas ocasiones con pasar por la guillotina a la industria alemana del automóvil, motor de las exportaciones del país germano, si sus socios europeos adoptaban medidas comercialmente «injustas». Berlín quiere evitar a toda costa una guerra comercial con Washington, pero sus vecinos de la UE no pueden esperar más porque el agravio comparativo con la carga fiscal que soportan las empresas locales genera un creciente malestar.

España, desesperada

Uno de los países que han manifestado mayor impaciencia por implantar la tasa es España. Sus limitados esfuerzos en la lucha contra la evasión, fraude y elusión fiscal junto a las trampas tributarias de las multinacionales digitales han esquilmando su hucha pública. Con el horizonte electoral que se presenta, complicado para el partido en el Gobierno, y con los jubilados en pie de guerra, Economía y Hacienda apuestan por seguir adelante con la «tasa Google» para poder financiar la subida de las pensiones de inmediato.

La medida que pretenden impulsar Escolano y Montoro supone un coste de unos 3.300 millones de euros (1.500 en el 2018 y 1.800 en el 2019). Pero las cuentas no salen. Las estimaciones más optimistas apuntan a una recaudación anual de unos 500 o 600 millones de euros con el impuesto digital. Bruselas insiste en que las cuentas de la lechera no son serias y no pueden garantizar a largo plazo la sostenibilidad del sistema de pensiones. «Un enfoque coordinado es lo único que puede garantizar que la economía digital sea gravada de manera equitativa», sostienen desde marzo.

Francia ha sido el Estado pionero en esta carrera al impulsar un tributo del 2 % para las firmas digitales

El Gobierno español quiere recaudar 1.800 millones por la tasa, pero los expertos rebajan la cifra a 500 millones

Bruselas quiere coordinar las distintas propuestas de los estados miembros hasta crear una tributación común.

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