La CNMV y el Banco de España advierten: la inversión en criptomonedas no está protegida
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Apuntan que son ilíquidas, poco transparentes y «altamente especulativas»
08 feb 2018 . Actualizado a las 12:32 h.La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y el Banco de España han emitido un comunicado conjunto en el que advierten de que las inversiones en criptomonedas y en «initial coin offerings» (ICO) no están protegidas en España y muestran patrones de «burbujas especulativas».
«Hasta la fecha, ninguna emisión de criptomoneda ni ninguna ICO ha sido registrada, autorizada o verificada por ningún organismo supervisor en España», señalan ambos organismos en el comunicado, lo que implica que la compra o tenencia de estos productos no puede beneficiarse «de ninguna de las garantías o protecciones previstas en la normativa relativa a productos bancarios o de inversión».
«Su precio ha experimentado fuertes revalorizaciones que reflejan patrones propios de burbujas especulativas»
Ambos supervisores explican que el precio de estos activos y, concretamente, el del bitcoin, ha experimentado «fuertes revalorizaciones que reflejan patrones propios de burbujas especulativas, acompañadas de variaciones extremas en sus precios».
La CNMV y el Banco de España recuerdan que las criptomonedas y los actores implicados en su comercialización directa no están regulados en la Unión Europea, así como que los tokens emitidos en una ICO o los productos financieros referenciados a criptomonedas «podrían no estar sujetos a regulación».
Así, los compradores o inversores en estos productos son «especialmente vulnerables al fraude, a la manipulación de precios o a otras actividades ilícitas». De hecho, en algunos países se han detectado estafas y esquemas piramidales relacionados con la colocación de ICO, según apunta el comunicado.
Por otra parte, advierten de que en muchas ocasiones los emisores, custodios o comercializadores de criptomonedas no están localizados en España, por lo que la resolución de posibles conflictos en relación con ellos «podría quedar fuera del ámbito competencial de las autoridades españolas y estarís sujeto al marco normativo del país en cuestión».
La CNMV y el Banco de España señalan que las criptomonedas carecen de valor intrínseco, por lo que son «inversiones altamente especulativas», al tiempo que están expuestas a fallos operativos y amenazas cibernéticas que pueden llevar a la indisponibilidad temporal o la pérdida de la inversión, dada su fuerte dependencia de tecnologías «poco consolidadas».
Además, advierten de que la mayoría de ICO están asociadas a proyectos empresariales en etapas tempranas, por lo que pueden tener una «alta probabilidad» de fracaso.
Asimismo, señalan que estos valores, al no disponer de un mercado organizado, pueden ser difíciles de convertir en efectivo convencional. «Sus propietarios pueden no disponer de opciones en el momento deseado para convertir en moneda convencional sus criptomonedas o recuperar su inversión. Y cuando existe la posibilidad de vender estos activos, puede haber falta de transparencia en relación con las comisiones aplicables y, además, su precio suele sufrir fuertes oscilaciones sin causa objetiva aparente», señalan.
En el caso de las ICO, ambos supervisores advierten de que la información que se pone a disposición de los inversores suele no estar auditada y es incompleta, dado que enfatiza «los beneficios potenciales, minimizando las referencias a los riesgos».
La CNMV ha identificado cinco vías de comercialización de criptomonedas: contratos por diferencias, participaciones en fondos de inversión, bonos estructurados, compra de futuros y opciones y comercialización directa. En cuanto a los ICO -captación de dinero de inversores a cambio de ofrecerles monedas virtuales o tokens (vales) que se registran con arreglo a la tecnología blockchain y que, para su adquisición, se requieren pagos con monedas virtuales- se han identificado los security token (derechos parecidos a los que normalmente están incorporados a los valores tradicionales) y los utility token (vales que dan derecho a recibir servicios o garantías de una determinada empresa).