Montoro rescata una deducción fiscal a los jubilados tras las últimas protestas

Cinco días después de que los pensionistas tomaran las calles de las principales ciudades del país para protestar por la exigua revalorización de sus prestaciones y exigieran al Gobierno pensiones dignas, el ministro de Hacienda anunció ayer que el Ejecutivo pretende incluir en los próximos Presupuestos Generales del Estado una rebaja fiscal en el IRPF para los contribuyentes de mayor edad.

Cristóbal Montoro hizo el anuncio a los medios aprovechando su participación en una jornada sobre los compromisos sociales de la nueva Ley de Contratos del Sector Público, organizada por la ONCE, pero no concretó mucho más, salvo que se tratará de una deducción en la cuota del IRPF por edad, «porque las personas, al llegar a una edad muy avanzada», tienen unos «costes inherentes de discapacidad mayores».

Apuntó que este premio fiscal se sumaría a las rebajas que el impuesto sobre la renta ya incluye para personas con discapacidad o para aquellas que las tienen a su cargo. El ministro indicó también que, además de introducir esta «deducción de la cuota por edad» en las cuentas públicas, que pretende presentar antes de Semana Santa, lo hará también en la ley del IRPF.

Pese a su coincidencia en el tiempo con las manifestaciones de los pensionistas, esta «prima fiscal» no es nueva, aunque el Gobierno la desempolve ahora. Montoro ya se había referido a ella en noviembre, cuando explicó que formaba parte de los compromisos alcanzados por el Ejecutivo con Ciudadanos para que estos respaldaran los Presupuestos para el 2018, que el conflicto independentista catalán obligó a posponer, al no lograr el Gobierno los apoyos suficientes para sacarlos adelante.

Con la formación de Albert Rivera se acordó la rebaja del IRPF para salarios brutos inferiores a 18.000 euros anuales y el incremento de las deducciones por guardería para hijos menores de 3 años y por maternidad (hasta 1.000 euros anuales), así como por familia numerosa (600 euros por hijo) y para familias con dependientes y mayores de 75 años a cargo (hasta 1.200 euros).

Así, el anuncio de Montoro puede entenderse como un caramelo fiscal -aunque esté por ver su alcance- a los pensionistas, de cara a unas elecciones cada vez más próximas, pero también como otro intento de presionar para aprobar los Presupuestos.

Galicia: el 70 % exentos del IRPF

Las primeras críticas a la eficacia real de esta medida para los jubilados las hizo el colectivo de técnicos de Hacienda. En un comunicado, desde Gestha destacaron que más del 63 % de los jubilados españoles -en el caso de Galicia la cifra rebasa el 70 %- están exentos del pago del IRPF, por cobrar pensiones inferiores a los 12.000 euros anuales. Por ello, consideran limitado el alcance de la medida, «todavía en el aire y sin concretar, que beneficiaría a un tercio de los pensionistas con mayores ingresos».

Hasta el momento, lo incuestionable es la pérdida de poder adquisitivo que ha sufrido el colectivo ante una inflación que, en febrero, ha subido un 1,1 %, frente al 0,25 % que se han revalorizado las pensiones.

UGT recurre ante la Audiencia Nacional el decreto que fijó la subida en el 0,25 %

UGT ha recurrido ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional el decreto por el que el Gobierno aprobó la revalorización de las pensiones para este ejercicio, de nuevo con una subida mínima del 0,25 %. En rueda de prensa, la secretaria de Políticas Sociales, Empleo y Seguridad Social, Mari Carmen Barrera, explicó ayer que el sindicato ha impugnado el decreto, dentro del plazo de dos meses que marca la ley, porque considera que «se extralimita claramente» y que vulnera la ley «por hurtar al Parlamento su capacidad legislativa», ya que la revalorización debía ser aprobada por decreto ley y someter este al trámite parlamentario de convalidación.

