El alcalde de Sigena dice que «Cataluña nunca ha querido devolver al dueño lo que no es suyo»

El alcalde de Sigena (Huesca), Ildefonso Salillas, respira tranquilo desde el regreso, hace ya una semana, de los bienes de su monasterio, pero es consciente de haber hecho frente a grandes dificultades desde hace más de veinte años para conseguirlo, porque, como dice, «Cataluña nunca ha querido devolver a su dueño lo que no es suyo».

En una entrevista con Efe, Salillas lamenta la «contaminación política» del litigio debido a la coincidencia de la ejecución de la sentencia que ordenaba la devolución de los bienes con la aplicación del artículo 155 de la Constitución en Cataluña, pero insiste en que la devolución «sólo es un acto de justicia».

«Está claro -subraya- que la justicia tiene sus tiempos, que nosotros no tenemos la culpa ni del procés ni del artículo 155 y que éste es un problema muy enquistado que no se ha querido solucionar durante décadas».

Recuerda que los primeros pasos para la recuperación del patrimonio se dieron en 1995, cuando se ajustaron los límites de las diócesis a los administrativos y territoriales de Cataluña y Aragón y el consistorio se dirigió al entonces obispo de Lérida para reclamar la devolución del patrimonio del cenobio.

Un año después, el también obispo entonces de Barbastro, Ambrosio Echeverría, les comunicó, tras un viaje a Roma, que los bienes habían sido vendidos y que su recuperación no sería posible.

Salillas emprendió entonces una «dura y difícil» lucha para implicar al Gobierno aragonés en la lucha, pero el camino a seguir no quedó claro para él hasta 2012, cuando el Tribunal Constitucional rechazó la petición de Aragón a ejercer el derecho de retracto sobre las piezas, en una sentencia que abría al tiempo la posibilidad de acudir a la vía civil.

Según el responsable municipal, «en esos 14 años anteriores, nadie se brindó a implicarse, tanto es así que en 2005 intentamos, después de estudiar la Ley de Patrimonio, que el Ejecutivo regional nos traspasara las competencias de Cultura para reclamar lo que considerábamos nuestro, pero no lo conseguimos».

Años después, con las piezas ya en el monasterio, el arduo trabajo realizado con el letrado del consistorio, Jorge Español, para recopilar abundantes documentos que cuestionan la legalidad de las ventas de las piezas ha dado sus frutos, aunque con dificultades debido a la «obstinación» de la Generalitat en no cumplir lo ordenado por los jueces.

«Yo estoy muy contento ahora -destaca-, porque veo que en una democracia, un pueblo como el mío puede acudir a los tribunales y demandar a la todopoderosa Generalitat por una cuestión de justicia».

Aún así, los dos años y medio que ha tardado la administración de justicia en ejecutar la sentencia y hacer posible el regreso de los bienes han supuesto «un día a día bastante duro para nosotros, porque el trabajo ya estaba hecho y tocaba esperar».

Insiste en que el litigio, en contra de como se ha presentado en algunos medios nacionales, no es un conflicto entre comunidades autónomas sino «un problema de derecho que se ha llevado a los tribunales para que dictaran sentencia».

Lamenta la «actitud paternalista» que tuvo inicialmente la administración estatal al no querer implicarse en un «conflicto entre autonomías», y asegura ahora tener la sensación de que las continuas desobediencias a las órdenes judiciales eran «un entrenamiento de cara al procés».

Ildefonso Salillas reconoce que durante estos días a veces ha tenido que «apretar los dientes de rabia» al escuchar en debates nacionales que las piezas del patrimonio de su monasterio habían regresado «gracias al 155» o que debía de entenderse que en Cataluña se entendiera la acción judicial como un «expolio».

Aunque admite que la opinión hecha desde Bruselas por el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont al tachar de «expolio» la ejecución de la sentencia «me preocupa poco o nada», sí que considera necesario precisar que el «verdadero expolio» se cometió contra Sigena.

Un expolio, añade, que posibilitó el obispo Malla en 1970 al ordenar a las monjas que habitaban en el monasterio desplazarse hasta la comunidad religiosa de Valdoreig (Barcelona) y llevarse poco después las piezas hasta su palacio episcopal.

Un expolio, insiste, que la Generalitat trató de legitimar con unas supuestas ventas hechas entre 1983 y 1994, cuando los bienes ya se encontraban en Lérida, y que no se llegaron a pagar.

Ahora, Salillas está interesado en conseguir la mayor implicación del Gobierno aragonés en la tarea de completar las obras de restauración pendientes de llevar a cabo en el monasterio para dar a conocer las piezas donde, a su juicio, «cobran todo su significado».

«El futuro del monasterio -añade- tiene que ser un todo, con visitas en las que se explique el pensamiento religioso y el contexto histórico de la época en que fue fundado y que permitan comprender que en monumento no hay nada que esté hecho al azar y que cada rincón tiene su sentido».

Por esta razón, el edil confía en que pronto se ejecute la sentencia que ordena la devolución de una de las joyas del monasterio, las pinturas murales de la Sala Capitular, actualmente uno de los principales atractivos del Museo Nacional de Arte de Cataluña.

En la manga, Salillas, se guarda futuras iniciativas legales para recuperar otras piezas que considera que salieron ilegalmente del monasterio, después de ser declarado en 1923 Monumento Nacional y quedar así blindado frente a la venta de su patrimonio.

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