La opinión pública está jugando un gran papel en el juicio a cinco jóvenes de Sevilla por una presunta violación múltiple. Mañana empieza la lectura de conclusiones
26 nov 2017 . Actualizado a las 09:28 h.San Fermín. Pamplona, una ciudad marcada en los últimos años por los abusos a mujeres provocados, presuntamente, por el exceso de alcohol. Un grupo de jóvenes ávidos de emociones, al parecer, más fuertes que las que puede provocar correr delante de un toro en un encierro. Una mujer que acababa de traspasar la frontera de la mayoría de edad. Madrugada del 7de julio. Grabaciones de vídeo... Más allá de que tenga todos los ingredientes de un thriller pscológico, el juicio contra cinco jóvenes sevillanos apodados como La Manada por la presunta violación de una joven durante los Sanfermines del 2016 ha desencadenado un océano de preguntas.
Todas ellas son cuestiones derivadas del conocimiento indirecto de boca de los abogados de la acusación y la defensa sobre unos hechos ocurridos durante la noche del 7 de julio del 2016 que han ido trascendiendo a partir de las declaraciones realizadas durante un juicio que se celebra a puerta cerrada. Con todo, la mayor parte de la sociedad ha aislado a La Manada poniendo en duda la presunción de inocencia. La justicia ha de abstraerse. El público podrá entrar mañana y pasado a la sala para escuchar las conclusiones. El lunes, las de las acusaciones. El martes, las de las defensas. Los espectadores solo podrán llevar papel y lápiz.
¿Por qué el juez desestimó los mensajes que los acusados fueron enviando en su grupo de WhatsApp los días previos a realizar el viaje? o ¿por qué aceptó, en cambio, el informe de un detective encargado por una de las defensas sobre la actividad de la joven en las redes sociales durante los meses posteriores al suceso y que, como un golpe de efecto, una de las defensas retiró en el último momento?
Esas son solo algunas de las muchas cuestiones que se han ido planteando. Porque hay quien dice que los mensajes que recogen los WhatsApp que no fueron admitidos podrían entenderse como un atenuante.
El eco mediático suscitado por un juicio celebrado a puerta cerrada para proteger a la víctima y para garantizar la presunción de inocencia de los cinco acusados que llevan unos dieciséis meses en prisón preventiva ha derivado incluso en el cuestionamiento de la actuación de la Justicia en casos de supuesta agresión sexual. Fueron muchas las protestas que advertían de que parecía que estaban juzgando a la víctima. Tras nueve días de declaraciones en los que las pruebas testificales fueron pespunteándose en días alternos con las periciales, acusación y defensa deberán tejer con delicadeza sus argumentos. Sobre todo después de que durante esta última semana un abogado de la defensa decidiera prescindir del polémico informe encargado a un detective sobre la actividad de la joven en las redes sociales durante los meses posteriores a haber sufrido la presunta agresión. Ahora solo podrá tenerse en cuenta la foto que la joven, supuestamente, subió a una red social y en la que una tercera persona llevaba puesta una camiseta con el lema «Hagas lo que hagas, quítate las bragas» popularizado en un reality show.
O de que uno de los acusados, pese a mantener que el sexo fue consentido, matizara que esta no dio su visto bueno de palabra. O que el jueves la defensa llamara a declarar a la policía municipal que tomó declaración a la víctima. Durante su testimonio ante el juez dijo que no anotó en el informe de la denuncia que la muchacha sabía que la habían grabado, un punto usado por la defensa para apuntar que pudiera ser que la chica solo hubiera pretendido denunciar la grabación del hecho.
Pero ese argumento es, al igual que el haber presentado el informe que luego fue retirado, una rama frágil a la que agarrarse porque parece, por lo que ha trascendido hasta el momento, que los miembros de La Manada pueden estarse moviendo en aguas movedizas. «No me gusta hablar de casos que desconozco, pero por lo que ha trascendido en los medios, la famosa prueba del detective -apunta el letrado Diego Reboredo- puede que más que pretender usarla en la parte penal, la defensa haya querido emplearla en la parte de la responsabilidad civil».
Además de los 22 años más diez meses de cárcel por un delito de robo con intimidación, otro continuado de agresión sexual y un tercero contra la intimidad, el fiscal también había pedido en su momento una indemnización de 100.000 euros para la víctima por el daño moral causado. El juicio aún está en marcha. No acabó.
La pregunta: ¿Protege lo suficiente la justicia a las víctimas de violencia sexual?
Diego Reboredo, abogado
«Entiendo que del todo no. Hay normas como el estatuto de la víctima del 2015, que son un avance, pero no ha dado tiempo a que la Administración lo dote de medios para, por ejemplo, que las víctimas que no tienen abogado, puedan presentar su solicitud para saber cuándo el agresor sale de la cárcel»
José Luis Gutiérrez-Aranguren, abogado
«La Justicia las protege, pero en ocasiones se interpreta como fallo judicial la pena que se impone a los autores de estos delitos. Pero es un problema legislativo, no del judicial que es el que sanciona y establece las penas. Hay resoluciones que son absolutamente extravagantes y llaman la atención de la opinión pública, pero precisamente por ello son la excepción a la regla».
Beatriz Núñez, miembro del colegio de abogados de A Coruña y vocal de la subcomisión de violencia sobre la mujer del CGAE
«Hay que garantizar los derechos de los acusados, por supuesto, pero una víctima de agresión sexual nunca puede sentirse juzgada».
Arancha López Rey, abogada de Vento
«La víctima está protegida, sin duda. Las garantías del proceso penal con los acusados pueden, ocasionalmente, ser una carga para la víctima y poner sobre ella el foco de atención, especialmente, mediática. Dicha carga es parte de la presunción de inocencia del acusado y es un principio imprescindible para que el procedimiento penal sea justo».