La Cámara Federal argentina ya ha confirmado el procesamiento de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por presunto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a una mutual judía de Buenos Aires en 1994 con 85 muertos
23 dic 2017 . Actualizado a las 21:03 h.La decisión de la sala II de la Cámara Federal confirma el procesamiento que inició el juez Claudio Bonadio a principios de diciembre, que la señala por montar un plan criminal orquestado junto al excanciller Héctor Timerman para otorgar impunidad a los iraníes buscados por la Interpol por el atentado a la AMIA.
La Sala desestimó la acusación por traición a la patria y la cambió por el delito de encubrimiento. Por esa razón, desde diciembre existe una proceso de desafuero contra Fernández en el Senado, por lo que está siendo revisada por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la cámara alta transandina. Aunque las posibilidades de que se apruebe son casi nulas.
Para que un senador sea desaforado en Argentina, se necesita que 2/3 de la Cámara Alta apruebe la resolución, lo que quiere decir 48 votos. En estos momentos, el Senado argentino se compone de 25 legisladores de Cambiemos -coalición del presidente Mauricio Macri-, 25 del Partido Justicialista -peronistas- y 8 del Frente para la Victoria -escisión del peronismo liderada por la Kirschner-. Además, otras colectividades cuentan 14 senadores.
De esta forma, Cambiemos necesitaría el apoyo de algunos peronistas y el resto de las bancadas menores, algo prácticamente imposible, si además se considera que el Partido Justicialista tendría un pacto de honor para rechazar el desafuero de la expresidente.
La del caso AMIA no es la única cuenta pendiente con la justicia de la exmandataria argentina.Se enfrenta tambien a otros cinco procesos judiciales por corrupción, uno de ellos, por presunta asociación ilícita y fraude en la concesión de obras públicas a dos empresarios de la construcción. Uno de ellos - Lázaro Báez- está imputado como testaferro de la familia desde la presidencia de su esposo Néstor Kirchner (2003-2007).
En otra causa se la investiga por presunto perjuicio al Estado en operaciones cambiarias del Banco Central al final de su gobierno, una operación con dólares a futuro consiste en fijar un precio de la divisa a tres o cuatro meses, como inversión. Si el tipo de cambio baja, el Banco Central gana dinero, pero si se devalúa, la institución pierde.
Cristina Fernández también es investigada por otros temas aunque sin cargos formales. Uno de estos es por la muerte del fiscal Alberto Nisman quien en enero de 2015 apareció en el baño de su casa con un impacto de bala en su cabeza. Esto ocurrió apenas unos días después de que hubiese denunciado a la viuda de Kirchner por el supuesto encubrimiento de los acusados iraníes en el atentado contra la AMIA.
Según el diario La Nación, también se van a investigar a los dos hijos de la expresidenta, Máximo y Florencia; así como a otros exfuncionarios de su gobierno por el caso Sauces S.A. En esta causa el juez Claudio Bonadio procesó a Fernández de Kirchner y a sus hijos, al considerar que a través de la inmobiliaria de la que son propietarios cometieron un presunto lavado de dinero. Por ello, se procedió a un embargo de 130 millones de pesos para la exmandataria -6,7 millones de euros-, la misma suma para su hijo y de 100 millones de pesos (5,7 millones de euros- para Florencia.
A los los Kirchner les llegó también la ola de corrupción que afecta ya a 15 mandatarios y ex mandatarios en América Latina. Antes se llevó a Ollanta Humala en Perú, que desde julio se encuentra en prisión preventiva acusado de blanqueo de capitales en el marco del caso Odebrecht y ha estado a punto de costyerle el puesto al actual presidente del país.
En Brasil, Dilma Rousseff fue destituida en el 2016 mientras que Lula da Silva fue condenado a más de nueve años de cárcel por corrupción pasiva y blanqueo de dinero. En Panamá, Ricardo Martinelli también se encuentra en prisión preventiva. Los fiscales encargados del caso señalan que el exmandatario desvió 13,4 millones de dólares de fondos públicos destinados a programas sociales para pagar un software que le permitió acceder a la información en los móviles de terceras personas.