El gobernador del BdE, Luis María Linde, alerta sobre el impacto demográfico y demanda reformas estructurales en la economía
16 abr 2018 . Actualizado a las 17:49 h.«Falta de competitividad» e «ineficiencias significativas» en el mercado de trabajo. El gobernador del Banco de España, Luis María Linde, justifica así la necesidad de acometer reformas económicas ante el bajo crecimiento de la productividad en la economía española.
Durante su comparecencia en la Comisión de Presupuestos del Congreso para informar sobre el proyecto para 2018, el gobernador ha afirmado que son necesarias reformas en estos ámbitos, ya que hay todavía riesgos y elementos de vulnerabilidad en la economía española. «La necesidad de reformas parece más apremiante en una economía que presenta bajo crecimiento de la productividad, falta de competitividad en algunos sectores, y todavía, ineficiencias significativas en el mercado laboral», ha agregado.
Linde, no obstante, ha estimado que la economía española seguirá creciendo en los próximos meses y que, de acuerdo con las proyecciones de Banco de España, la fase de aumento del PIB iniciada a finales de 2013 se prolongaría durante los próximos años. Ha reiterado que, para el conjunto de 2018, el organismo que dirige sitúa el crecimiento del PIB en el 2,7 %.
El gobernador del Banco de España ha instado a avanzar en la racionalización y eficiencia del gasto público, al tiempo que considera necesario revisar la «cesta de impuestos» actual con el objetivo de que sea suficiente para financiar de forma sostenible el gasto.
La consolidación fiscal es, junto a la realización de reformas, una vía para «apuntalar la confianza» de los agentes económicos en la economía española, lo que contribuirá a corregir los desequilibrios que todavía persisten, como el alto endeudamiento o los elevados niveles de paro.
Linde también ha insistido en el impacto del envejecimiento de la población sobre el gasto público en el medio y largo plazo «un reto de primer orden para la sostenibilidad de las finanzas públicas». Ha señalado que si se cumplen las estimaciones más recientes sobre el impacto del envejecimiento, el gasto público en pensiones, sanidad y cuidados de larga duración se incrementaría entre 1,5 y 2 puntos porcentuales del PIB anuales durante las próximas tres décadas, alcanzando su máximo superior al 21 % del PIB en torno al 2050.