«El Ejecutivo parece tener miedo al control parlamentario en una materia, la subida de las pensiones, en la que se sabe en minoría, pues la mayoría parlamentaria rechaza la subida del 0,25 %», sostiene el sindicato, que reclama la nulidad jurídica del decreto recurrido. La organización considera que «la nulidad jurídica de la subida obligará al Gobierno a elaborar un decreto ley que deberá convalidar en el Parlamento, pues el Ejecutivo no tiene la mayoría, y esto será para UGT una ocasión de que se corrija la tremenda discriminación que supone que las pensiones suban al 0,25 % cuando el Gobierno presume del crecimiento del PIB al 3 % por cuarto año consecutivo».

Prosiguen las movilizaciones

El sindicato, que ha mostrado su apoyo a cuantas iniciativas políticas -como la del PSOE- se presenten para corregir la pérdida de poder adquisitivo que acumulan los pensionistas, también ha hecho un llamamiento a las movilizaciones convocadas para defender unas prestaciones dignas. Las próximas serán mañana, 1 de marzo, y el día 15.

Los pensionistas toman la calle en Galicia

Cientos de pensionistas salieron ayer de nuevo a la calle en las ciudades gallegas para protestar por la pírrica subida de sus prestaciones, lo que, unido al incremento de la inflación, les ha hecho perder poder adquisitivo. En las protestas, convocadas por el sindicato CIG, se recordó que la situación es mucho más dura en Galicia, donde se cobran las pensiones más bajas de España. 

La oposición fuerza a Rajoy a someterse a un pleno exclusivo sobre pensiones

Otra de las consecuencias inmediatas de que los jubilados hayan sacado a la calle su malestar es que los grupos políticos de la oposición han acordado forzar la comparecencia del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, y de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, en un pleno monográfico sobre pensiones en el Congreso.

Unidos Podemos y Compromís registraron ayer su iniciativa, aunque no irá a la junta de portavoces de la Cámara Baja hasta la semana próxima, por lo que la comparecencia de Rajoy no se produciría, como pronto, hasta la segunda semana de marzo. Lo que es seguro es que tendrá lugar, ya que la propuesta de la formación morada para que el presidente explique su plan para garantizar la sostenibilidad del sistema público de pensiones contará con el apoyo del PSOE y de Ciudadanos.

El mantenimiento de unas prestaciones públicas dignas en España se ha situado en el centro del debate político y social en los últimos días, especialmente tras las manifestaciones de miles de jubilados el pasado jueves. Así, mientras que la oposición ha endurecido su discurso sobre la necesidad de revalorizar adecuadamente las pensiones, el PP y el Ejecutivo se han parapetado tras el argumento de que no se debe hacer política con un tema tan delicado.

Ayer, tanto los socialistas como Unidos Podemos, y también el PDECat, presentaron iniciativas al respecto, exigiendo la suspensión del actual índice de revalorización, desvinculado del IPC desde la reforma del 2013. El PSOE reclama que suban las prestaciones este año un 1,6 %, mientras que la formación catalana plantea que se financie este año las pensiones con impuestos.

Desde las filas de Ciudadanos también han manifestado que apoyarán la petición de que Rajoy y Báñez comparezcan en el Congreso, aunque pidieron al resto de los grupos que no instrumentalicen las pensiones para lograr réditos políticos, idéntica reclamación que la de los populares.

Báñez apela al Pacto de Toledo

Por su parte, la ministra de Empleo volvió a despejar la patata caliente hacia el Pacto de Toledo, reclamando ayer a los grupos parlamentarios «responsabilidad» para alcanzar un acuerdo en la citada comisión -paralizada desde hace más de un año- que permita que «cada día haya más y mejores pensiones».

Desde Lucena (Córdoba), Báñez garantizó que «habrá mejores pensiones», porque se siguen creando «más y mejores puestos de trabajo», que es la mejor forma de resolver el déficit temporal que afronta el sistema de la Seguridad Social, debido a la «masiva destrucción de empleo» durante los años de la crisis.

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