El excalde de Madrid admite que ni participó ni supo que se adquiría pero si lo hubiese sabido, lo avalaría igual porque estaba amparada por «el mejor fiscalizador de España entonces»
15 dic 2017 . Actualizado a las 20:43 h.El expresidente de la Comunidad de Madrid Alberto Ruiz-Gallardón considera «ética» la compra de la empresa colombiana Inassa por parte del Canal de Isabel II en el 2001 a través de una empresa de Panamá, entonces certificado como paraíso fiscal; y tras lo escuchado hasta ahora ha respaldado esta decisión. En la comisión de investigación sobre corrupción política de la Asamblea de Madrid, Gallardón ha traído toda la documentación proporcionada ahora por la Consejería de Presidencia sobre el acta de la decisión tomada por el Consejo de Gobierno y toda la documentación añadido sobre Inassa en noviembre del 2001.
El también exalcalde de la capital ha admitido que no participó ni supo que se compró Inassa a través de una empresa de Panamá, Aguas de América. Pero tras escuchar en esta comisión en las últimas semanas al exgerente Arturo Canalda y al exconsejero Mayor Oreja, y también a sus consejeros Pedro Calvo y Juan Bravo, ha asegurado que dicha adquisición la hubiese aprobado «exactamente igual», teniendo en cuenta que fue amparada por el bufete de abogados Garrigues, «el mejor fiscalizador de España entonces». «Yo me enteré cuando se aprobó en Consejo de Gobierno. Antes no sabía absolutamente nada y ahora lo sé todo con estas comparecencias. Si hubiera tenido esa información, jurídicamente bien documentada, lo hubiese autorizado igual exactamente», ha reiterado.
Gallardón ha recordado que fue el consejo de administración del Canal el que conocía los detalles y en él había cuatro militantes del PSOE, representantes de los sindicatos y altos cargos del Estado, entre otras personas ajenas a su partido. «No se comunicó al Consejo de Gobierno, porque no había necesidad de hacerlo, cómo se instrumentabilizaba la operación; pero la respaldo. No veo ningún motivo de reproche del Canal», ha dicho.
El expresidente regional ha explicado que se compró en Panamá a través de «una empresa tenedora» de acciones. «¿En qué afecta eso a la Comunidad de Madrid? Si el objeto de la compra el vendedor dice que lo instrumente en Panamá. Y que con un informe de Garrigues que dice que no afecta en nada, me parece correcto. Creo que es legal y siendo legal y beneficioso para los madrileños me parece ético», ha apostillado.
En dicho informe el bufete deja abiertas tres posibilidades de compra. Una sería la compra directa, otra la indirecta con tenedora de esas acciones sin disolución y la tercera con la compra indirecta con disolución inmediata que, según ha señalado, no tiene diferencia de la compra directa. «La opción era comprar o no comprar... no comprar en Colombia o Panamá», ha dicho.
Gallardón ha aseverado que no hubo diferencias entre el acuerdo llevado al consejo de Administración del Canal y el del consejo de Gobierno, aunque entiende que Canal debería tener una «información extensísima» sobre el asunto. «El extracto de la parte resolutiva del acuerdo del Canal Isabel II no se habla de la empresa panameña porque en ese momento estábamos concurriendo con adquirientes italianos, estadounidenses e italianos. Las tres posibilidades estaban abiertas entonces», ha apuntado.
El también exministro de Justicia ha defendido la creación de la filial Canal Gestión para la expansión americana porque «la única forma de hacer la operación con un socio privado (Tecvasa) es hacer una sociedad mercantil». También ha señalado que dicha expansión es legal, ya que en 1995, cuando optaron a la concesión del agua en Cáceres, un juez aprobó que el Canal podía competir fuera de Madrid.
A preguntas de la oposición, Gallardón ha explicado que la pretensión de expansión internacional del Canal empezó en los años 90 pero que se paralizó en su primer Gobierno porque el entonces consejero regional Antonio Beteta le indicó que había «serios problemas estructurales que requerían dedicar una serie de recursos extraordinarios para situaciones peligrosas» y que por eso se concentraron los esfuerzos en Madrid». Luego se encargó un informe a un auditor que aconsejó la salida internacional, algo solicitado por el Banco Mundial «y con contenido social para arreglar el problema gravísimo de agua en Iberoamérica», ha añadido.
«El dinero público no se vio perjudicado»
Por todo ello, el compareciente ha concluido que con esta operación «el dinero público no se vio perjudicado en absoluto, ni un euro perdió la Comunidad de Madrid». «No se hizo cosa distinta a la que hacen las empresas públicas; esa operación se hizo de acuerdo a la legalidad», ha dicho. Gallardón también ve «imposible» que alguien de su equipo se hubiera podido beneficiar de esta compra. No obstante, ha asumido la «responsabilidad» de todos, ya que él los ha designado. También ve «imposible» que la empresa Tecvasa -el socio minoritario valenciano con el que compraron Inassa_hubiera hecho algo ilegal. «El Canal fue absolutamente decidido a actuar con honestidad», ha aseverado.
Preguntado por la diputada Encarnación Moya de que, según algunas informaciones algunos actores de la venta de Inassa podrían tener algunos vínculos con el narcotráfico, Alberto Ruiz-Gallardón ha asegurado que si eso es cierto «no lo iba a lamentar ni un punto menos que ella».
Por último, el expresidente autonómico ha señalado que aunque «no es grato» acudir a la comisión no ha tenido ningún reparo en hacerlo, al tiempo que ha pedido a los diputados que sigan investigando porque «es la garantía de las personas a las que se ha puesto en duda su honorabilidad para que aclaren esas dudas». «Los hechos son tozudos. Todo lo que he hecho en política se ajusta a la Ley», ha dicho. «No tengo ninguna duda de los de que los ocho años y medio que estuvimos al frente no cometimos la más mínima irregularidad. Tengo la absoluta certeza de ello. Tengo tanta confianza en mis colaboradores que asumo toda la responsabilidad política de todo lo que hizo mi equipo en la Comunidad de Madrid», ha concluido Gallardón tras casi hora y media de comparecencia.