La vía civil contra el Banco Popular impulsa el caso y cita a los gestores del banco
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La magistrada se opone al recurso de la entidad, que consideraba «inútiles e impertinentes» las declaraciones. Rodrigo Echenique y Emilio Saracho comparecerán el próximo 19 de abril
10 feb 2018 . Actualizado a las 11:49 h.Los juzgados españoles que asumieron la competencia en las demandas de los accionistas del Popular por pérdida de inversión apuran las diligencias previas a la celebración de las primeras vistas orales, en las que comparecerán tanto los antiguos como los actuales gestores de la entidad.
El juzgado de Primera Instancia número 13 de Barcelona cita, en un auto al que ha tenido acceso Efe, el próximo 19 de abril al presidente de Santander España y actualmente del Popular, Rodrigo Echenique, en calidad de representante, fecha en la que testificará quien estuviera al frente del banco en el momento de la resolución, Emilio Saracho.
La magistrada se opone así al recurso de la entidad, que consideraba «inútiles e impertinentes» las declaraciones en tanto que «no formaban parte del Consejo» que aprobó la ampliación de capital de mayo del 2016, todavía con Ángel Ron como presidente, en la que se suscribieron títulos por valor de 2.500 millones de euros. Con todo, el Popular solicitaba que, de estimar las citaciones, Echenique compareciera en calidad de parte, petición que ahora atiende la juez.
Esta misma semana otro juzgado de la ciudad condal acordaba la testifical de Saracho en la vista del próximo 22 de mayo por la demanda de un inversor particular, representado por el abogado Felipe Izquierdo, que perdió 28.000 euros a consecuencia de la resolución. Un juicio para el que la entidad deberá aportar el acta del Consejo celebrado el 6 de junio del 2017, un día antes de que la Junta de Resolución (JUR) europea acordara la operación que supuso la reducción a cero de las acciones y de la deuda subordinada.
Tras meses sin avances significativos, las novedades parecen cernirse sobre los distintos frentes abiertos contra el Popular coincidiendo con la publicación parcial del informe de Deloitte, empleado por el organismo comunitario para valorar alternativas de futuro respecto del que llegara a ser sexto banco español.
A tenor de la versión desvelada, para el que -expone la consultora- no se tuvo acceso a «cierta información crítica», la entidad contaba antes de la resolución con un agujero de entre 11.800 millones en el mejor escenario y 20.600 millones en el peor. Datos insuficientes para los inversores, que reprochan la escasa transparencia sobre la retirada de depósitos a una JUR que apenas dos días antes de dar luz verde a la operación consideraba que el Popular era solvente.
Contra ello se manifiestan desde el despacho de abogados B. Cremades y Asociados, que registrará sus alegaciones en los próximos días ante el Panel de Expertos del organismo. En este sincretismo insisten fuentes próximas al grupo de los grandes fondos, que perdieron 850 millones y entre los que se encuentran Pimco y Anchorage Capital, los cuales se quejan de la imposibilidad de acceder a detalles sobre los problemas de liquidez que motivaron la venta al Santander por un euro.
Según el bufete Quinn Emanuel, encargado de sus reclamaciones, la JUR invitó a los potenciales compradores a ofrecer prácticamente «nada», lo que indicaría que ya había optado por aplicar pérdidas a bonistas y accionistas. Vía europea al margen, estos fondos ya han comunicado a la Audiencia Nacional su voluntad de personarse en la causa que instruye el juez Fernando Andreu contra los expresidentes del Popular, su consejo de administración y la auditora PwC por presunta falsedad contable, administración desleal, apropiación indebida y delito contra el mercado y los consumidores.
Dada la complejidad de la causa, el magistrado la dividió en dos piezas, una sobre la posible manipulación del mercado con la publicación de datos supuestamente falsos para hacer caer el valor de las acciones y obtener beneficios. Pero también por las presuntas irregularidades en la ampliación del 2016, investigación en la que recientemente ha ordenado el embargo de 2,9 millones de euros correspondientes al plan de pensiones de Ron.
Una medida encaminada a asegurar eventuales responsabilidades civiles, adoptada después de que Allianz comunicara al juez la solicitud de cobro del expresidente ante la posibilidad de que el pago de la póliza pudiera constituir «una retribución (...) llegado el caso, considerada ilícita», y que amenaza con abrir una batalla legal en paralelo entre Ron y la aseguradora.
A pesar de los últimos acontecimientos, demandantes y denunciantes prevén un «largo proceso» tanto en España, donde la continua adhesión de afectados a la causa penal está demorando la citación de los investigados, como en Europa, en cuyos tribunales parece dirimirse la cuestión más inmediata: ¿adoptó la JUR la decisión menos perjudicial para los inversores del Popular?.