Educación desmiente a la ministra de Sanidad, que dijo que los padrespodrán elegir la lengua vehicular en la preinscripción, y Casado dice que llevarán el tema al Parlamento
20 feb 2018 . Actualizado a las 07:04 h.Lejos de encontrar una salida, cada día que pasa se genera más ruido alrededor del ya de por sí espinoso asunto del papel del castellano en el sistema educativo en Cataluña. Hay tanta confusión al respecto que hasta los propios integrantes del Gobierno cruzan mensajes contradictorios. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, sorprendió este lunes al anunciar que se incluiría una casilla en los formularios de preinscripción de los colegios para que los padres puedan escoger la lengua vehicular en la educación de sus hijos. «Va a existir [la casilla]», garantizó a la prensa antes de participar en un acto oficial en Badalona. Esta afirmación causó un gran revuelo, al tratarse de la primera vez que alguien del Ejecutivo confirmaba la inclusión de la dichosa casilla. Aun a pesar de que se trata de la única catalana que forma parte del gabinete y que, por tocarle tan de lleno el tema, siempre ha estado muy bien informada de todo lo que concierne al desafío independentista, la claridad de sus palabras generó gran asombro, especialmente tras los regates dialécticos que tuvo que efectuar el pasado viernes el portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, para no confirmarlo ni desmentirlo durante la rueda de prensa celebrada tras el Consejo de Ministros.
Apenas un par de horas después de que Montserrat realizase este anuncio, un portavoz autorizado desde el departamento de Educación desmintió a la titular de Sanidad: «Ha tenido una confusión», dijo, garantizando que aún trabajaban para dar con la fórmula más adecuada que les permita impulsar el castellano.
Hermetismo en Moncloa
Estos mensajes cruzados entre gabinetes no hubiesen tenido mayor importancia si en el Gobierno no existiese tanto secretismo alrededor de esta postura, porque ni en la Moncloa ni en Génova se atreven a avanzar nada más allá de que «garantizan» que durante el próximo curso los padres podrán elegir el castellano dentro del proceso de inscripción en las escuelas públicas, un extremo confirmado este mismo lunes por el propio presidente del Gobierno en el comité de dirección que se celebra todos los lunes. El objetivo es garantizar que se cumpla una resolución del Tribunal Constitucional que determina que al menos una cuarta parte de las materias troncales deben ser impartidas en castellano. Dicen que sí, pero no aclaran el cómo.
Además de esta vía del Ejecutivo, el PP explora otras dos sendas para lograrlo, según avanzó este lunes su vicesecretario de comunicación, Pablo Casado. En primer lugar, instó a la oposición a que deje de paralizar la Lomce, una ley educativa que ofrecería dichas garantías, pero también anunció que presentarán una iniciativa en el Parlamento catalán. Son plenamente conscientes de que los números no acompañan, pero obligarán a otras formaciones a pronunciarse.
La lengua se ha convertido en la última gran polémica que ha salpicado a todos. El asunto entró de lleno el sábado en el comité federal del PSOE, empañando el día grande de Pedro Sánchez. Varios de los barones mostraron una opinión favorable a la intervención del Gobierno, mientras los dirigentes de otros territorios, como el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, exigieron que se respete el modelo educativo al completo.
La Cámara catalana se plantea este martes varias vías para la investidura
C.R . / colpisa
Las fuerzas secesionistas se proponen pisar el acelerador de la negociación para acortar los plazos de la investidura del presidente de la Generalitat. A día de hoy, y aunque Esquerra y el PDECat le han pedido que dé un paso a un lado, el candidato a la reelección sigue siendo Carles Puigdemont. El expresidente catalán no tiene previsto regresar a España, por lo que la única opción es que sea investido a distancia. Para ello necesita un cambio normativo. En esta línea, la Mesa de la Cámara catalana abordará hoy la admisión o no a trámite de la reforma de la Ley de la Presidencia de la Generalitat. La intención de Junts per Catalunya, impulsora de la modificación, es introducir en la norma la posibilidad de que la investidura pueda ser no presencial. Esquerra, no obstante, es reacia a la reforma, a la que se opuso el Tribunal Constitucional. Fuentes parlamentarias apuntaron este lunes que Roger Torrent podría optar en la reunión de hoy por solicitar un informe a los letrados de la Cámara para que dictaminen si la tramitación de la ley va en contra de las medidas cautelares decretadas por el Constitucional.
Tras la reunión de la Mesa, tendrá lugar la de la junta de portavoces, que abordará la propuesta de C’s de celebrar un pleno para tratar de desbloquear el reloj de la legislatura. La iniciativa cuenta con el apoyo del PSC y el PP e incluso con la de los grupos independentistas, que podrían aprovechar la celebración de ese pleno para debatir y votar una propuesta de resolución que legitime a Puigdemont como presidente.