El juez Bonadío pide detener a Cristina Fernández por «traición a la patria»
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«Es una causa inventada. No hay delito», se defiende la expresidenta argentina
08 dic 2017 . Actualizado a las 09:37 h.El juez federal Claudio Bonadío dictó ayer el procesamiento con prisión preventiva y pidió el suplicatorio de la expresidenta argentina y actual senadora Cristina Fernández por «encubrimiento» y «traición a la patria», provocando un terremoto político de consecuencias imprevisibles. En un extenso y polémico fallo, el magistrado argumenta que «podría entorpecer el accionar judicial» en la causa que investiga la denuncia realizada en su contra por el fiscal Alberto Nisman -cuatro días antes de su muerte en circunstancias aún sin esclarecer- por la firma de un memorándum de entendimiento con Irán que, a criterio del fiscal, permitiría que los autores del atentado a la mutua judía AMIA en 1994 permanecieran impunes. Es el cuarto procesamiento que enfrenta la exmandataria, pero el primero que acerca peligrosamente el escenario de la cárcel a la que hoy es la principal figura de la oposición en el país.
El día comenzó con una cascada de detenciones en el núcleo duro del kirchernismo. A la una y media de la madrugada, la policía arrestó al exsecretario de la presidencia y hombre de confianza de Néstor Kirchner, Carlos Zannini, después al líder piquetero Luis D'Elía, que salió de su casa gritando «este es un caso político. De humillación de la oposición. Libertad a los presos políticos. ¡Basta de dictadura Macrista!». Y finalmente al supuesto contacto con el terrorismo israelí, Alejandro Khalil. Por su estado de salud, al excanciller argentino, Héctor Timerman, le notificaron la detención domiciliaria y el líder social Fernado Esteche se entregó en una comisaría. Bonadío también procesó sin prisión al ex líder de la Agencia de Inteligencia, Oscar Parrilli, y al diputado Andrés cuervo Larroque.
«Si la llevan a Cristina se arma un quilombo bárbaro», advirtió en cuanto supo la noticia la líder de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Se abría entonces la ola de declaraciones que cuestiona una detención sin sentencia firme. Agrupaciones políticas de izquierda convocaron una movilización para el final del día en rechazo a lo que consideran una medida para «atemorizar» y «perseguir» a la oposición. Políticos, analistas y hasta los Curas en la Opción de los Pobres salieron a criticar el fallo del juez.
Macri, señalado
«No hay causa, no hay delito, no hay motivo» aseguró ayer Cristina Fernández en el Congreso. «Es una causa inventada. El juez lo sabe y el presidente también», remarcó diciendo que el memorándum es «un acto de política exterior no judiciable aprobado por el Parlamento argentino». Fernández señaló a Mauricio Macri como «máximo responsable de una organización política y judicial para perseguir a la oposición», y pidió serenidad para responder a «este desvarío judicial». A esta «provocación» que, a su juicio, pretende «callar y disciplinar frente al brutal ajuste económico». Con un tono serio y los ojos encendidos por la emoción, Cristina Fernández agradeció la solidaridad de sus afines y advirtió al presidente de que «la campaña ya terminó».
Esta hiperactividad contrastó con la llamada al silencio del Gobierno. El mandatario Mauricio Macri evitó manifestarse al respecto y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, aseguró que van a «estudiar» la solicitud de suplicatorio con «seriedad» porque se trata de que las instituciones funcionen bien».
El Senado no le quitará el fuero hasta que haya una condena en firme
Mientras los miembros del Senado, de vacaciones de verano, esperaban recibir la solicitud del juez y discutían si se habilitaban sesiones extraordinarias para tratar el suplicatorio, el jefe del bloque peronista, enfrentado públicamente con Cristina Fernández, Miguel Picheto, dejó entrever que no darían los votos necesarios para aprobar la medida. El criterio que rige en la Cámara Alta es esperar a las condenas firmes para quitar los fueros. Fernández está procesada en tres causas más. La del dólar futuro, otra por supuestas irregularidades en la concesión de obras públicas a empresarios afines, y la que investiga si utilizó el alquiler de sus propiedades para justificar ingresos de sobreprecios en la obra pública.