Los derechos de los ciudadanos estarán más protegidos debido a que las empresas tendrán que llevar un control más exahustivo de la información que manejan
25 may 2018 . Actualizado a las 05:00 h.Los correos electrónicos de los españoles se han llenado en las últimas semanas de peticiones de empresas para actualizar sus datos. El motivo, el nuevo Reglamento Europeo de Protección de Datos (RGPD) que empieza a aplicarse desde este viernes 25 de mayo de forma obligatoria en la Unión Europea. La ley provocará que los ciudadanos tengan más protegidos sus derechos, ya que obliga a las administraciones, empresas y autónomos a llevar un control más exhaustivo de la información de sus clientes y proveedores. Los empresarios y autónomos asturianos coinciden en señalar que los cambios no son tan complicados y que no supondrán «un cambio radical».
Principales novedades para la ciudadanía
Consentimiento. Las empresas están obligadas a tener el consentimiento expreso de sus clientes para poder almacenar sus datos. Este es el motivo por el que en los últimos días ha crecido el número de emails pidiendo el consentimiento. Esto debe realizarse con una petición para que se marque una casilla o se firme un formulario que no esté activado por defecto ni premarcado. Además, los padres deberán dar su consentimiento cuando se trate de un menor de 14 años.
Derecho al olvido. Los buscadores ya estaban obligados a eliminar la información cuando el usuario lo solicitaba, pero ahora ese derecho a suprimir información se extiende al resto de servicios de internet y empresas.
Acceso a la información. El usuario tiene derecho a acceder a su fichero de datos en formato digital. En ese archivo debe reflejarse toda la información que la empresa tenga sobre la persona.
Sanciones multimillonarias. La sanciones para las empresas que no cumplan varían en función del incumplimiento. El reglamento contempla multas que pueden suponer hasta el 4% de la facturación anual para el caso de las infracciones más graves.
El delegado de protección de datos. En los casos en los que el volumen de datos recopilados sea a gran escala o implique información sensible, las empresas y administraciones deberán crear la figura del delegado de protección de datos. Su trabajo será el de mediador con la agencia nacional y a él es a quien se podrán dirigirse los usuarios para solicitar información sobre sus datos.
Cómo afecta a las empresas
Los ciudadanos verán sus derechos más protegidos debido a que las empresas deberán tener mayor control de los datos que manejan. Ignacio García, responsable de los servicios jurídicos de la patronal FADE, considera que «no supone un cambio tan radical como parece por el aluvión de correos que estamos recibiendo». García explica que las empresas que de forma habitual hayan llevado «una correcta ordenación de sus datos con arreglo a la anterior normativa, solo tienen que adaptar alguna cosa».
En su opinión, una de la principales novedades es que son las propias empresas las que deben hacer «una evaluación de sus riesgos bajo el prisma de la nueva ley, teniendo en cuenta que ahora los usuarios tienen algún derecho más. Ahora es importante dejar evidencias en el Registro de Protección de Datos de que hacemos una buena protección y que tenemos autorización para utilizar esos datos». García también se refiere a la figura del delegado de protección de datos, un puesto que, apunta, ahora solo tienen que cubrir las administraciones y grandes «tratadores de datos», pero que cuando se desarrolle el reglamento en España, previsiblemente, afectará a más empresas
El responsable de Fade considera que, en líneas generales, las empresas asturianas están preparadas para la nueva ley. «Yo creo que en aspectos esenciales llegan, otra cosa es que en aspectos mas formales o externos haya más problemas. Lo fundamental es el tratamiento de los datos, que sea en base a datos captados de forma legal, y que el tratamiento sea proporcional a los fines a los que se dedican», explica García. «El problema no es el día 25, es el tratamiento a partir de esa fecha», añade.
Las empresas que sí deben tomar más medidas son las que tratan datos especialmente sensibles, como los que tienen que ver con la salud, la orientación sexual o la afiliación política y sindical. «Con esos datos que pueden comprometer la intimidad de las personas si son conocidos por terceros hay que llevar un registro más minucioso y ser más rigurosos».
Cómo afecta a los autónomos
Patricia Oreña, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Asturias (ATA), señala que los cambios «son más sencillos de lo que parece». Oreña deja claro que depende del tipo de servicio que preste el autónomo y del volumen de datos del que disponga, pero que, en la práctica, para la mayoría de los profesionales el principal cambio es que deben darse de alta en el Registro de Protección de Datos. Una vez inscrito, cada profesional debe cumplir unas variables específicas, con condiciones más estrictas para los que dispongan de datos más sensibles.
Los autónomos también deberán estar registrados en el programa Cl@ve, que es el que usan los trabajadores por cuenta propia para relacionarse con la administración. Oreña sostiene que el cambio en la ley de datos no será tan «problemático» como el se producirá en noviembre, cuando los autónomos estén obligados a realizar todos los trámites con las administraciones de forma telemática.