Sito Miñanco, acusado de importar 3.600 kilos de coca y liderar una red de blanqueo
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Una treintena de detenciones en cinco provincias y 47 registros, balance provisional de la operación
27 oct 2019 . Actualizado a las 14:58 h.La macrooperación que simultáneamente se desarrolló ayer en las Rías Baixas, Madrid y Andalucía se venía fraguando desde hace dos años. Fue en el 2016 cuando la Policía Nacional trasladó a la Audiencia Nacional sus sospechas de que José Ramón Prado Bugallo, Sito Miñanco, no estaba llevando un nivel de vida acorde con el de alguien en su situación personal, el de un individuo que disfruta de un régimen de semilibertad desde junio del 2015 en virtud del cual durante el día trabaja en un aparcamiento de Algeciras, mientras pasa las noches en un centro de inserción social (CIS).
Su detención se produjo precisamente cuando este lunes abandonaba el CIS y se dirigía al garaje donde está contratado. Agentes nacionales lo arrestaban como supuesto líder de una organización que, si bien ya no parece disponer de capacidad adquisitiva para adquirir grandes partidas de cocaína, sí puede tener medios y capacidad suficientes para encargarse de su transporte. De hecho, tal y como confirmaron desde la Audiencia Nacional, en este operativo, bautizado como operación Mito, «no se buscaba droga [...], sino descabezar la organización que se encargaba de los traslados» de los alijos.
De hecho, los investigadores consideran que esta organización está detrás de los 3.600 kilos de cocaína colombiana que fueron interceptados a principios del pasado octubre a bordo del remolcador Thoran. El abordaje de esta embarcación se produjo cuando se encontraba a 540 millas de las islas Canarias, lo que, entre otras cosas, puso de manifiesto que los clanes de la droga siguen decantándose por la ruta atlántica a la hora de introducir la coca en territorio nacional.
La Audiencia Nacional preveía que, junto a Sito Miñanco, fuesen arrestadas más de 40 personas. Entre los detenidos ayer se encuentran uno de sus hombres de confianza, el colombiano Luis Enrique García Arango, el histórico Ramiro Somoza y David Pérez Lago, hijastro de otro de los grandes nombres del narcotráfico gallego, Laureano Oubiña. De hecho, en la casa de la familia de este último en A Laxe (Vilagarcía) se practicaron dos detenciones. Además, la mujer de Miñanco y una de sus hijas son investigadas en relación con el caso.
Mientras se sucedían los arrestos por parte de la Udyco y el Greco, se practicaban 47 registros en domicilios y empresas. Entre ellos, el de la inmobiliaria San Saturnino, en Cambados, vinculada a la hija del narcotraficante cambadés, mientras que en otro, desarrollado en una nave de tiro en el ayuntamiento madrileño de Alpedrete, uno de los investigados recibió a tiros a los GEO, los cuales tuvieron que repeler esta agresión. Uno de los policías resultó herido de bala en un hombro, por lo que fue trasladado para ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital Puerta de Hierro.
Un segundo agente recibió en el chaleco antibalas los impactos de dos proyectiles que le causaron contusiones. Por su parte, el tirador fue alcanzado por cuatro balas en las piernas, confirmaron fuentes próximas a la investigación. En todo caso, ni su vida ni la del agente herido en el hombro corren peligro. En el transcurso de un acto público en presencia del rey en las instalaciones de la Brigada Central de Estupefacientes de la Policía con motivo de su 50.º aniversario, el comisario general de la policía judicial, Eloy Quirós, destacó que el agente herido evoluciona favorablemente. En este mismo acto se da la casualidad de que se entregó un diploma conmemorativo por la operación Nécora, una de las causas en las que Miñanco debía haber sido detenido -lo fue siete meses después- y se premió a la Fundación Galega contra o Narcotráfico.
Además de un delito contra la salud pública, la operación abierta por la Audiencia Nacional investiga otro de blanqueo de capitales. Se cree que se pudo constituir un entramado financiero para ocultar el origen ilícito de determinado patrimonio que se vincula a los sospechosos, de tal modo que se ha buscado golpear la estructura económica de esta organización.
Según informa Bea Costa, desde la delegación de La Voz en Arousa, a primera hora de la mañana, agentes, furgones y perros de la unidad canina se apostaban en varios puntos de Cambados para realizar controles y registros domiciliarios. El más aparatoso tuvo lugar en el astillero de O Facho (Castrelo), un negocio vinculado a Miñanco que al mediodía estaba tomado por la policía, armas en mano, para que nadie se acercara a la entrada.
En el interior de la inmobiliaria San Saturnino los agentes permanecieron más de siete horas, hasta que, pasadas las cuatro de la tarde, salieron cargando varias cajas de cartón y sin, aparentemente, haber practicado ninguna detención. No fue el único registro que se realizó en el centro urbano. A pocos metros de este negocio, en la avenida de A Mariña, había más vehículos policiales y agentes en la puerta de otro edificio de viviendas, y en la monumental plaza de Fefiñáns, un furgón policial permaneció vigilante toda la mañana al pie de la iglesia de San Benito.
El operativo y sus ramificaciones llegaron a los concellos vecinos de Ribadumia y de Vilanova, así como a Vilagarcía, donde se registró un chalé en O Rial.
Una decena de agentes, tanto uniformados como de paisano, inspeccionaron un barco del cerco, El Capricho, amarrado en el muelle de Portosín, informan Antón Parada y Álvaro Sevilla, de la delegación de La Voz en Barbanza. En el registro estuvo presente uno de los armadores, José Ferradás, quien se marchó de lugar sin ir esposado, pero en uno de los coches camuflados de la Policía Nacional.
La huelga en Xustiza amenaza el juicio de Prado Bugallo
El arresto de Sito Miñanco se produce apenas unas semanas antes de que el narco se tenga que sentar en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Pontevedra por un supuesto delito de blanqueo. La vista, fijada para celebrarse entre el 27 de febrero y el 1 de marzo, está amenazada por la huelga indefinida que se ha convocado a partir de este miércoles. De hecho, en el anterior paro, la Audiencia ya tuvo que suspender la vista oral en la que se juzgaba a dos guardias civiles acusados de filtrar información a clanes de la droga. En el caso concreto del juicio por blanqueo, el fiscal solicita seis años de prisión y diez millones de euros de multas para Prado Bugallo, su mujer María Rosa Pouso y su hija Rosa María Prado, así como para su cuñada y un empresario, estos dos últimos como supuestos testaferros.