El Gobierno se somete en plena campaña a una de las sesiones de control más cómodas de los últimos meses, en la que el PSOE no aprieta y Podemos no puede apretar
13 dic 2017 . Actualizado a las 10:26 h.El Gobierno se sometió este miércoles a la última sesión de control del año por parte del Congreso. Coincidió en medio de la campaña de las elecciones autonómicas en Cataluña del próximo día 21 de diciembre, pero en realidad fue uno de los más dóciles a los que se enfrentó el Ejecutivo.
A petición de la portavoz socialista Margarita Robles, Rajoy realizó un balance de los 13 meses que lleva al frente del Gobierno, en donde sacó a relucir todos los datos que avalan la mejoría económica española. Después despachó a Pablo Iglesias. El secretario general de Podemos, incómodo en el mano a mano con la crisis catalana por la postura ambigua de su partido a lo largo de todo el desafío secesionista, empleó su turno para denunciar que el Gobierno es el gran responsable de los muchos puntos de la Constitución que no se cumplen, haciendo un repaso por la amnistía fiscal, la corrupción política o los 187 desahucios que se registran al día en España. Pero Rajoy, tras celebrar este repentino «entusiamo» de Iglesias por la Carta Magna, enlazó hábilmente su respuesta con Cataluña, invitando a Podemos a acudir al Tribunal Constitucional para denunciar todas esas cuestiones, como hizo recientemente para presentar un recurso contra el empleo del 155, una acción criticada por los constitucionalistas, al considerar que Iglesias estaba cediendo ante las presiones independentistas y las exigencias de Ada Colau, y que acabó generando una pequeña crisis entre Podemos y los comunes.
La última pregunta al presidente del Gobierno llegó a cargo del portavoz del PDeCAT en el Congreso, Carles Campuzano: «¿Admite el presidente que el futuro de la relaciones de Cataluña con España no se resolverá ni por la represión ni por el 155, sino por el diálogo?».
Rajoy garantizó un «diálogo normal y civilizado» con el nuevo Gobierno autonómico, siempre y cuando se enmarque dentro de la legalidad, y recordó que siempre estuvo dispuesto a negociar con anteriores gobiernos autonómicos, pero que no podía admitir la exigencia de «referendo sí o sí» planteada por los secesionistas.